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English El caso de los nefastos resultados de la “paz” guatemalteca debe servir de ejemplo a los países latinoamericanos, hostigados por las guerrillas rojas que intentan legalizarse a toda costa. Los únicos objetivos de los terroristas guatemaltecos, salvadoreños, colombianos, mexicanos, peruanos y de otros países han sido llegar al poder para vengarse del propio Estado y sus fuerzas de seguridad y, de paso, lucrar con la desgracia humana que los mismos terroristas han sembrado.
En Guatemala en 1996 se firmaron los Acuerdos de Paz bajo las condiciones chantajistas de la guerrilla. Los países europeos, siendo garantes de estos acuerdos, insistieron en la creación de las organizaciones no gubernamentales (ONG) dedicadas a la protección de los derechos humanos —organizaciones no auditables y no fiscalizables— y se comprometieron a mantenerlas económicamente a través de las donaciones.
Así, la “defensa de los derechos humanos” se ha convertido en un negocio en este país centroamericano, pero un negocio exclusivo de los exguerrilleros terroristas. Sin embargo, escondiéndose bajo la piel de los “defensores” y percibiendo millones de euros del dinero ajeno, los activistas de ONG siguen sembrando el terror entre la población y continúan destruyendo la propiedad pública y privada.
La “defensa de los derechos humanos” se ha convertido en un negocio en este país centroamericano, pero un negocio exclusivo de los exguerrilleros terroristas
Desde principios de los años 90, los exguerrilleros han conseguido espacios en el Gobierno y en la prensa nacional: entraron en la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) y otras organizaciones semejantes que “contabilizaron” sin ningún rigor estadístico —o por lo menos hasta la fecha no lo han presentado— las 200.000 y pico víctimas de la guerra civil, lo que horrorizó al mundo.
La información sesgada sobre Guatemala les ayuda hasta la fecha a provocar más pena y lástima en el extranjero, por lo que los ahora “defensores de los DDHH” —los mismos terroristas de la época del conflicto— han logrado donaciones astronómicas. Por ejemplo, entre 2007 y 2013, el Gobierno y ONG guatemaltecas han recibido más de €135 millones de parte de la Unión Europea, entre otras donaciones.
Claro que el enfoque mediático principal de la exguerrilla es la comunidad internacional. Las ONG, al sembrar el terror y al perpetuar crímenes en Guatemala, crean la imagen de la violencia desmedida y la violación de los derechos humanos y con eso logran su objetivo: formar la opinión pública internacional, arraigar las imágenes de los horrores de la miseria en Guatemala en la mente del público de allá y asociar la palabra “Guatemala” con los conceptos de injusticia, irrespeto a los derechos humanos y delincuencia en general. Todo ello permite aumentar el flujo de las donaciones.
El caso más sonado en las últimas semanas es el acto terrorista en el municipio de San Juan Sacatepéquez, a escasos kilómetros de la capital guatemalteca.
En el lugar fueron masacradas 11 personas (todos ellos campesinos indígenas). Se supo desde el momento del crimen quiénes son los responsables: los mismo que se escudan bajo el falso título de los “defensores de los derechos humanos” – concretamente el Comité de Unidad Campesina (CUC) encabezado por exguerrillero y beneficiario de las donaciones internacionales, Daniel Pascual. El mismo CUC que quemó la Embajada de España en 1980 con múltiples víctimas mortales. El mismo CUC que ahora es mantenido con el dinero proveniente de España y otros países europeos —o mejor dicho, con el dinero de los contribuyentes españoles y europeos.
A las ONG en Guatemala les provoca rabia y odio la prosperidad ajena porque sería el fin de sus negocios lucrativos de las donaciones internacionales.
Los asesinados de la manera más brutal del pasado 19 de septiembre eran miembros de las familias que trabajaban en la construcción de una planta cementera en la aldea y conformaban un comité de las víctimas del terrorismo causado por las ONG.
El CUC y demás ONG se ensañan contra las empresas (cementeras, hidroeléctricas, mineras) y contra sus trabajadores, que operan en el país llevando el progreso, generando empleo, construyendo escuelas y centros comunitarios, capacitando a los trabajadores y a los vecinos de los lugares donde construyen sus plantas. Sin embargo, a los “defensores de los DD.HH”. Les provoca rabia y odio la prosperidad ajena porque sería el fin de sus negocios lucrativos de las donaciones internacionales.
No obstante, hay esperanzas de que todo esto no suceda en los demás países que deben tomar en cuenta todos los errores cometidos en el proceso de la mal llamada “paz” en Guatemala. La comunidad internacional, sobre todo los donantes europeos de las organizaciones guatemaltecas, deben estar conscientes de que están financiando el crimen organizado y el terrorismo legalizado que van a seguir sucediendo mientras exista este financiamiento.
Al fin, los ciudadanos europeos tienen que exigir a sus Gobiernos la rendición de cuentas del gasto de sus propios impuestos.
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