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EnglishEn Guatemala, 2015 será recordado como uno de los años en los que la estallaron la mayor cantidad de escándalos de corrupción de la era contemporánea de ese país centroamericano. Las investigaciones adelantadas por el Ministerio Público en coordinación con la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig) trastocaron el nivel más alto del poder, hasta lograr que el expresidente Otto Pérez Molina presentara su renuncia y rindiera cuentas ante la justicia.
Hoy en día, 95% de la población aprueba las acciones emprendidas por la Cicig, que nació como una demanda de la ciudadanía ante la descomposición institucional que corrompió al poder durante 30 años y que desde la Organización de Naciones Unidas buscó darle respuesta a las demandas de justicia de ese país.
En menos de dos meses, las autoridades lograron encarcelar al ex presidente Otto Pérez Molina, a su ex vicepresidenta Roxana Baldetti, su ex secretario privado Juan Carlos Monzón, y al ex presidente del Congreso, Pedro Muadi. La lista sigue y las pesquisas no se detienen.
«Todas estas acciones de desmantelamiento que se han producido dentro de las redes de corrupción que había en Guatemala, han sido gracias a la existencia de un organismo independiente como la Cicig. La corrupción había capturado muy efectivamente todas las instituciones del Estado y la labor del señor Iván Velásquez ha sido fundamental para romper ese cerco de captura, con el apoyo de la ciudadanía», expresó Manfredo Marroquín, presidente de la organización Acción Ciudadana de Guatemala.
Siete meses de tambaleos
La Cicig comenzó a funcionar en Guatemala en 2007, pero sin duda alguna, el golpe más duro a la corrupción lo dio el pasado 16 de abril, cuando se destapó el escándalo de defraudación aduanera, mejor conocido como el caso «La Línea».
Más de 30 funcionarios de distintos organismo cayeron en las investigaciones y al final, Pérez Molina pasó a ser apenas la punta del iceberg. De ahí para abajo, funcionarios de cargos medios y bajos terminaron descubiertos por apropiarse de fondos públicos, a través de su una red de cobro de comisiones para importar y cobros de impuestos.
«La lista de los corruptos es larga. Todo el Estado está lleno de corrupción. Prácticamente ninguna institución quedó fuera de ese esquema de corrupción que nos Gobernó durante muchos años. Pero es cosa de tiempo para que se vayan desmantelando esas redes; hay que entender que la Cicig tampoco tiene todos los recursos del mundo. Es un proceso lento», advirtió Marroquín a PanAm Post.
Después de la caída de Pérez Molina, Baldetti y su secretario privado, por el caso La Línea, la semana pasada le tocó el turno al ex presidente del Congreso Pedro Muadi, quien también aparece como presunto responsable en el desvío de fondos públicos, a través de la creación de 25 puestos de trabajo fantasmas, cuando presidió el ente legislativo, en 2013.
Muadi, al igual que el ex presidente Pérez Molina, fue despojado de su inmunidad por una decisión de la Corte Suprema de Justicia, el pasado 20 de octubre. Al día siguiente renunció a su cargo como diputado y el pasado viernes fue llevado a prisión por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita y peculado. Este miércoles deberá comparecer en su audiencia de declaración.
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La misma semana pasada la fiscal general de la República, Thelma Aldana, y el presidente de la Cicig, Iván Velásquez, anunciaron la detención de 11 funcionarios más, implicados en un nuevo escándalo de corrupción, esta vez, relacionado con el cobro de comisiones ilícitas por otorgar contratos por compras de medicinas y servicios médicos, a través del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS).
En total, serían 13 los ex funcionarios implicados, y los actos de corrupción habrían sido cometidos durante la gestión del ex presidente Álvaro Colom, entre 2008 y 2012. De hecho, uno de los implicados, y que es requerido por la justicia guatemalteca es Gustavo Alejos, quien fue secretario de la Presidencia de la gestión previa a la de Pérez Molina.
Este lunes, el viceministro de Seguridad de Guatemala, Elmer Sosa, señaló que analizan la posibilidad de ofrecer una recompensa a quien colabore con la captura de Alejos, quien además fue incorporado como solicitado en la alerta de Interpol, en 190 países, desde el pasado 30 de octubre, por la presunta comisión de los delitos de asociación ilícita, tráfico de influencias y cohecho activo.
«La ciudadanía lo pidió y el trabajo comenzó a hacerse, de allí sale el respaldo que ahora tiene la Cicig. Ahora, con el apoyo ciudadano y las investigaciones, esas redes de corrupción han comenzado a replegarse y a perder poder, por eso es que vemos que van cayendo una tras otra; porque antes estaban confiados, pero les cambió el esquema de juego, ya no más impunidad», señaló Marroquín.
Pese al gran apoyo con el que cuenta la Cicig, como ente investigador en Guatemala, sus detractores (donde se cuenta el propio ex presidente Otto Pérez Molina) han señalado que se trata de un brazo injerencista de Estados Unidos y la ONU para controlar el Gobierno guatemalteco.
Sin embargo, la encuesta divulgada este lunes por un diario local, señala que 97% de los entrevistados considera necesario que el organismo continúe funcionando en Guatemala, mientras que otro 96% recomienda al recién electo presidente Jimmy Morales que extienda el período de vigencia de las labores de la Cicig, hasta después de 2017, que es cuando se vence su permiso de gestión.
«Defender la soberanía de un país, plagado por la corrupción, no tiene ninguna lógica. La gente en Guatemala pidió la Cicig y el Gobierno lo gestionó ante Naciones Unidas. Eso no fue una imposición extranjera y más bien ahora pedimos que continúe», comentó el presidente de la ONG Acción Ciudadana.
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