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Continúa la polémica entre los periodistas panameños sobre la pertinencia de que se discuta en la Asamblea Nacional un anteproyecto de ley que busca regular la actividad periodística y de los reporteros gráficos en ese país centroamericano, conocido como la ley 015.
Su presentación, hecha en julio de 2015 por el diputado del partido Panameñista (Gobierno) Juan Moya, hizo ruido, por contemplar sanciones de cárcel para todos aquellos profesionales de la comunicación que ejerzan ilegalmente (ilegalmente según los parámetros que ellos desean establecer), y otra serie de castigos impositivos hacia el ejercicio del periodismo, como limitar a los extranjeros a ejercer la profesión en el istmo únicamente por dos años.
Tres meses después de la presentación, hasta el propio presidente de Panamá, Juan Carlos Varela, le sugirió al diputado Moya que retire su anteproyecto, por considerarlo sin consenso entre las partes involucradas y afectadas.
Hasta los momentos, los impulsores del texto no han logrado convencer a la mayoría de que su contenido sea propiamente para promover las reivindicaciones laborales, y no para cuidar puestos de trabajo, como se ha pensado.
En nombre de la necesidad de que se dignifiquen los salarios y las condiciones laborales, el proyecto de ley 015 aprovecha para restringir al máximo el ejercicio de una profesión tan universal como el periodismo.
El texto contempla la figura de una suerte de grupo tripartito, constituido por el Colegio Nacional de Periodistas, el Sindicato Nacional de Periodistas y una Comisión Técnica Académica de Periodismo, y entre estas tres instancias se encargarían de vigilar todo lo referente a la actividad periodística, convirtiéndose en una suerte de censores de la profesión.
Desde el Colegio de Periodistas de Panamá se convocó a una vigilia que se realizó este martes 13 de octubre frente a la Asamblea Nacional, y el resultado fue una escasa participación. De hecho, ni siquiera el diputado Moya, que tanto ha insistido en la necesidad de discutir el proyecto, apareció en el acto.
Recientemente, la delegación que representó a Panamá en la 71° Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), celebrada este mes en Estados Unidos, alertó al organismo sobre las intenciones de los gremios periodísticos de limitar la libertad de expresión, de penalizar el ejercicio del periodismo para quienes no se agremien, y de excluir a los extranjeros de las redacciones panameñas, lo que además fue catalogado por el vicepresidente de Asuntos Informativos de TVN Noticias, Temístocles De Obaldía, como un indicio de xenofobia.
El peligro surge cuando, en nombre de un capricho, se intenta violentar libertades básicas
En ese encuentro de la SIP, otra de las voces que se alzó fue la Claudio Paolillo, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, quien advirtió que ni siquiera en Venezuela (donde tenemos atropellos contra la libertad de expresión por montones) existe una ley que meta preso a nadie por ejercer el periodismo. El Gobierno podrá valerse de cualquier otra artimaña legal para amedrentarnos, pero no con una ley.
Al final, la ley ha sido duramente criticada por directivos de medios y hasta por periodistas de distintos medios de comunicación, quienes no están de acuerdo con la propuesta de Moya y los gremios.
Intenté conversar nuevamente con el diputado Moya para saber por qué insisten en promover una ley que ha tenido tantas críticas, pero solo me entendí una vez con su asistente y unas siete veces más con su contestadora.
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Cuando surgió la controversia por el proyecto presentado, el parlamentario nos dijo que la idea era saber cuántos periodistas extranjeros ejercíamos en Panamá, y que después de aprobada la ley, ese lapso de dos años para estar en el país se podría resolver de otra manera, sin explicar a qué se refería.
Ya desde esos días, desde el propio Gobierno se desligaron de la iniciativa y desde el ministerio de la Presidencia se emitió un comunicado en el cual el ministro Álvaro Alemán señaló que cualquier iniciativa que estuviese orientada a regular las libertades de expresión y comunicación debía ser ampliamente consultada y debatida.
Al final, nos gustaría saber cuál es el verdadero sentido de la ley y hacia quién está dirigida, porque si en realidad se tratara de un reclamo por el derecho que tienen los periodistas panameños a trabajar con mejores condiciones económicas y laborales, estoy segura que no habrá ningún colega, nacional o extranjero que se niegue a apoyar la iniciativa. Pero el peligro surge cuando, en nombre de un capricho, se intenta violentar libertades básicas.
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