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EnglishPor Jorge Gómez Arismendi
Ante las críticas a los miembros del poder legislativo en Chile por el alza en los salarios de los congresistas, el presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo, señaló que “algunos asesores en el Gobierno ganan más que los parlamentarios y pasan colados”.
Según El Líbero, la secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, María Estela Ortiz, encabeza la lista con una remuneración de CHL$7,9 millones mensuales (casi US$13.000), seguida de cerca por el coordinador de macroeconomía de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Claudio Soto Gamboa, con un sueldo mensual de CHL$7,3 millones (casi US$12.000).
¿Mediante qué procedimiento se contrató a estos asesores o funcionarios? ¿Cómo se determinan sus remuneraciones y los reajustes que se aplican? ¿A qué mecanismo de control y evaluación están sometidos? ¿Cómo están definidas sus atribuciones y competencias?
Un Gobierno que ha proclamado como el principal problema de Chile a la desigualdad tenga asesores con sueldos de $7 millones y además escapan de la norma general que rige para otros funcionarios estatales, es una gran paradoja. Al mismo tiempo que proponen políticas igualitarias, los supuestos promotores de la igualdad se constituyen en una nueva clase llena de privilegios. Esta incoherencia la reflejó con precisión el economista Murray Rothbard:
Una de las grandes paradojas de nuestro tiempo: que el poderoso y normalmente indiscutible grito por «igualdad» es guiado por el decididamente antiigualitario objetivo de cabalgar sobre su espalda hacia el cada vez más absoluto poder político, un triunfo que desde luego convertiría a los mismos igualitarios en una élite gobernante en ingresos y en riqueza, así como en poder.
La ley de hierro de las oligarquías esbozada por el sociólogo alemán Robert Michels es implacable en ese sentido. Ninguna organización, por más promotora de la igualdad que se diga, escapa de ella: sus élites siempre se convierten en nuevos oligarcas privilegiados. Allí radica la incongruencia del discurso igualitario.
Las declaraciones del diputado Giorgio Jackson durante el paro de profesores de noviembre pasado ilustran este mecanismo. Jackson sostuvo que los «profesores pueden trabajar 40 horas y ganar CHL$500 (US$820)» mientras que los congresistas solo por el reajuste obtienen esa cifra adicional, que se suma a sus ya suculentos sueldos.
En otro caso, los cuestionamientos de los educadores al dirigente gremial Jaime Gajardo evidencian la distancia entre el líder sindical y los intereses de sus representados. Gajardo convierte al colegio de profesores en un botín del poder político, y actúa en función del Gobierno al que pertenece su partido político, y no en función de sus miembros colegiados.
La ley de hierro de las oligarquías también se manifestó cuando, frente las críticas por parte de los profesores hacia Gajardo y el Gobierno de la Nueva Mayoría, la presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, Bárbara Figueroa, emprendiera contra los movilizados, reprochándoles en duros términos su actitud. Como miembro de la élite de un partido que está en el Gobierno, defendió los intereses de esa cúpula partidaria, a la que pertenecen ambos gremialistas. Metafóricamente, sacó los pies de la calle y se ubicó del lado del Gobierno en oposición a la masa de profesores.
Una vez más, como ha ocurrido a lo largo de la historia, unos son más iguales que otros.
Jorge Gómez Arismendi es periodista de la Universidad Santo Tomás y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile. Síguelo en Twitter: @jgomezarismendi
Editado por Adam Dubove.
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