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EnglishNo resulta raro que buena parte de la población apoye la continuidad de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo mandato finaliza en septiembre de este año. Tampoco sorprende que muchos otros insistan en que se trata de una ilegalidad y que debe retirarse.
La CICIG fue creada en diciembre de 2006, luego de que el Gobierno de Guatemala firmara un acuerdo con Naciones Unidas. Desde un principio se estableció que funcionaría como un órgano independiente, y que trabajaría para apoyar al Ministerio Público (MP) y diferentes instituciones del Estado. Dentro de sus objetivos también está apoyar al fortalecimiento de la justicia en Guatemala. Hasta la fecha, tres personas han liderado esta organización: Carlos Castresana, Francisco Dall’Anese e Iván Velásquez.
Recientemente, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) publicó un informe acerca de los resultados de la CICIG en Guatemala. Los califica de «trascendentales». Por otro lado, esta misma semana, un grupo de congresistas republicanos y demócratas estadounidenses firmó una carta apoyando su continuidad. “Dada su trayectoria de éxito, estamos convencidos que tener una organización independiente como la CICIG es el camino correcto para ayudar a Guatemala en la lucha contra la delincuencia organizada y en el fortalecimiento de su sistema de justicia penal”, afirman.
Asimismo, quienes rechazan la continuidad de la CICIG, insisten en que se trata de una organización que funciona de forma inconstitucional y que ha fracasado. Argumentan, además, que su trabajo se ha visto afectado por un fuerte sesgo político en su agenda.
Como toda organización, ha tenido resultados importantes y algunas deficiencias. No obstante, es un hecho que el sistema de justicia en Guatemala se encuentra completamente debilitado. ¿Existe, entonces, la CICIG como un elemento que podría apoyar a su fortalecimiento?
De acuerdo con el informe de WOLA, en ocho años de trabajo, «la Comisión ha logrado resultados trascendentales. Cuando la CICIG inició su trabajo en Guatemala, los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos llevaban más de 20 años infiltrando y cooptando la institucionalidad estatal. Mediante sus acciones, la movilización consiguiente de la sociedad civil y la facilitación de los consensos políticos, la CICIG logró la aprobación de importantes reformas legislativas, la provisión (especialmente al Ministerio Público) de instrumentos de investigación fundamentales de los que carecía, y la remoción de funcionarios públicos comprometidos o coludidos con estructuras criminales».
Y tal como señala el reporte, la CICIG ha sido una pieza importante en casos como el del expresidente Alfonso Portillo o la red de corrupción que dirigía Byron Lima desde la prisión.
Pero, ¿qué significa la Comisión para aquellos que la apoyan y sus detractores? En contexto, quienes están a favor de su continuidad ven lo siguiente: las instituciones que deberían brindar seguridad a los guatemaltecos son realmente débiles como para garantizar la integridad de la población y el apoyo internacional, en estos momentos, no resulta nada mal.
Por otro lado, es una organización que puede incluso mejorar su trabajo en cuanto al combate de las estructuras criminales y de corrupción del país. Ahora bien, ¿por qué el rechazo, entonces? El argumento número uno es que la CICIG ha fracasado en su trabajo, y por otro lado, porque consideran que esta es ilegal y que se ha dedicado únicamente a la persecución de militares.
Una CICIG que no esté politizada y que trabaje como ese órgano de coayuda con las instituciones de seguridad guatemaltecas, sí es necesaria. En lo personal, considero que las instituciones estatales deben minimizarse a modo que su única función sea garantizar los derechos y libertades de los individuos, entre estos la seguridad. Por eso mismo, dicha organización puede funcionar como una herramienta clave para que se trabaje de una forma correcta el combate de la corrupción y el crimen organizado.
