Las deficiencias de los sistemas educativos estatales son observables en todo el mundo. El pasado 14 de febrero, The Economist publicó un artículo titulado “Those who can”, en el cual se anota que muchos profesores mexicanos heredan sus puestos de trabajo, que la cuarta parte de los profesores indios sufren de una inasistencia labora crónica, y que en Nueva York es casi imposible despedir a un profesor, incluso a aquellos que han sido sorprendido robando al interior de las escuelas.
La situación anterior se ve empeorada si consideramos las altas posibilidades de la captura del Estado, por parte de los gremios de maestros, como ocurre en Chile, donde el sindicato docente, luego de varias semanas de paralizaciones y de marchas por la capital, logró sentarse a dialogar, uno a uno, con el ministro de área. De esta manera, el sindicato se ha convertido en un verdadero colegislador, pasando por alto la institucionalidad democráticamente establecida en aquel país.
El motivo por el que los sistemas educativos estatales son deficientes, son los mismos por los cuales el Estado es deficiente en la producción de bienes y servicios, a saber: las restricciones presupuestarias blandas, la intromisión de objetivos políticos, la ausencia de competencia, restricciones en la administración de personal, y los incentivos a aumentar la burocracia, entre otros.
No obstante, al ser conocidas dichas características, al punto que aparecen en la mayoría de los libros de estudio de economía del sector público, nuestros Gobiernos insisten en entrometerse en cada aspecto de la vida de las personas, siendo la educación uno de los ámbitos preferidos.
Lo anterior viene mayoritariamente desde la década de los 40, cuando en la Conferencia de Ministros de Educación de América Latina, reunida en Panamá en 1944, se declaró que la educación le pertenece al Estado, influida por el espejismo de los derechos sociales.
Esta concepción ha hecho que en muchos ambientes se crea férreamente la idea de que la educación es un derecho, que sumado a la ignorancia económica, hace que la educación además se considere un bien público. Por eso, tal vez, los sentidos comentarios que recibió en 2011 el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, cuando indicó que la educación es un bien de consumo. La noticia trascendió al extranjero, y las palabras de Piñera formaron parte de varios medios americanos y europeos.
La situación llegó a tal punto, que una vez que Piñera abandonó el cargo y lo asumió la socialista Michelle Bachelet, su vocero indicó que en el Gobierno están convencidos de que la educación es un derecho.
No obstante, el gobierno de Bachelet se equivoca y el exmandatario chileno tiene razón. La educación no es un derecho, ni tampoco es un bien público.
La educación no es un derecho (…) ni tampoco es un bien público
La educación no es un derecho, debido a que el ejercicio de estos requiere solo que otras personas se abstengan realizar determinadas acciones; por ejemplo, el derecho a la propiedad se garantiza cuando se evita que al propietario alguien o algo le impida que haga uso, goce y disfrute de lo que es suyo. En cambio, para garantizar el supuesto derecho a la educación, se obliga a otros a hacer algo.
Imaginemos una sociedad de sólo tres individuos: para ejercer mi supuesto derecho a la educación, debo obligar al segundo individuo a que me entregue el servicio educativo y al tercero para que lo financie.
Tampoco la educación es un bien público debido a que en ella no se presenta el principio de no exclusión ni rivalidad, es decir, que no se pueda impedir su uso por otras personas y que se pueda hacer uso simultáneo de ella, por todos las personas. La educación al ser escasa, claramente es un bien económico o de consumo. Por lo demás, el costo marginal de educar a una persona dista bastante de cero.
El costo marginal de educar a una persona dista bastante de cero
Tener claro los aspectos anteriores es de suma importancia. Hacer un diagnóstico errado tiene como resultado entregar soluciones erradas. En construcción, se dice que es mejor hacer un cambio con una goma que con una retroexcavadora. Si seguimos haciendo diagnósticos con bases en convicciones, pronto tendremos que contratar a cientos de cuadrillas de dichas máquinas para que recorran el continente.
Iván Garay Pagliai es Licenciado en Ciencias Políticas y Gubernamentales; fundador y director ejecutivo de Cheque Escolar en Chile. Síguelo en @garay_p.