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Con la llegada del nuevo siglo, un cambio político comenzó a gestarse en América Latina: en 1998 Hugo Chávez se hizo con la presidencia de Venezuela. Con una crisis financiera afectando a buena parte de los países de la región, la población de países como Ecuador, Brasil, Bolivia, Argentina y Uruguay optaron por posicionar a líderes con un discurso abiertamente “anti-liberal”, y de rechazo a la dinámica que caracterizaba a la relación entre Estados Unidos y América Latina.
Lo curioso de estos Gobiernos, que venían a representar la vuelta a la izquierda latinoamericana, es que desde el principio trajeron consigo una novedad: su alto carácter mediático y la determinación de controlar los medios de masas a toda costa.
Como candidato, Chávez fue un fenómeno mediático. Cuando se volvió presidente lo fue aun más, con el lanzamiento de su propio programa dominical, Aló Presidente. También comenzó a hacer uso recurrente de las cadenas nacionales de radio y televisión. Rafael Correa no actuó de forma muy distinta cuando llegó a la presidencia en 2007. Igual que con Chávez, las cadenas se convirtieron en una herramienta recurrente y creó su propio programa de radio y televisión: Enlace Ciudadano. Así mismo, el presidente de Bolivia, Evo Morales, incursionó en la radio y el sucesor de Chávez en Venezuela, Nicolás Maduro, siguió la tradición del otrora líder de la «revolución bolivariana», creando su propio programa de radio, llamado en “Contacto con Maduro”.
Estos presidentes se comportan más como celebridades que como funcionarios. Pero también han desarrollado políticas orientadas a concentrar medios en manos del Estado e imponer restricciones a los mismos. Ejemplos hay de sobra: En Ecuador el propio Rafael Correa demandó a un diario, El Universo e impulsó una polémica ley de medios que acentúa el control del Estado sobre los medios. En Venezuela, se aprobó la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión en 2004 y fue apodada por la oposición como “ley mordaza” porque regulaba los contenidos que podían transmitir las televisoras y estaciones de radio.
El resultado no fue palpable sino hasta 2014, cuando en medio de las protestas de febrero y marzo, decenas de estudiantes murieron y sólo los medios internacionales pudieron informar oportunamente al respecto. Igualmente, en dicho país, tres medios masivos (Tal Cual, El Nacional y el portal web La Patilla) fueron demandados por el presidente del poder legislativo e influyente jerarca del partido oficialista, Diosdado Cabello.
El Estado boliviano se ha convertido en el gran actor de la comunicación, señala la ONG Fundamedios
Respecto a la concentración de medios masivos en manos del Estado, la periodista Maru Morales aseguró en noviembre de 2014 que “la plataforma de medios de comunicación del Estado venezolano está integrada por más de 30 medios y oficinas productoras de contenidos para radio y televisión”. En el mismo artículo donde se publicó esto, Morales cita un estudio realizado por el investigador venezolano Marcelino Bisbal, en el que se señala que los medios gubernamentales recibieron 3,61 millardos de bolívares (unos US$8 millones al cambio libre) como presupuesto para el 2015, con el objetivo de “promover la gestión del Gobierno, los valores socialistas e impulsar la revolución”, según señala el proyecto de Ley de Presupuesto 2015.
En Ecuador, el Estado tenía 40 años contando con un solo medio: la Radio Nacional del Ecuador (AM), pero con la Revolución Ciudadana de Correa, en cuatro años, el Estado pasó a controlar 19 medios de comunicación masiva, entre ellos los canales Gama TV y Ecuador TV .
También el Gobierno de Morales en Bolivia ha emprendido acciones similares, con la creación de la red de emisoras comunitarias Radio Patria Nueva y la consolidación de los dos medios que ya eran públicos para el momento de su arribo al poder en 2006: el Canal 7 y la Agencia Boliviana de Información (ABI). «El Estado se ha convertido en el gran actor de la comunicación. De ser inexistente antes de este Gobierno, a ser el gran protagonista», argumentó César Ricaurte, director ejecutivo de la Fundación Andina para el Observatorio y Estudio de Medios (Fundamedios), en referencia a la situación de los medios de masas en Ecuador y Bolivia.
Todo Gobierno con un mínimo de sentido de supervivencia tiene una política de relaciones públicas y departamentos que trabajan para posicionar el contenido y las declaraciones que les interesan en los medios. Pero una cosa es tratar de posicionar los rasgos positivos de esta forma y otra cosa muy distinta es que el Gobierno trate de controlar lo que los medios dicen sobre él.
Tanto Chávez como Maduro justificaron su política alegando que el aumento de los medios de comunicación controlados por el Estado venezolano representa una “democratización de los medios de masas” porque, al ser públicos, los medios responden sólo a los intereses de los venezolanos.
El control de los Gobiernos sobre los medios se hace cada vez mayor y eso compromete los derechos de la ciudadanía
Esto es una falacia, porque per se no se puede de hablar de medios públicos en Venezuela, sino de medios gubernamentales, puesto que todos los medios que comunicación “públicos” en el país, están adscritos al Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y por ende a la presidencia de la república. Conatel, el ente que regula la entrega y gestión de las concesiones sobre el espectro radioeléctrico, también está adscrita al Ejecutivo nacional. Ocurre lo mismo con los medios en Ecuador y Bolivia.
En su última reunión, realizada en Panamá, el pasado 8 de marzo, la Sociedad Iberoamericana de Prensa (SIP) alertó sobre el creciente control de medios masivos por parte de Estados en Latinoamérica, haciendo énfasis en Ecuador, Venezuela y Bolivia.
La SIP aseguró que en Venezuela «la hegemonía comunicacional del Estado es un hecho indiscutible» y que «restan pocos medios independientes, a los que les cuesta sobrevivir en medio del deterioro institucional, social y económico». La entidad asegura que en Venezuela el desempeño periodístico «se imposibilita» porque «es casi nulo el acceso a la información en manos del Estado» y se criminaliza «toda forma de expresión social y política disidente, sea de periodistas, de dirigentes vecinales, estudiantiles o políticos».
En Bolivia, la SIP se preocupa por la consolidación «…de un modelo político enunciado como socialista y comunitario» que «busca el control en la emisión de ideas, opiniones y mensajes a través de los medios masivos». La organización destaca el fenómeno del «silenciamiento del humor» en Ecuador. Igualmente, menciona el caso de Xavier Bonilla, caricaturista del diario El Universo y del propio diario que enfrentaron una demanda por una caricatura que ofendió a un partidario del presidente Correa.
Venezuela, Bolivia y Ecuador responden a una tendencia que se ha presentado en Latinoamérica durante las últimas décadas. Múltiples organizaciones han señalado que las libertades de prensa y de expresión van en franco retroceso en la región. El control de los Gobiernos sobre los medios se hace cada vez mayor y eso compromete los derechos de la ciudadanía. La vuelta a la izquierda no ha tenido resultados favorables en la región; y esta tendencia de ir contra los medios y las libertades es peligrosa, algo en lo que cualquier verdadero demócrata estará de acuerdo.
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