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EnglishLuego de varias semanas de protestas en Ecuador, que se desataron como respuesta a los proyectos de ley de Herencias y Plusvalía, el martes 21 de julio, tras cuatro horas de debate entre legisladores oficialistas y de oposición se aprobó una resolución que condena a los manifestantes por ser “violentos” y tener “fines golpistas”, con 84 votos a favor, 30 en contra y 2 abstenciones.
Además, esta resolución aboga por el diálogo como el medio democrático y pacífico para llegar a acuerdos y resolver diferencias. Sin embargo, la oposición aclaró que el Gobierno solo ha invitado a diálogo a los grupos de su interés y ha deslegitimado al resto de los ecuatorianos que han salido a protestar por los proyectos de leyes, por las posibles enmiendas a la Constitución (entre ellas la de reelección indefinida del Presidente) y otras políticas de la “revolución ciudadana” que están perjudicando a los distintos sectores.
El Gobierno ha encargado a Pabel Muñoz, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo, la elaboración del “Gran Diálogo por la Equidad y la Justicia”, como lo han llamado. Muñoz indicó que en el primer mes se ha logrado 30 diálogos sectoriales con distintos grupos de la sociedad civil.
A su vez, el miércoles 22, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, ha declarado que se retirará por dos meses de su cargo para recorrer distintos barrios del país y avanzar con el “diálogo nacional”. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, se ha unido, al señalar que las comisiones permanentes de las provincias se encargarán de difundir los diálogos y llegar a más gente.
¿Qué pasa con la gente que ha salido a protestar en varias ciudades del país y a la que Presidente ha denominado “golpistas y desestabilizadores” más de una vez? Han calificado las manifestaciones como violentas y a todos los políticos de oposición que han convocado a marchas o se han expresado forman parte de este grupo. Si el Gobierno promueve un diálogo nacional, todas las voces son válidas y la apertura no puede estar limitada por lo que el Gobierno aprueba o no.
Durante las sabatinas (enlace del presidente hacia el país), Correa se ha empeñado en publicar datos de los políticos de oposición y recriminarlos por su capacidad de adquisición económica. En vez de permitir otras opiniones, continúa repitiendo que las leyes de Herencias y Pulsvalía solamente afecta a los ricos y no a los pobres, manteniendo su retórica que genera división y odio en el pueblo ecuatoriano.
Se ha burlado y ha despreciado a las manifestaciones de varios miles de personas en distintas ciudades, como Quito, Guayaquil, Cuenca, Loja, Machala, Ibarra, Riobamba, Ambato, Portoviejo y Esmeraldas, entre otras; Rafael Correa ha convocado a marchas del oficialismo, las cuales se han llevado a cabo desde la Plaza Grande en la ciudad de Quito, con tarima y cantantes.
Organizaciones que han querido formar parte del diálogo, como el Movimiento Libertario con su campaña Ecuador Propone, aún esperan respuesta.
#EcuadorPropone cómo generar más ahorro y comercio @MashiRafael @GabrielaEsPais estamos esperando respuesta oficial pic.twitter.com/cRM6FkG1TB
— Mov. Libertario EC (@movlibertarioec) July 19, 2015
Por otro lado, Human Rights Watch reclamó por el uso de fuerza sin fundamento en contra de manifestantes durante las marchas de los días 17 y 18 de septiembre de 2014 en la capital de Ecuador. Dentro de sus declaraciones dijeron que los manifestantes “sufrieron graves abusos físicos, incluidas violentas golpizas, puntapiés y descargas eléctricas al ser arrestados y durante su detención”. Al respecto, Ricardo Patiño dijo que “son declaraciones sesgadas” y que este tipo de documentos es común hacia los Gobiernos “progresistas y revolucionarios de la región”.
Human Rights Watch ha vuelto a reclamar el comportamiento del Gobierno ecuatoriano, luego de haber aprobado la resolución el miércoles. José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización, afirmó que “estas condenas por terrorismo y sabotaje, que no tienen ninguna base, son un ejemplo claro de cómo el Gobierno utiliza leyes represivas contra sus críticos”.
El diálogo está en manos del oficialismo. Patiño, hombre de total confianza del presidente, pasa a ser parte de esta propuesta gubernamental. Rivadeneira y Muñoz han hecho público su alineamiento con el régimen desde ocasiones anteriores. Con esta resolución se está reprimiendo a la gente que ha salido a protestar porque se siente perjudicada por el Gobierno.
El presidente y otros funcionarios descartan la validez de la opinión de sectores de oposición. Entonces ¿el “gran diálogo nacional” es para convencernos de que la única solución es continuar con las políticas excluyentes de la Revolución Ciudadana?
