Nota del Editor: Adriana Peralta recientemente informó acerca de los acuerdos de paz preliminares entre el Gobierno de Colombia y las FARC. Daniel Raisbeck, historiador y profesor de la Universidad del Rosario de Colombia, nos compartió sus comentarios que ya no pudieron ser incluidos en la noticia.

El Gobierno de Colombia develó el 24 de septiembre los acuerdos de paz preliminares producto del diálogo con las FARC. Los detalles más esperados del documento de 65 páginas son los protocolos para la reforma agraria, la participación en la política y el cultivo de sustancias lícitas como alternativa a la producción de narcóticos.
¿Usted piensa que estos acuerdos son novedad o sorpresa, o están dentro de lo esperado por la población colombiana?
En cuanto al punto de la tierra, es positivo que se cree un sistema sólido de propiedad donde quede muy claro quién es dueño de cada hectárea en el campo colombiano. Actualmente este no es el caso; se dice en algunos sectores que “la informalidad en la tierra de los pequeños campesinos es del 48%” , pero este no es un problema exclusivo del campo. En Bogotá, aproximadamente el 50% de las empresas son informales.
En ambos casos se deben crear mecanismos transparentes y sencillos para registrar propiedades y empresas. Hasta ahora, el Estado ha sido un obstáculo tanto en temas de derechos de propiedad como en generación de empresas. Así que se necesita más eficiencia, menos burocracia y, en el caso del emprendimiento, un régimen tributario basado en bajos impuestos y en la facilidad de acceso a la formalidad. La creación de más programas gubernamentales y de más burocracia perpetuaría el problema.
¿Cómo pueden las FARC y Juan Manuel Santos desarticular la cadena de valor del narcotráfico cuando esta empieza por el precio que pagan los consumidores de cocaína en Estados Unidos y en otros países?
Algo muy importante es vincular el campo colombiano a los mercados internacionales. Este acuerdo no dice absolutamente nada al respecto. De hecho, una serie de Gobiernos se ha encargado de frenar el progreso de la agricultura colombiana al proteger a muchos sectores de la competencia, por ejemplo en el caso de los cafeteros quienes por muchos años se beneficiaron de precios ficticios, algo que acabó cualquier incentivo a la hora de innovar y de competir. En Colombia debemos ser más abiertos al mundo, y no menos.
¿Cree usted que lo acordado sobre drogas ilícitas: “que más allá de erradicar las plantaciones busca transformar los territorios a favor de las comunidades que los habitan” tendrá resultado? ¿No será que siempre será atractivo el cultivo de las sustancias ilegales? ¿Podría ser que estos acuerdos tuvieran mejores resultados si también se encaminan las políticas públicas hacia una posible legalización de las drogas en Colombia?
Me gustaría concentrarme en el tema del narcotráfico. Mi posición es la siguiente. Tal como está, el “acuerdo” entre el Gobierno y las FARC acerca de los cultivos ilícitos no contribuirá en lo absoluto a solucionar el problema real que ha enfrentado Colombia: la guerra contra las drogas causada por la prohibición.
Estos acuerdos dejan intactas las estructura fundamentales del narcotráfico, ya que las drogas siguen siendo ilícitas y el mercado de la cocaína sigue existiendo a nivel global con una demanda que no ha sido reducida durante las últimas décadas (de hecho el caso es el contrario). Inclusive se continuarían prácticas claramente fracasadas, tal como la fumigación de los cultivos de coca, lo cual ha traído consecuencias devastadoras como la transferencia de dichos cultivos a parques nacionales donde, en teoría, el Estado debe conservar el medio ambiente.
El que el Gobierno y las FARC se comprometan a desarticular “la cadena de valor del narcotráfico” es en realidad irrelevante. Primero que todo, ¿cómo pueden las FARC y Juan Manuel Santos desarticular la cadena de valor del narcotráfico cuando esta empieza por el precio que pagan los consumidores de cocaína en Estados Unidos y en otros países? Sencillamente les queda imposible.
Segundo, en el mejor de las casos, todos los miembros de las FARC se desmovilizarían (algo muy improbable) y dejarían el negocio de la droga —producción, distribución y venta— pero, ya que la demanda global se mantendría, esto sólo crearía un vacío de poder que sería llenado muy rápidamente por grupos armados o cárteles, o por cualquiera que esté dispuesto a tomar los riesgos necesarios para controlar, de manera completa o parcial, esta muy lucrativa industria.
El acuerdo actual dejaría el campo abierto para que dichas organizaciones criminales u otras que todavía no son conocidas establezcan su dominio sobre el narcotráfico por medio de la fuerza.
Ya que las drogas se producen y se venden dentro de un mercado negro a causa de la prohibición estatal, es inevitable que, al entrar nuevos grupos a competir por un pedazo del mercado, habría un incremento de la violencia: tal es el modus operandi de grupos criminales que buscan controlar un mercado. Otro sería el caso si estuviéramos hablando de empresas legales compitiendo dentro de una industria legítima y regulada, como puede ser la del alcohol o la del tabaco.
Tercero, las bandas criminales colombianas —en parte aliadas ya con las FARC— muy seguramente buscarían expandir su dominio sobre el negocio del narcotráfico al retirarse la guerrilla total, o lo que es más probable, parcialmente de este. Pero lo más preocupante es la presencia de los cárteles mexicanos, los cuales ya están en Colombia, incrementando su poder en este país. El acuerdo actual dejaría el campo abierto para que dichas organizaciones criminales u otras que todavía no son conocidas establezcan su dominio sobre el narcotráfico por medio de la fuerza.
Para resumir, el acuerdo entre el Gobierno y el grupo guerrillero no ofrece ninguna solución al problema fundamental del narcotráfico y de las devastadoras consecuencias que ha dejado en Colombia la guerra contra las drogas. Así las FARC se retiren del negocio ilícito, Colombia se vería sumida muy pronto en el próximo ciclo de violencia financiada por la ilegalidad de la droga. Sería una victoria pírrica más para el Estado colombiano en la lucha contra el narcotráfico, tal como las “victorias” contra el Cártel de Medellín, el Cártel de Cali y los narcoparamilitares.
Quienes ven tal acuerdo con esperanzas de una paz real son víctimas de un optimismo no fundamentado en la realidad.
Editado por Elisa Vásquez