En Bolivia, las actividades de juegos de lotería, azar y sorteos se encuentran reguladas y fiscalizadas por la Autoridad de Fiscalización del Juego (AJ), con participación y control social. A partir de 2011, a través de un Decreto Supremo nace la AJ, una institución pública que se somete al Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; y tiene el control a nivel nacional.
Esta institución estatal, como todo lo demás que nace del Estado, limita y perjudica a las empresas; más aún a las pequeñas y medianas que quieren darse a conocer a través de concursos y promociones. Antes, una empresa podía sacar un concurso o promoción, ya fuera en las redes sociales o por cualquier medio, sin la necesidad de hacer los trámites burocráticos característicos del Estado. Ahora, con las regulaciones que impone el Estado, es mucho más difícil hacer un concurso o crear una campaña.
Recientemente viví de cerca la trágica experiencia de tener que esperar la aprobación de la AJ para un pequeño concurso en Facebook. No obstante, luego de tener la aprobación correspondiente y pagar el 10% del valor del premio que vas a regalar, se vive con el constante miedo de que algo, por pequeño que sea, se nos escape y lo hagamos diferente, porque si la AJ se entera, hay una multa de 22.000 bolivianos (un poco más de USD $3.000), monto por el cual una pequeña empresa podría ir a la quiebra o tener pérdidas sustanciales.
Otro gran problema para las empresas es el tiempo del trámite. Sería mucho mejor si conseguir el permiso o los requisitos tardara media hora —y mucho mejor sería no hacer un trámite para pedir permiso—; pero el trámite tarda días, a veces semanas, y en algunos casos también nos perjudica.
[adrotate group=”7″]¿Por qué? Por ejemplo, si soy el dueño de una aerolínea y tengo dos asientos libres para el vuelo que sale en tres días, y decido crear una pequeña promoción o concurso para regalar esos pasajes con el objetivo de tener más clientes y fans en Facebook, no podré hacerlo sin que me multen en el caso de que me encuentren haciendo un concurso “ilegalmente”; o si decido pedir los permisos correspondientes. La respuesta me llegará cuando el avión este partiendo o mucho después. De cualquier modo, termino perdiendo dinero, tiempo y clientes.
Estoy seguro de que si eliminamos a la AJ, las empresas harán muchos más concursos y promociones, porque no tendrán que hace trámites ni gastar dinero en burocracia. Los beneficiados en ese caso seríamos nosotros, los consumidores, quienes tendríamos más oportunidad de obtener beneficios. Al mismo tiempo, las empresas podrían fidelizar a sus clientes y las ventas aumentarían debido a que probablemente el cliente llegue a querer más del mismo producto.
Entonces, ¿por qué es necesario pedir permiso para hacer un concurso? Quien está regalando o promocionando es la empresa, no una tercera persona. Algunos alegan que algunas empresas cometen fraude, o al final hacen algo diferente a lo que dijeron, pero los mismos clientes castigarán a la marca de diversas maneras. Si en la promoción o concurso el cliente tuvo que pagar o dar algo, puede demandar a la empresa por daños y perjuicios.
No necesitamos un organismo estatal que regule nuestro vivir, podemos defendernos nosotros mismos. Una vez más, solo necesitamos libertad.