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En Chile, los profesores de las escuelas estatales llevan ya más de un mes de paralización de funciones. Durante este periodo, lograron suspender la tramitación de la nueva legislación laboral docente impulsada por la presidenta Michelle Bachelet, para de forma posterior, establecer un diálogo directo con el Gobierno y el Legislativo a fin de imponer su postura, cuyo eje es el aumento de remuneraciones y la negativa a las evaluaciones.
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Hoy, con el riesgo de que se pierda el año escolar debido a la no realización de las clases, el sindicato docente se encuentra en una posición tal, que le permite imponer sobre el Gobierno cualquier decisión.
Aquellos hechos confirman el poder de negociación que tiene el sindicato docente chileno. Sin embargo, es un elemento que el Gobierno parece no advertir, puesto que la ley laboral docente que impulsa fortalecería aún más a los profesores. Mediante dicha legislación, el Gobierno pretende concentrar no sólo la gestión de los docentes del sector estatal, sino que también gran parte de la del sector privado.
Actualmente la educación estatal representa el 38% del total de la matrícula. Con la propuesta pasaría a formar el 92%, con cerca de 11.550 escuelas de un total que apenas sobrepasa las 12.000.
La captura del Estado es inminente y está siendo provocada por el mismo Gobierno, viéndose perjudicada no sólo la institucionalidad, sino también los estudiantes, quienes tendrán seriamente amenazado su derecho a la educación, puesto que los avances en la educación caminarán únicamente al ritmo de las demandas del sindicato docente.
Situaciones como esta ya han sido advertidas en otros países, y no precisamente por los gobiernos o los legisladores, sino que por el Poder Judicial. Ejemplo de aquello es el fallo “Vergara vs. California” del juez Rolf Treu ocurrido en junio del año pasado, en California, EE.UU., fallo que fue calificado como histórico.
¿Algún político se ha preocupado por los costos que tendrá, en caso de ser implementada, la legislación laboral docente impulsada por Bachelet?
El motivo de aquel apelativo es que deja sin efecto tres leyes estatales que regían las relaciones laborales de los profesores, en atención a la inconstitucionalidad de las mismas, debido a que la maraña de preceptos que favorecían la estabilidad laboral de los profesores, su sistema de evaluaciones y lo complejo de las desvinculaciones, socavan la eficiencia de la educación, colocando a los alumnos de las escuelas estatales en desigualdad de derechos respecto a los alumnos de las escuelas privadas, atentando contra sus derechos constitucionales de acceso a una educación de calidad.
El juez Treu fundamenta su fallo en 16 páginas, dilucidando el caso en términos civiles, comparando la situación con el caso “Brown vs. Board of Education” del año 1954, en el cual la Corte Suprema de Justicia de los EE.UU., declara ilegal la segregación racial en las escuelas. En ambas situaciones se afecta la igualdad de derechos.
Por lo general, los sindicatos de profesores que trabajan para el Estado justifican sus legislaciones laborales especiales aludiendo que estas les permiten protegerse de decisiones arbitrarias o vengativas por parte de la autoridad. No obstante, es fácil apreciar, tanto en el sector educacional como en otras industrias, que no contar con un estatuto especial de contratación no significa un trato arbitrario o denigrante para sus trabajadores.
Pero el elemento clave en la discusión no es si la legislación laboral docente genera o no beneficios especiales a quienes se rigen por ella. Esto ya está zanjado, efectivamente los generan. Lo que se debe hacer es clarificar que la consolidación de aquellos beneficios para un grupo se hace a expensas de la población en general, causando un gasto inútil del dinero público.
Y lo más nefasto es que afecta la calidad del servicio entregado, lo cual no se traduce en puntos más o puntos menos en determinada prueba estandarizada, sino que en una carencia de educación, que es la versión moderna de la esclavitud. Es una esclavitud menos visible, menos indignante y, por eso mismo, más permanente.
¿Qué puede hacer un adulto que apenas lee, apenas entiende, apenas conoce el mundo en que vivimos, sino aceptar cualquier trabajo, cualquier salario y vivir frustrado y agobiado por fuerzas que no comprende? ¿Y qué se dice al respecto en Chile? ¿Algún político se ha preocupado por los costos que tendrá, en caso de ser implementada, la legislación docente impulsada por Bachelet?
El debate político en educación durante los últimos 25 años ha versado principalmente sobre beneficios más o beneficios menos, más lucro o menos lucro, entre otros, siendo la calidad un tema olvidado, lo cual es previsible: mientras los hijos de los contribuyentes se educan en escuelas estatales, los hijos de los políticos lo hacen en escuelas privadas. Al final del día, para éstos últimos la calidad ya es un tema solucionado.
Iván Garay Pagliai es Licenciado en Ciencias Políticas y Gubernamentales; fundador y director ejecutivo de Cheque Escolar en Chile. Síguelo en @garay_p.
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