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EnglishReventó el escándalo del Hacking Team en Panamá, pero la diferencia entre el país centroamericano y otras naciones como Ecuador, México, Paraguay, o Colombia, donde también se dice que los Gobiernos adquirieron programas de la compañía italiana, es que en este episodio aparece mencionado el expresidente Ricardo Martinelli, quien tiene ya varios expedientes acumulados por supuestos casos de corrupción ocurridos durante su gestión.
En esta oportunidad, investigaciones hechas por medios locales señalan que desde la Fiscalía Primera Anticorrupción de Panamá se inició una averiguación por la compra y posterior desaparición de los equipos de espionaje adquiridos por el Gobierno de Martinelli, a la compañía italiana Hacking Team, y a la israelí NSO Group.
La gestión Martinelli sale salpicada también, después que a principios de julio fueran violentados los sistemas de Hacking Team y se hicieran públicos los correos de los mercenarios digitales con representantes de varios Gobiernos del continente, que los buscaron con la intención de adquirir programas para espionajes telefónicos.
En total, se dice que Panamá pagó al menos US$750 mil desde la Oficina de Seguridad de la Presidencia para la adquisición de material informático destinado a realizar actividades de espionaje a las comunicaciones de adversarios políticos, medios de comunicación y personalidades del país.
“Lo poco que se ha sabido hasta ahora resulta muy grave, porque fueron autoridades panameñas que procedieron para la adquisición de ese material que no era con el propósito de cumplir funciones del Estado, sino de violar derechos humanos, como el derecho a la privacidad. Además fue una adquisición mal habida y clandestina que se hizo con la complicidad de otras personas que siguen impunes”, expresó a PanAmPost el analista político Miguel Antonio Bernal.
En el caso de Panamá, a las investigaciones iniciadas por el Ministerio Público se le suma una querella que presentó Rolando López, secretario ejecutivo del Consejo de Seguridad Nacional contra Julio Moltó, Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, por la supuesta comisión de delitos contra la administración pública y la seguridad colectiva.
Tanto Pérez como Garuz están detenidos desde enero de 2015 por estar supuestamente implicados en las escuchas telefónicas a más de 150 personas cometidas durante la gestión de Martinelli, cuando ambos exfuncionarios fueron secretarios ejecutivos del mismo organismo que ahora interpone la querella.
Cazador cazado
El ex presidente Ricardo Martinelli se ha quejado en reiteradas oportunidades, a través de su cuenta de Twitter, sobre el seguimiento que la gente le hace, mediante la publicación de fotografías en restaurantes, paseos y hasta en el aeropuerto de Miami desde que abandonó el país el pasado 28 de enero.
Sin embargo, no hace mención alguna a su obsesión de espiar a sus principales adversarios políticos y toda la inversión que su Gobierno supuestamente hizo para lograr este objetivo.
“La información que se va publicando es apenas la punta del iceberg, lo que sucede es que el Gobierno de Martinelli se encargó de establecer mecanismos jurídicos que facilitan la impunidad y la no investigación. Esta es una situación en la cual al daño que ya se le había hecho a la economía del país, ahora se suma el daño moral con la impunidad de la que disfruta Martinelli, que evadió a los tribunales de justicia y ahora está amparado en Estados Unidos”, comentó Bernal.
Entre los datos revelados por los correos entre las autoridades panameñas y los de Hacking Team, un funcionario del Gobierno de Martinelli habría supuestamente escrito que que los equipos que habían llevado a Panamá “habían desaparecido”.
Sin embargo, se determinó que la transmisión de datos no cesó aún hasta después que se realizaron las elecciones presidenciales de mayo de 2014.
Una de las alertas advierte que la empresa italiana advirtió a Panamá que el contrato vencía el 31 de mayo de 2014, pero que el Gobierno les había solicitado una extensión.
Habrá que esperar un nuevo pronunciamiento de las autoridades del Ministerio Público para saber de qué manera podrían afectar estos nuevos datos el proceso que se sigue contra Martinelli.
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