En Guatemala, posiblemente 2015 será recordado como el año en que explotaron los mayores escándalos de corrupción en el Gobierno. Los cimientos del poder se han visto afectados por las redes de mafias que han desfalcado el erario y que han dejado al país con una grave crisis institucional, y a la población padeciendo las consecuencias de esa ambición.
El sector salud es uno de los más golpeados por la depravación económica del país centroamericano. PanAm Post conversó con el ministro de Salud Pública, Mariano Rayo, quien explicó cómo prepara el terreno para que el próximo 14 de enero, el recién electo presidente Jimmy Morales pueda tomar las riendas del país.
Rayo llegó al despacho de Salud Pública hace apenas 61 días, en medio de la crisis desatada por las investigaciones de corrupción hechas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) que hizo tambalear al Gobierno del expresidente Otto Pérez Molina.
¿Qué recibirá el presidente Jimmy Morales al asumir el Gobierno el 14 de enero?
Espero que una mejora de la que tenemos actualmente. Nuestro compromiso, en esta gestión de transición, son cuatro puntos: aplicar un régimen de austeridad absoluta en todos los gastos superfluos encontrados e identificados; ordenar la casa y limpiarla, con ordenarla nos referimos a tomar control de la parte financiera y administrativa del ministerio, y con limpiarla nos referimos al combate directo a la corrupción que ha carcomido los mismos cimientos del Ministerio de Salud Pública y de sus 83 unidades ejecutoras; y entregar un presupuesto para 2016 que responda a las necesidades económicas de los servicios de salud de Guatemala. Yo creo que ese es el compromiso, es por lo que estamos trabajando los que estamos actualmente.
¿Con qué se consiguió al llegar al ministerio?
Básicamente un ministerio colapsado, sin gestión financiera y presupuestaria, con una serie de deudas, no sólo con proveedores, que al día de hoy son US$71,8 millones (550 millones de quetzales), nóminas no pagadas al personal de los hospitales, al personal, desfinanciamiento total de todos los servicios de salud; así que cuando asumí, definitivamente la situación era crítica, como lo ha dicho el presidente Alejandro Maldonado, estaba en una franca caída libre que básicamente lo que nos ha tocado es estabilizar, para recuperar y entregar esta casa más limpia y más ordenada.
El presidente decretó la emergencia y la Procuraduría de Derechos Humanos anunció que había solicitado una investigación al Ministerio Público por el desvío de recursos y corrupción. ¿En qué se desviaron los recursos?
Lo primero es que debemos darle todo el apoyo a los informes de la Procuraduría de Derechos Humanos, que contienen información verídica, no podemos ocultar la verdad. Algo que venía sucediendo, descalificando los informes del procurador de los derechos humanos. Por el contrario, yo le ratifico que los informes reflejan la realidad de la situación del sistema de salud de Guatemala.
Efectivamente hay varios procesos, varias denuncias, y aquí quiero decirle que nosotros hemos hecho lo propio, a través de auditorías especiales.
Tercero, en relación con las estructuras paralelas, tenemos que diferenciar entre las estructuras de gestión en salud paralelas, y las estructuras criminales paralelas, y ha habido una confusión.
En las estructuras técnicas de gestión paralelas ya no son 23, sino 24. El día de ayer identificamos otra que realmente es patética.
¿Cómo funcionaban estas estructuras?
Básicamente duplicaban o triplicaban lo que en ley, la estructura del ministerio tiene identificadas como Unidades Técnicas, Unidades de Gestión, Unidades de Epidemiología, eso es del aspecto técnico, entonces, básicamente muchas de ellas, la mayoría, fueron creadas para satisfacer puestos políticos, incorporar personal que por algún favor o alguna situación, necesitaban un espacio y se crearon a través de acuerdos ministeriales y que básicamente lo que hacían era aceptar a la gente y cobrar salarios o en los casos más grotescos, utilizaban la información de las unidades técnicas institucionales, le ponían otro nombre, le cambiaban el orden a la cosa y lo presentaban como propios. Eran totalmente redundantes. Eso, desmantelarlas, ha permitido ahorros sustantivos en el presupuesto y también la recuperación de la institucionalidad.
¿Y las estructuras criminales?
El tema criminal ya tiene que ver con estructuras de cobro, de pago, de contrataciones que básicamente estaban lideradas por personas nombradas directamente desde la Casa Presidencial, en algunos casos también por diputados o por alcaldes, y lo que hacían, básicamente, era gestionar compras, contrataciones, pagos de servicios inexistentes, pagos o entregas de insumos inexistentes, o a lo peor que hemos visto, al robo descarado de insumos y medicinas que después eran revendidas, bien sea en el mercado privado, o vueltas a revender al mismo ministerio.
De los 44 hospitales públicos de Guatemala, habían cerrado 5 por falta de insumos y recursos. ¿Cómo está la situación al día de hoy?
Básicamente han cerrado las llamadas consultas externas, y también las cirugías electivas y la razón era por falta de insumos, falta de medicamentos, y en algunos casos no se les había cancelado a los médicos y a los enfermeros o al personal técnico. De esas cinco, al día de hoy martes, tres mantienen cerradas las consultas externas y las cirugías electivas, las otras dos ya se abrieron porque se ha atendido cada una de las demandas.
¿Qué parte de la población se atiende en la red de salud pública de Guatemala?
Hoy por hoy estamos entre 50% y 60% de las personas que están accediendo al sistema de salud; no necesariamente porque el otro 40% sea atendido dentro del sector privado, y es fundamental que esto se destaque, porque la capacidad institucional del ministerio no da para más.
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¿La capacidad instalada para cuánto es?
El presupuesto y la capacidad instalada no nos dan para más, teníamos un máximo de capacidad hoy de atender 60% de la población.
Hay un fenómeno que si quisiera destacar, es que recientemente tenemos estratos medios y medios bajos que han llegado a nuestra red de salud pública a utilizar los servicios, y esto debido al concepto anclado en Ley de una garantía de gratuidad absoluta de los servicios de salud y entonces ha venido a cargar más las capacidades limitadas del ministerio.
Tenemos un presupuesto asignado de US$783,7 millones (6 mil millones de quetzales), que se aclare que es el asignado, que eso no es la asignación absoluta de recursos, se sabe que Guatemala está pasando una crisis financiera fiscal bastante profunda y por lo tanto, descontando el pacto colectivo de trabajo y el pago de planilla, para atención tendremos entre US$451 miilones y US$496 millones. El resto está completamente comprometido.
¿Qué tipo de mafias funcionaban que llevaron al Ministerio a la situación actual?
Hay que aceptar que el ministerio estaba tomado por los llamados “mercaderes de la salud”, es un término que describe el lucro desmedido a partir de la salud en Guatemala, no sólo son aquellas empresas que fueron señaladas dentro de los casos penales del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), sino también tenemos otras que han tenido fracturando al ministerio. Por ejemplo, productores únicos que dictan las reglas de los despachos, sin que el ministerio haya tenido hasta la fecha de poder renegociar o establecer otras condiciones de compra. Muchos de estos proveedores únicos son de productos o insumos esenciales. Su ausencia o falta en los hospitales deriva en la muerte de los pacientes.
¿Cuál debería ser la primera medida del nuevo Gobierno para atajar la crisis y en cuánto tiempo el sistema de salud de Guatemala podría tener un nivel aceptable?
La intención de esta gestión es entregarle al presidente electo los servicios básicos en salud restablecidos. Sobre eso estamos trabajando para el 14 de enero. Con el fin de que el señor presidente electo y su Gobierno tengan un punto de partida mejor al que nosotros tenemos en este momento. Eso significa tener un presupuesto estructurado en 2016, acorde a las necesidades reales del ministerio. No estoy hablando de montos, de cantidades, sino por lo menos asignado donde más se requiere. Si se mantiene una línea de trabajo, en 4 años el sistema de salud podría estar en condiciones suficientemente estables para atender no sólo 60%, sino probablemente 70% u 80% de la población.
Su reflexión acerca de la situación de corrupción que ha afectado a Guatemala
La corrupción en salud mata. Le voy a dar un ejemplo, tenemos casos del robo de bombas de fumigación para el caso de vectores, chickungunya, dengue. El no contar con ese insumo para salir a los caseríos, los barrios, a eliminar los vectores, generan enfermedades que derivan en muertes de niños. Tenemos, por ejemplo que un proveedor único que no le dé mantenimiento a los ventiladores para los neonatos, genera un instrumento que mata aun niño. Toda la corrupción es mala, pero en la salud mata. Esta pone en riesgo la vida de las personas y eso ya lo estamos documentando.
¿Piensan solicitar una investigación?
Ya el Ministerio Público y la Cicig anunciaron que han colocado el tema de la corrupción en salud como una de sus áreas prioritarias de trabajo. Se ha dicho claramente que las puertas, las ventanas y las gavetas de este ministerio están abiertas para las investigaciones y la sanción que corresponda, porque esta situación ya no debe continuar.