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Después de varios meses de mora por parte del Poder Ejecutivo de Panamá, y presiones de la sociedad civil y las organizaciones no gubernamentales, finalmente parece que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del istmo tendrá magistrados nuevos pronto, y que para su selección, habrá una consulta pública. Al menos eso fue lo que explicó el ministro de la Presidencia, Álvaro Alemán, en entrevista con el diario La Prensa.
“Yo espero primero ver el decreto o la resolución presidencial, a través de la cual se establece puntualmente el mecanismo”, expresó Carlos Lee, presidente de la organización Alianza Ciudadana Projusticia.
El vocero de la ONG señaló que justamente en la última reunión del Pacto de Estado por la Justicia, que se celebró hace 15 días, le habían planteado el representante del Ejecutivo que asistió, que en el próximo encuentro, que está pautado para el jueves 15 de octubre, presentara el método que se utilizaría para la escogencia de los tres magistrados de la CSJ.
Hasta ahora, nadie sabe cuáles han sido las razones por las que el presidente Juan Carlos Varela no se decidía a trabajar en la escogencia de los magistrados. El Ejecutivo tiene la responsabilidad de seleccionar a las personas que reemplazarán a los jueces Harley Mitchell, Víctor Benavides, y también a quien ocupará la vacante del exmagistrado Alejandro Moncada Luna, encarcelado y sentenciado a cinco años de prisión por los delitos de enriquecimiento injustificado y falsificación de documento.
Sin embargo, Annette Panells, del Movimiento Independiente de Panamá (Movin), celebró el anunció hecho por Alemán, de que en los próximos días comenzará el proceso de escogencia de los representantes que faltan en la CSJ.
“Celebramos que la decisión se haya tomado, que van a hacerlo abierto, para que las personas que lo consideren vayan a participar, y que nos van a dar las organizaciones la oportunidad de hacer un escrutinio de la lista de nombres que se presenten, y que ellos preseleccionen”, expresó a PanAm Post la representante de la ONG.
En las declaraciones del ministro Alemán, se asegura que bajo el método de la consulta solo se llenarán las vacantes de Mitchell y Benavides, pero que en el caso de Moncada Luna, será exclusivamente el Poder Ejecutivo el que haga la escogencia, pues la persona que lo sustituirá ocupará el cargo solo hasta 2019, cuando vencía el período del exmagistrado.
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Esta iniciativa fue cuestionada por Lee, quien advirtió que en el Pacto de Estado por la Justicia, creado en 2005, se estableció que la selección para todas las vacantes que se produjeran sería mediante la consulta, por lo que señaló que no debe haber separación en ambos casos.
“Para nosotros el tema de cuántos años va a estar el magistrado no es lo que amerita o deja de ameritar la consulta popular, y por eso en el Pacto de Estado por la Justicia no hace diferencia de que sean 10 años, sino dice expresamente el acuerdo que cuando se produzca una vacante, no importa la razón: se le venza el plazo, porque se muera el magistrado, porque renuncie, o por cualquier motivo, se debe hacer una consulta”, señaló el experto.
No obstante, Planells aseguró que también hubiesen querido que en este caso se aplicara el mismo mecanismo de selección, pero considera que lo importante es que se nombre al reemplazo. “No será un magistrado que esté por 10 años, sino por el tiempo que le restaba a Moncada Luna. Estos espacios se van ganando paso a paso, y quisiéramos que nos enfocásemos en este logro tan significativo para la sociedad civil, que es el proceso participativo, con tiempo para poder hacer un escrutinio profundo de los candidatos que podrían ocupar tan alta nominación”, dijo la representante de Movin.
Finalmente, ambos representantes de las ONG panameñas señalaron que lo importante es que se comience a rescatar la credibilidad en las instituciones del Estado, y más en el máximo órgano de justicia del país centroamericano.
“En la reunión con los magistrados de la CSJ el viernes pasado, hicimos un pliego de seis peticiones bien específicas, porque en la sociedad ya no confiamos en los magistrados, no confiamos en la Corte Suprema de Justicia, y no confiamos en nuestro órgano judicial, entonces nosotros elaboramos una lista de seis puntos y esperamos que nos den respuesta lo más pronto posible”, expresó Planells.
Entre las peticiones que se le hicieron a los magistrados están la elaboración de un plan de acción para combatir la mora judicial y que haya transparencia en el manejo de cada expediente; se sepa en que despacho está y cuánto tiempo lleva allí, por ejemplo.
Asimismo, Lee considera que es necesario que haya un compromiso político de todas las fuerzas del Estado y la sociedad civil, para adecentar la credibilidad del órgano judicial en Panamá.
