English Version
Cerca de la Noche Buena, la Justicia argentina nos dejó un presente lleno de incógnitas: fueron absueltos el ex Presidente Fernando de la Rúa y otros siete acusados por el caso de coimas en el Senado. Los involucrados estaban acusados de haber pagado sobornos en el año 2000 para aprobar la ley de flexibilización laboral, en un contexto de gobierno dividido encabezado por De la Rúa.
Cuando se juzgó la responsabilidad del expresidente y los otros senadores recordé el concepto de “accountability” como la obligación que tienen las autoridades de rendir cuentas por los actos de sus gobiernos (lo que sucedió con De la Rúa y los senadores en este caso). La accountability se puede dividir en dos: vertical y horizontal.
La primera, tomando definiciones de Enrique Perunzzotii y Catalina Smulovitz en su artículo “Controlando la política. Ciudadanos y Medios en las Democracias Latinoamericanas.”, se refiere al control sobre lo que hacen las autoridades que ejerce la ciudadanía (de manera vertical de abajo hacia arriba). Tiene dos tipos: el electoral (cuando la ciudadanía controla premiando o castigando en las elecciones la administración anterior) o el que nos concierne en este caso: la accountability social.
Se refiere al control vertical que efectúa la ciudadanía basado en las acciones de movimientos sociales, ONGs o Asociaciones civiles que controlan a las autoridades monitoreando su comportamiento, exponiendo y denunciando tanto en la justicia como en los medios las acciones ilegales e imponiendo costos de reputación y simbólicos sobre los gobernantes.
La segunda, la accountability horizontal, según el gran Guillermo O´Donnell en su artículo “ Accountability horizontal: la institucionalización legal de la desconfianza política”, se refiere a la disponibilidad de instituciones legalmente autorizadas para llevar adelante el control sobre las acciones o no acciones, presumiblemente ilegales, de otras instituciones estatales. Este control es de tipo horizontal porque se da en un mismo nivel (el de las instituciones) y es intra poder, porque es ejercido de una institución a otra.
En otras palabras, en ambos casos se controlan las acciones de las autoridades pero en la vertical social el control lo lleva adelante la ciudadanía y en la horizontal lo realizan instituciones estatales específicas para ello.
Ahora, con el caso de las coimas en el Senado y particularmente con De la Rúa, se ve claramente que la accountability social funciono a la perfección. Salió a la luz el escándalo por las coimas posteriormente “confirmado” por la renuncia del entonces vicepresidente Carlos “Chacho” Álvarez. Tanto los medios como una ciudadanía indignada se percataron de ellos, y el escándalo que generó fue sin duda el primer factor que comenzó el deterioro del gobierno, deterioro que tiempo más tarde ya no tendría vuelta atrás.
Esto significó una perdida simbólica en la imagen honesta de De la Rúa y costos de reputación tanto para él como para su equipo.
Sin embargo, ¿Qué sucede con la horizontal? Cuando se supone que la accountability vertical debe activar los mecanismos “con dientes” que son aquellas otras instituciones encargadas de ejercer el control sobre las que cometieron las faltas, la realidad no dio el mismo resultado.
Las instituciones no mostraron el dinamismo que requería el caso: el juicio llego a su fin trece años después de haberse ventilado los hechos y aunque la Oficina Anticorrupción había pedido seis años para el ex presidente y otros periodos para los ex senadores (después de haber investigado y deliberado) todos fueron absueltos por no encontrar pruebas suficientes para probar los sobornos, que según los jueces, no existieron.
Pero la salida de un vicepresidente (Chacho) y de otros tantos senadores apartados de un gobierno que gozaba de cierta popularidad allá por el 2000 y en consecuencia una Alianza en el poder hecha añicos ¿sucedió por algo que no existió?
En cualquier caso, un hecho de corrupción, presumiblemente de los más graves que puede cometer una autoridad por ser intencional, en mi opinión, debe ser resuelto de la manera más rápida y efectiva posible porque trece años después ya no tiene el mismo efecto y habla de la mala calidad de instituciones de control.
Y aunque esto debería haber llegado a su fin, a mí me queda un sabor amargo. Hay dudas y creo que esto es lo peor. Más allá de cuál es la verdad de los acontecimientos (no estoy convencida de si existieron o no), ahora descreo de la Justicia. Y no puedo generalizar el sentimiento, pero sé que la mayoría de ustedes también lo hace.
No creer en la Justicia nos deja en una situación huérfana y solitaria porque sabemos que deberíamos confiar en ella. Estamos hablando en este caso de debilidad institucional de esta rama, una de las tres “patas” que sostienen la mesa de un país. Algo que claramente no debería suceder pero que muestra que, más allá de este caso, la corrupción está impregnada en el entramado institucional argentino (cualquiera de las ramas o poderes) y que ensombrece cualquier resolución.
Necesitamos limpieza y aire puro. Aunque podemos argumentar que la ciudadanía está teniendo más incidencia en el control, la rama institucional aún necesita evolucionar y trabajar mejor, de manera rápida y dinámica, sobre todo en casos de importancia crucial para un país.
Y finalmente, como cada año cuando llega a su fin, los deseos para el que viene: paz, amor y felicidad con un agregado: transparencia y dinamismo para las instituciones, por favor.
A no perder las esperanzas: tarde o temprano ¡todo llega!
