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Desde que el Gobierno de Michelle Bachelet anunciara su proyecto de nueva legislación laboral docente, varios han sido los elementos que han llamado la atención y que han acaparado la discusión pública, siendo el sueldo que recibirán los profesores el primero a relucir y el que más opiniones ha recibido. En aquel aspecto el debate se ha centrado en si es mucho o insuficiente lo ofrecido, si es adecuado o no, siendo pocos quienes han señalado lo impropio de que sea el Estado quien fije el sueldo de los docentes.
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Más que ante un sueldo adecuado para una carrera docente digna, o uno que permita atraer a los mejores profesionales a las aulas, estamos en presencia de un descarado intervencionismo económico. Al Gobierno de Bachelet no le basta con establecer el sueldo que recibirán los profesores que trabajan para el Estado, sino que además pretende establecer por ley el sueldo de la mayoría de los docentes del país, independiente de quién sea su empleador, llegando a controlar las remuneraciones de sobre el 90% del profesorado del país.
El Gobierno chileno, ocupando todos sus recursos, pretende establecer para la educación un precio distinto al que el mercado libremente establecería. Una vez realizado aquello, lógicamente adoptará las medidas que sean necesarias para que se cumpla lo establecido.
Con el Estado controlando la mayoría de los puestos de trabajo en las escuelas, controla además las labores que se realizan
Cuando los Gobiernos fijan los precios, lo hacen con la pueril intención de defender a los demandantes o a los consumidores según sea un precio máximo o uno mínimo. Sin embargo, la intromisión del Estado en el mercado causa efectos absolutamente diferentes a los buenos deseos que los inspiran, efectos que por el contrario, en vez de mejorar las situaciones iniciales, las empeoran. El caso del sueldo de los profesores no es la excepción.
Al fijarse por ley los sueldos de los profesores se sustituye al mercado, haciendo que tanto los profesores, oferentes de un servicio, como las escuelas y las familias, demandantes del mismo, pierdan toda influencia en la determinación del precio. De aquella forma las remuneraciones de los profesores dejan de ser tales y se convierten en un guarismo determinado arrogantemente por el Estado, sin relación alguna con el mercado.
Por otra parte, con el Estado controlando la mayoría de los puestos de trabajo en las escuelas, controla además las labores que se realizan, provocando tres pérdidas de vital importancia en la educación escolar, a saber: a) el conocimiento experto que significa el ejercicio de la profesión abriéndole paso a la burocratización y rigidez estatal; b) el aprendizaje y la regulación que se genera entre pares, ahora a cargo de una serie de burócratas ubicados en alguna lejana oficina; y c) la autonomía y libertad de enseñanza, dando paso a un trabajo alienado, donde los profesores ejecutan un programa académico planificado e ideado por otros.
Son los juicios de valor de los consumidores los que deben determinar los precios de los bienes y servicios. En el caso de la educación, serán las percepciones de las familias respecto al servicio que reciben, las que determinaran el precio de la educación, y por consiguiente, el salario de los profesores. El sueldo decente que piden los profesores en Chile y que el Gobierno pretende determinar se encuentra desprovisto de cualquier sustento dentro de la ciencia económica, respondiendo meramente a un deseo de que las cosas sean distintas a como son.
Si la fijación de los sueldos mediante la ley es una buena medida que favorece que las respectivas industrias intervenidas muestren resultados de calidad, ¿por qué no fijamos todos los precisos del trabajo? O ¿acaso la industria de la educación es de particularidad tal que amerita que sus precios estén fijados por ley?
Al desconocer el accionar del mercado y fijar los sueldos de los profesores, lo que los Gobiernos pretenden es la dirección centralizada de la educación, según un plan único, a fin de servir a objetivos específicos, los cuales se encuentran muy alejados de lo que se podría entender como una educación de calidad. Como anotara Mises: “El partido en el poder controla siempre la instrucción pública y puede, a través de ella, propagar sus propios idearios y criticar a los contrarios”.
Iván Garay Pagliai es Licenciado en Ciencias Políticas y Gubernamentales; fundador y director ejecutivo de Cheque Escolar en Chile. Síguelo en @garay_p.
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