English Version
Ayer no fue un día cualquiera en Perú. Ayer el presidente Ollanta Humala cesó a una procuradora del Estado, condujo a renunciar a su ministro de Justicia, y ha puesto en riesgo de censura a su primer ministro.
En medio de una crisis política que se ha agravado en el último año del Gobierno, la procuradora de Lavados de Activos Julia Príncipe, quien investigaba con documentación extensa los supuestos actos de corrupción de la primera dama, Nadine Heredia, y su entorno, fue cesada en su cargo que ocupada desde 2009.
Noticias Relacionadas
A través de la resolución suprema N° 192-2015-JUS, firmada por Humala, esposo de la investigada, por el jefe del Gabinete Ministerial y el ministro de Justicia, separa del cargo a la abogada del Estado, a quien se le había iniciado una investigación por sus declaraciones sobre las supuestas agendas de Nadine Heredia. Se recuerda que la ex procuradora había entregado las agendas de la primera dama a la Fiscalía y había iniciado una investigación exhaustiva de sus contenidos, desentrañando supuestos actos de corrupción que involucran directamente a la esposa del presidente.
Mientras tanto, horas después de cesar a la procuradora, el ministro de Justicia, Gustavo Adrianzén, presentaba su renuncia al cargo, tras 6 meses y 18 días de gestión, y a sólo dos días de su inminente interpelación por parte del Congreso de la República.
[adrotate group=»8″]
Este irresponsable cálculo del Gobierno ha desatado el desacuerdo en todas las instancias del Estado, incluidos políticos representativos del oficialismo, y la ciudadanía. A través de un comunicado público, el defensor del pueblo (e), Eduardo Vega Luna, se sumó a las expresiones de apoyo a la destituida procuradora de Lavado de Activos, Julia Príncipe, y reclamó “que el trabajo de todos los procuradores y procuradoras públicas se desarrolle en un contexto que garantice su plena autonomía funcional y, especialmente, su independencia frente al poder político u otros agentes que puedan afectar su adecuado funcionamiento”, dice el texto.
Si bien esta jugada tranquilizó al Gobierno, lanzándole un salvavidas momentáneo a Nadine, parece que no duró mucho tiempo, pues mientras ellos estaban ocupados en deshacerse del problema que representaba la determinación de la investigadora de Príncipe, el Tribunal Constitucional resolvió que la investigación fiscal a Nadine Heredia, por lavado de activos, continúe.
Discusión sobre post