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El reto para el nuevo Gobierno de Guatemala será rescatar la institucionalidad del Poder Ejecutivo que se vio seriamente afectada a raíz del escándalo de corrupción develado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), en el que se determinó que hasta el expresidente Otto Pérez Molina formaba parte de la red de estafas y defraudación aduanera, conocido como el caso “La Línea”.
Así lo señaló el director de la ONG Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín, quien advirtió que la persona que asuma el cargo de presidente, después de la segunda vuelta electoral, pautada para el próximo 25 de octubre, tendrá la responsabilidad de obrar para que se desmantelen todas las estructuras mafiosas enquistadas en dentro de los organismos públicos.
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“La institucionalidad del Ejecutivo quedó muy erosionada, pero en cambio, el resto de los Poderes Públicos salieron fortalecidos ante este episodio, porque se demostró, por primera vez, que se podía someter a juicio al más alto cargo político que se podía tener en el país”, aseguró Marroquín.
En tan solo 10 días Guatemala atravesó una serie de cambios políticos que pasaron por el retiro de la inmunidad de su presidente, hasta un proceso electoral que tuvo una participación histórica y con resultados nada esperados. Todo en la más absoluta calma. Sin embargo, este país centroamericano demostró al mundo entero la importancia de que exista independencia absoluta en los Poderes Públicos.
“Creo que fue clave para el proceso la participación de las nuevas generaciones, que estuvieron muy activas en las calles. El pueblo probó que es soberano y que cuando quiere ejercer esa soberanía tiene el poder para sustituir a quien no obedece. El poder no es una chequera en blanco y los políticos deben ser responsables de sus actos, porque en Guatemala nadie está dispuesto a soportar más actos de corrupción”, enfatizó el director de Ciudadanía Activa.
Durante la primera vuelta de las elecciones, celebrada el pasado 6 de septiembre, el Tribunal Supremo Electoral anunció que la victoria parcial era del humorista Jimmy Morales, del partido Frente de Convergencia Nacional, que nunca estuvo dentro de los favoritos.
«En Guatemala vivimos una revolución ciudadana desde el pasado 16 de abril, muy parecido a lo que ha sido la Primavera Árabe, con sus particularidades, lo que provocó que la ciudadanía descubriera con asombro que el Estado estaba manejado por mafias y que esas mafias habían llegado allí por los votos. El resultado de las investigaciones del Ministerio Público y la CICIG hizo que la gente se animara y se volcó a las urnas a votar contra la clase política tradicional», explicó el profesor Edgar Gutiérrez, director del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos.
El experto aseguró que a partir de ahora, la responsabilidad del nuevo Gobierno será rescatar el Estado y hacer que cumpla sus funciones básicas y que se garantice que la población tendrá garantizados sus derechos básicos, como la salud, la educación y la seguridad.
Al menos tres meses tras las rejas
La tarde del lunes el juez Miguel Ángel Gálvez, titular del juzgado Primero de Mayor Riesgo B, decidió ratificar la medida de prisión preventiva contra el ex presidente Otto Pérez Molina, tras las tres audiencias de declaración y después de haber escuchado los alegatos del Ministerio Público.
Pérez Molina está detenido desde el pasado jueves, después de haber renunciado a su cargo. La orden del tribunal es que debe permanecer en el cuartel militar de Motamoros, mientras el Ministerio Público presenta la acusación por los tres cargos que le imputaron al expresidente.
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Ahora, Pérez Molina tiene la misma condición jurídica que desde hace tres semanas enfrenta la ex vicepresidenta de su Gobierno, Roxana Baldettí, quien también está ligada a la red de corrupción y defraudación aduanera conocida como “La Línea”.
De acuerdo con un boletín informativo de la Cicig, el juez Gálvez dicto la medida de prisión preventiva por considerar que existe peligro de obstaculización a la investigación de la verdad, al considerar el cargo tan relevante que tenía Pérez Molina, pues el jurista consideró que el expresidente podría influir en el desarrollo de las pesquisas.
Para sustentar su decisión, el juez Gálvez declaró en la audiencia que “con la información obtenida se evidencia que existía una relación entre Salvador Estuardo González y Roxana Baldetti (…). No está acreditado que González haya tenido un cargo en el Gobierno para que exista una relación con la ex vicemandataria” y a su vez se refirió a una de las intercepciones telefónicas en las que se evidenció que hubo una reunión entre Pérez Molina y Salvador Estuardo González, lo que lo involucra directamente en la red.
Pérez Molina es acusado de presuntamente haber cometido los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y defraudación aduanera, por los que podría enfrentar hasta 20 años de prisión, si es hallado culpable.
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