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EnglishOtto Pérez Molina, presidente de Guatemala, atraviesa la peor crisis de su Gobierno, desde que asumió en enero de 2012. Aparentemente acorralado por los escándalos de corrupción, señaló en conferencia de prensa, el jueves, que su Gabinete «no se está derrumbando» y ha insistido en que no renunciará a su cargo.
Pero desde que se desató el escándalo de la banda de defraudación aduanera «La Línea«, múltiples sectores han exigido la renuncia del mandatario. Hasta ahora son varios los funcionarios que han abandonado el barco de la actual administración. También algunos miembros del Partido Patriota (PP) se han retirado de éste.
Las renuncias comenzaron el viernes 8 de mayo, cuando el mandatario anunció en conferencia de prensa la dimisión de la exvicepresidente Roxana Baldetti; luego hizo lo propio el ministro de Energía y Minas, Erick Archila, quien dejara el cargo asegurando que lo hacía debido a un chantaje del partido Libertad Democrática Renovada (Lider).
Pero este jueves, la política guatemalteca dio un giro aún más inesperado. El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, uno de los hombres más leales de Pérez Molina, renunció a su cargo. Esto pese a que en días anteriores éste hubiera asegurado que no pensaba abandonarlo. Asimismo, dejaron el gabinete de Pérez Molina la ministra de Ambiente y Recursos Naturales, Michelle Martínez, y el viceministro de Seguridad, Edy Juárez.
Así, la administración del Partido Patriota se ha visto fuertemente golpeada y su credibilidad se debilita. La población se ha manifestado y los cambios incluso podrían continuar.
¿Renunciará el presidente?
El mandatario aseguró en conferencia de prensa que ninguno de los funcionarios manifestó en algún momento su intención de renunciar, dejando entrever que habían sido cesados. Afirmó que ésta fue una decisión suya para «mejorar la imagen» de su Gobierno. Pero las dudas siguen.
El jueves, en la cadena en la cadena de noticias CNN, el periodista Fernando Del Rincón entrevistó al exministro de Gobernación respecto a su renuncia. López Bonilla, al igual que el Presidente, manifestó en varias ocasiones que la decisión de abandonar la cartera a su cargo se debió a una estrategia para «superar la crisis» que vive la actual administración.
Ante la insistencia respecto a su continuidad en la Presidencia, Otto Pérez Molina ha sido tajante al asegurar que la renuncia no es algo que esté dentro de sus planes. Aunque lo mismo aseguró Baldetti unos días antes de dejar la Vicepresidencia.
La presión que exige la renuncia del mandatario continúa, en días recientes organizaciones campesinas marcharon exigiendo que abandone su cargo.
El panorama parece difícil para Pérez, pues cada vez se encuentra más solo y su caída parece algo muy cercano. Mientras tanto, las manifestaciones también exigen una reforma a la Ley Electoral y de Partidos Políticos, con la cual también se busca evitar que los políticos que lleguen al poder en las próximas elecciones caigan en casos de corrupción como los que recientemente se han descubierto.
Un escándalo en medio de otro escándalo
En medio del escándalo de «La Línea», hace unos días se desató, además, otro escándalo, dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS). La mañana del miércoles 20 de mayo se vio marcada por la detención del director de dicha institución, Juan de Dios Rodríguez (quien además es exsecretario privado del mandatario) y el presidente del Banco de Guatemala y vicepresidente del Seguro Social, Julio Roberto Suárez Guerra.
Una investigación realizada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) descubrió el otorgamiento de contratos anómalos en el IGSS, razón por la cual el miércoles fueron detenidos 17 funcionarios de la Junta Directiva y de la Junta de Licitación. Entre los capturados se encuentra Otto Molina Stalling, hijo de la juez Blanca Stalling, y quien laboró en el área financiera del IGSS.
Al respecto, el comisionado de la Cicig, Ivan Velásquez, señaló que la Junta Directiva avaló contratos por 116 millones de quetzales (unos 15 millones de dólares) a favor de la farmaceútica mexicana Pisa S.A. para que se atendiera a pacientes renales. No obstante, Velásquez explicó que «la empresa no tenía experiencia en tratamiento de diálisis». Quienes fueron tratados fallecieron y el resto están hospitalizados; lo cual se atribuye al tratamiento de diálisis peritoneal que prestó Pisa.
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