
EnglishLa Corte Suprema de Guatemala solicitó al Congreso de ese país que se levante la inmunidad del presidente Otto Pérez Molina, con la intención de que se le dé curso a una investigación contra el mandatario por supuestos hechos de corrupción.
La decisión del máximo tribunal de ese país fue dada a conocer por el presidente del organismo, José Baquiax, según reportaron los medios de comunicación.
El juez explicó que la solicitud de antejuicio fue hecha por el diputado opositor Amílcar Pop, quien pidió que se investigue al presidente guatemalteco por el escándalo de corrupción con los recursos del Seguro Social de ese país.
Baquiax aseguró a los medios que se trató de una decisión “unánime” de la Corte, por lo que remitieron la solicitud al Congreso, que ahora deberá constituir una comisión que será la encargada de decidir si es prudente o no retirar el fuero al presidente de Guatemala, en vista de que su mandato culmina en enero de 2016.
Esta comisión, que tendrá la responsabilidad de tomar la decisión, estaría integrada por cinco diputados del Congreso, que tendrán que elegirse en un sorteo que se realizará en una sesión extraordinaria, posiblemente este mismo jueves, según explicó Luis Rabbé, presidente del organismo guatemalteco.
“El proceso es el mismo cuando se dio con lugar el trámite de antejuicio contra la exvicepresidenta”, declaró Rabbé a los medios de Guatemala, haciendo referencia al caso de Roxanna Baldetti, quien fuera vicepresidenta del país centroamericano hasta el pasado 8 de mayo, cuando renunció a su cargo “por motivos personales”, pero al mismo tiempo es investigada por estar vinculada con una red de fraude aduanero, en el que estaría implicado Juan Carlos Monzón Rojas, secretario privado de la exfuncionaria.
El diputado opositor Amílcar Pop presentó ante el Ministerio Público la solicitud de investigación contra el presidente Pérez Molina el pasado 22 de mayo, basándose en la relación del mandatario con Juan de Dios Rodríguez, quien fuera su secretario privado y posteriormente, en 2013, designado presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pérez Molina llegó a la presidencia de Guatemala en 2012.
Hasta los momentos, las autoridades de ese país han logrado la detención de al menos 17 personas, entre funcionarios y particulares, por el escándalo de corrupción del Seguro Social de Guatemala. La información aportada por los investigadores señala que estas personas estarían implicadas en la adjudicación irregular de un contrato por 15 millones de dólares a un consorcio privado mexicano para que se encargara de la atención de pacientes con insuficiencia renal.
Guatemala tiene dos meses atravesando una crisis política, en la que sus ciudadanos se han volcado a las calles a solicitar la renuncia, primero de Baldetti, y posteriormente de su presidente Ottó Pérez Molina.
En abril de este año, el mismo diputado opositor había solicitado que se investigara a Pérez Molina por el mismo caso de defraudación fiscal del que se señaló a la exvicepresidenta Roxana Baldetti, pero en el caso del Presidente, la Corte Suprema de Justicia desestimó la solicitud y no le dio curso.
El miércoles, después que se supo la decisión de la Corte Suprema, José Ortega, portavoz de la presidencia de Guatemala, aseguró que “es un proceso legal, va para una segunda instancia al Congreso, y vamos a estar a la espera de la resolución de dicho organismo”.
La reacción del Ejecutivo guatemalteco ante la explosión de los escándalos de corrupción y las masivas protestas que han colmado las calles de ese país ha sido la destitución de varios de sus ministros.
Entre las personas que han sido detenidas por los recientes hechos están precisamente Rodríguez, el expresidente del Seguro Social y allegado de Pérez Molina; y el ex Superintendente Tributario de ese país, Omar Franco.
En el caso de Baldetti, antes de que presentara su renuncia, las autoridades de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala habían decidido que la cantidad de menciones que había sobre ella en las escuchas telefónicas que se hicieron para fundamentar las investigaciones eran elementos suficientes para abrir un antejuicio en su contra y retirarle la inmunidad.