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Una pareja de panameños fueron detenidos por autoridades venezolanas y juzgados en tiempo récord por la supuesta comisión del delito de contrabando de extracción y sentenciados a 18 años de prisión, en medio de un episodio que a todas luces fue una artimaña para extorsionarlos.
Se trata de Jessica Díaz y ÓScar Rivera, un matrimonio panameño que tomó un crucero que los llevó a las costas venezolanas y al desembarcar allí decidieron ir a la capital, Caracas, a hacer compras, en compañía de un taxista al que ya conocían.
Díaz denunció a través de diario panameño La Prensa que la habían tenido presa durante una semana, después que fueran detenidos por autoridades militares del país suramericano. Ella y su esposo arribaron a Venezuela el pasado 3 de mayo, al puerto de La Guaira. El argumento para la detención fue que supuestamente habían adquirido productos restringidos.
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A partir de allí, comenzó la pesadilla de siete días que tuvieron, y que se solucionó, gracias a la intervención de las autoridades diplomáticas de Panamá.
“No vayan a Venezuela, si no quieren pasar la horrible experiencia que yo viví. Allí no respetan los derechos humanos…” relató Rivera, entre lágrimas, al diario La Prensa, con quienes compartió su experiencia de cómo una simple compra de productos “con queratina” para el cabello le costaron a ella y su esposo el pago de una extorsión, un juicio express y seis días de prisión injustificados.
Después de haber comprado los productos en Venezuela, regresaron a La Guaira, el principal puerto de ese país, para abordar el crucero de regreso a Panamá. Antes de subir al barco fueron detenidos por militares quienes procedieron a revisar sus maletas y decomisar los productos de belleza que habían comprado.
El 5 de mayo fueron presentados ante un tribunal, donde les preguntaron si tenían abogados, a lo que Díaz respondió que no, pero de inmediato el juzgado resolvió y llegaron dos abogados privados, cuando la realidad es que en Venezuela, a quienes no cuentan con una defensa privada, el Estado los asiste con la defensa pública.
A esos abogados debieron pagarles US$ 800 por la “defensa”, que no fue más que una farsa, pues la Fiscalía solicitó pena máxima de 18 años de prisión por el delito de contrabando de extracción, a lo que el juez de la causa, diligentemente accedió, a pesar de que la pareja se declaró inocente y valiéndose del desconocimiento de la legislación venezolana.
“Yo iba para la cárcel de mujeres y mi esposo y el taxista para la cárcel de El Rodeo, que es donde están los privados de libertad más peligrosos de ese país”, indicó la joven panameña.
No sólo tuvieron que pagar a unos abogados, sino que el juez de la causa también les pidió US$ 1.500 para liberarlos. Tampoco les permitieron hacer una llamada, pero fue gracias a una funcionaria de menor rango que le prestó una tableta a Díaz que ella pudo comunicarse con su familia en Panamá y contarles lo que les estaba sucediendo en Venezuela.
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Después de aquella comunicación con Panamá, se presentó el embajador de Panamá en Venezuela, Miguel Mejían al comando militar donde los tenían detenidos. Fue allí que después de conversaciones directas con la canciller venezolana Delcy Rodríguez, la pareja de panameños y el taxista que los acompañaba fueron liberados.
Fuente: La Prensa.
