Por Jorge Colindres

Por casi tres semanas, diferentes frentes y asociaciones estudiantiles tomaron la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula, privando a más de 17.000 estudiantes la posibilidad de continuar con sus estudios. Habiéndose alargado las protestas y la toma hasta este punto, muchos estudiantes temían perder su tercer periodo académico de haberse continuado con la toma.
Hoy que las instalaciones universitarias han sido devueltas, creo que debemos discutir la posibilidad de que este tipo de acciones se repitan y si estas deberían ser toleradas.
Exigencias legitimas, medios condenables
La razón detrás de las protestas no está clara, debido a la falta de organización entre los diferentes grupos estudiantiles que secuestraron la universidad. Pero entre las principales consignas que se escuchaban estaba la oposición a las nuevas normas académicas, que elevan la calificación necesaria para aprobar las clases de 60% a 70%; la exigencia de no criminalizar la protesta estudiantil, la descentralización de la administración universitaria y una demanda por mejores condiciones de infraestructura.
En su mayor parte, estas exigencias son muy razonables ya que las finanzas de la Universidad se han manejado de manera arbitraria e irresponsable.
La toma universitaria fue decidida por pocas personas y la convocatoria vino después.
Sin embargo, los métodos que los estudiantes en protesta han utilizado son deplorables. La toma física de las instalaciones universitarias es un acto de violencia, que físicamente prohíbe al resto de estudiantes, que sí desean recibir clases, el ingreso a su universidad que es financiada con los impuestos de todos los hondureños.
La toma universitaria también se realizó sin ningún intento de consensuarla con el resto de los estudiantes. Entrevistando a muchos estudiantes de diferentes carreras, la respuesta fue la misma: la toma universitaria fue decidida por pocas personas y la convocatoria vino después.
¿Quiénes están detrás de la toma?
De acuerdo a lo que afirman muchos universitarios, la mayor parte de actos violentos han sido incitados y cometidos por estudiantes y maestros marxistas de la carrera de Sociología de la UNAH-VS, como Ovet Córdova, quien es militante del Partido Socialista de los Trabajadores y que a su vez lidera la Federación de Asociaciones Estudiantiles (FAE). Además, se señalan a Marcos Rubí, Javier Hernández y Franklin Benítez, militantes de Movimiento Estudiantil Revolucionario Lorenzo Zelaya (MER-LZ), que son los dos grupos estudiantiles que han liderado la toma.
Todos ellos tienen procesos penales abiertos debido a la toma ilegal de instalaciones universitarias en julio. Vale recalcar la beligerante naturaleza marxista del MER-LZ, quienes portan el nombre de Lorenzo Zelaya, un integrante del Partido Comunista de Honduras que decidió tomar la vía de las armas y cuyo nombre también ha sido portado por grupos terroristas.
Lejos de ser una lucha por derechos estudiantiles, los actos emprendidos por estos estudiantes parecen responder a los intereses políticos de la izquierda hondureña.
La intimidación como arma de protesta
“¡Fuera de la clase! Nos estamos tomando la universidad” fueron las palabras de los dirigentes estudiantiles, mientras irrumpían las aulas, gritando con megáfonos y amedrentando a los estudiantes para que formaran parte de la asamblea que habían convocado para legitimar su huelga.
Si algo caracterizó esta toma universitaria, fue la agresividad en contra de los alumnos que sí deseaban ir a clases. José Ortega, estudiante de medicina de la UNAH-VS, abrió el grupo “Queremos ir a clases UNAH-VS” en Facebook, y empezó a coordinar la realización de una marcha para exigir que los dejaran ir a clases.
Si algo caracterizó esta toma universitaria, fue la agresividad en contra de los alumnos que sí deseaban ir a clases.
Pero tras platicar con el resto de los estudiantes, tanto José como mi persona, nos dimos cuenta de que eran muy pocos las que estaban dispuestos a manifestar su oposición por miedo a ser agredidos tanto física como verbalmente, como ha sucedido anteriormente. Además de insultos y burlas, Ortega también había recibido llamadas con advertencias e intimidaciones, exigiéndole que desistiera de su campaña en Facebook y la marcha que estaba convocando.
Sobre la toma universitaria, Ortega comentó: “La universidad se cae a pedazos, es una realidad. Tiene problemas administrativos, sus edificios están en mal estado, hay nuevos cobros e incluso no hay seguridad para el estudiante. Evidentemente esta luchas es de todos los estudiantes y no solamente de unos cuantos, pero hay muchas más formas de luchar […] ¿se imaginan si todos los estudiantes que tuvieran acceso a una cámara bombardearan los medios con imágenes? Seriamos escuchados sin duda”.
“Hago un llamado a la reflexión a los estudiantes que se han tomado la universidad. No nos nieguen a nosotros y a ustedes mismos lo único que nos vamos a llevar de la universidad, la educación,” pidió Ortega.
Finalizado este episodio, queda la preocupación sobre si el uso de la violencia y la intimidación seguirán siendo la norma en las protestas estudiantiles de la universidad pública, y si el resto de los estudiantes logrará organizarse para oponerse a este tipo de acciones en el futuro y defender su derecho de asistir a clases.
Jorge Colindres es analista legal de la Fundación Eléutera.