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EnglishHace exactamente un año, en octubre del año 2013, escribí un artículo llamado Bolivia: El paraíso de los narcotraficantes que fue publicado en los diarios El Deber y El Día. Este artículo concluye afirmando lo siguiente: «Al parecer, el Gobierno boliviano sigue trabajando todavía duro y concentrado en su proyecto llamado ‘proceso de cambio’ dirigido, creo yo, hacía un verdadero ‘narcoestado‘, donde se habrán perdido por completo los valores morales, los derechos humanos y la libertad».
Pasado ya un año de esta publicación, podemos ver que en el narcoestado boliviano ha seguido tomando fuerza e incluso fortaleciendo su imagen a nivel internacional. Países como Estados Unidos y Brasil ya se han pronunciado con duras declaraciones acerca del tráfico ilícito de drogas en Bolivia. Incluso el candidato a presidente de Brasil, Aécio Neves, llegó a postular la revisión de las relaciones con Bolivia y un control más estricto de su frontera.
Las extensiones de hoja de coca en el país aumentan significativamente, a pesar de ser de conocimiento –casi general– de la población boliviana el hecho de que la única hoja de coca con fines de consumo tradicional es la que se cultiva en Los Yungas, y que todos los demás cultivos de coca en el país aportan de forma directa a la producción de cocaína.
Hace poco se encontraron 1.000 hectáreas de cultivos de hoja de coca en el TIPNIS mejor conocido como el Parque Nacional Isiboro Secure. Este parque ha sido un dolor de cabeza para Evo Morales desde que propuso construir una carretera que lo dividiera. A pesar de que el fin de esta carretera –según Morales– es conectar el departamento de Cochabamba con el departamento del Beni, y por ende con Brasil, la opinión pública muchas veces se ha manifestado que esta carretera solo facilitara el tráfico ilícito de drogas y además el cultivo de hoja de coca a niveles extraordinarios gracias a la fertilidad del suelo de la zona.
En este parque se presenció hace algunos años uno de los más fuertes atentados a la vida y a la integridad física de los bolivianos, y se violaron los derechos humanos de los indígenas que alguna vez apoyaron al “proceso de cambio” de Evo Morales.
Lo que hasta el año pasado eran puras suposiciones, hoy en día son hechos respaldados por informes y noticias, nacionales e internacionales, acerca de la situación boliviana como país productor y de tránsito de drogas.
Semanalmente se decomisan numerosas toneladas de cocaína, y aunque el Gobierno se enorgullezca diciendo que tiene una fuerte inteligencia antidroga, este aumento solo significa que la producción de drogas bolivianas es cada día mayor.
Por otro lado, existen noticias que afirman la presencia de importantes bandas internacionales en Bolivia como el cártel mexicano de Sinaloa, y además una fuerte presencia iraní respaldada por el Gobierno boliviano según The Wall Street Journal. En el artículo ¿Será Bolivia el próximo Afganistán?, el periódico estadounidense apunta a la utilización de Bolivia por iraníes para producir y transportar droga hasta Europa, pasando por África. Según esta investigación, la embajada iraní en Bolivia cuenta con 145 funcionarios, cifra que deja mucho que pensar, pues las relaciones económicas formales que existen entre estos dos países son mínimas.
Sean ciertas o no estas afirmaciones, hay algo que sí es muy palpable en las calles de Bolivia: la inseguridad ciudadana, la venta de drogas a los jóvenes, incluso en colegios, los secuestros a hijos de empresarios, y la presencia de cárteles, hechos que asedian la integridad y la vida de los bolivianos y que el Gobierno no ha tomado en cuenta del «proceso de cambio” que continuará en un nuevo período presidencial.
Estos próximos cinco años de Gobierno del MAS serán decisivos, pues con los posibles cambios en las cabezas de Estado de Brasil y Argentina se podría complicar el sistema actual de tráfico de drogas. Posibles cierres y controles estrictos en las fronteras inyectarían menos dólares a la economía boliviana, dotando de menor liquidez a esta burbuja económica que camufla la fuerte inflación, y sostiene el derroche populista de Bolivia, desde hace casi una década.
Editado por Elisa Vásquez y Daniel Duarte.
