Por Luis Mario Martínez Turcios
El día miércoles 10, la Corte Suprema de Justicia dio trámite al expediente de antejuicio solicitado por el diputado Amílcar Pop contra el presidente de la República, Otto Pérez Molina. El criterio es que hay elementos que permiten asociar al gobernante a las dinámicas de corrupción que han desatado la crisis política del país, al menos por encubrimiento. El paso siguiente es que el Congreso de la República apruebe la designación de una comisión pesquisidora cuya tarea es recomendar o no, levantar la inmunidad que tiene el mandatario y que pueda ser sujeto de un proceso judicial.
Evidentemente, esto genera una enorme expectativa por el futuro político del país de cara a la continuidad del Gobierno, del proceso electoral y de las reformas del Estado. Acá dos aspectos son importantes: el primero es que es el primer proceso contra un presidente guatemalteco que llega a estas instancias, lo cual ya de por sí es relevante, y segundo es que debe leerse como una etapa de un proceso iniciado con las revelaciones y capturas llevadas a cabo por la Comisión contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) y el Ministerio Público en dos casos: La Línea (una red de actores privados y funcionarios de la administración tributaria para la defraudación fiscal) y el caso del Seguro Social, que involucra a altos funcionarios (entre ellos el presidente de la Junta Directiva, hombre de confianza del presidente) y una farmacéutica.
La reacción ciudadana frente a esos casos se ha convertido un movimiento ciudadano que ha ido creciendo; primero, pidiendo la renuncia de la vicepresidenta, Roxanna Baldetti, y luego pidiendo el fin de la corrupción y el procesamiento de los responsables. El movimiento es significativo porque ha movilizado a sectores que han tenido una participación abierta en la coyuntura desde hace muchos años, como es el caso de sectores medios. El otro aspecto significativo es que esa movilización no tiene liderazgos visibles, sino que refleja el cansancio de la población en relación con la corrupción y la dinámica política.
Las movilizaciones lograron crear las condiciones para la salida de la vicepresidenta y el actual proceso de antejuicio, pero está suponiendo otras cosas: la primera es que ha deslegitimado al actual Gobierno y ha producido su inmovilización (lo que asusta a algunas personas, porque temen inestabilidad), plantea la necesidad de profundas reformas al funcionamiento del Estado y al sistema de partidos políticos (seriamente cuestionados) en un momento electoral.
Hay una cantidad importante de propuestas que deben ser conducidas en los próximos meses, pero que en todo caso nos indican que habrá cambios. La pregunta que queda en el aire es quién facilita la conducción, en un momento en que tanto el Gobierno como los partidos han perdido legitimidad.
Las implicaciones de la decisión sobre Pérez Molina van más allá de lo nacional, porque la necesidad de reformas coincide con la agenda regional de EE.UU.
También tiene un efecto directo en el proceso de elecciones que debe realizarse en septiembre, lo que necesariamente obliga a que los candidatos empiecen a leer los mensajes que están enviado los ciudadanos y ciudadanas del país. Muchos son ya los cuestionados, y si no se escucha el clamor por los cambios y la idoneidad, será un proceso muy complejo y que puede generar una pérdida de credibilidad en el sistema político.
Las implicaciones de la decisión sobre Pérez Molina van más allá de lo nacional, porque la necesidad de reformas y el fin de la corrupción coinciden con la agenda regional de Estados Unidos, especialmente en el marco del Plan de Prosperidad para el Triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador).
Dos de los ejes de la agenda que contempla el mismo, son precisamente esos temas, lo cual nos ayuda a entender la implicación que ha tenido la Embajada estadounidense en las últimas semanas en esta coyuntura. En Honduras, a partir del escándalo del Seguro Social, se está produciendo un movimiento que se inspira en las movilizaciones en Guatemala. En ninguno de los dos casos se tiene claro qué sucederá, pero es seguro que los cambios se van a producir y van a marcar el futuro de estos países.
Luis Mario Martínez Turcios es pedagogo y experto en temas de seguridad y resolución de conflictos. Es investigador del Instituto de Transformación de Conflictos para la Construcción de la Paz en Guatemala y docente en la Universidad Rafael Landívar, además de consultor en organismos internacionales.