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EnglishHoy, el diario La Nación publica un artículo referido a la discrecionalidad que el Gobierno nacional posee en cuanto a la repartición de fondos públicos a las provincias, que las más de las veces se usa para aumentar, con fines políticos, las asignaciones de fondos coparticipables que éstas reciben de manera automática por un índice definido por ley. El artículo resalta los fondos que recibió la provincia kirchnerista por excelencia, Santa Cruz, en comparación con otras provincias menos afines al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.
El artículo explica cómo las provincias de Buenos Aires, Santa Cruz, La Rioja y Jujuy reciben el 30,6% de todos los fondos que se distribuyen entre las 24 provincias del país, y cómo las desigualdades en la signación de los fondos se agudizan cuando las cuentas se hacen en términos per cápita.
El tema de la coparticipación en Argentina es un problema que viene arrastrándose desde 1994, cuando con la reforma constitucional de ese año se estipuló la sanción de una nueva ley de coparticipación que siguiera los nuevos principios constitucionales. El plazo para sancionarla era de dos años. Sin embargo, hace ya 18 años que los legisladores argentinos no cumplen con un deber que se les ha impuesto constitucionalmente.
Aparte de la debilidad del particular concepto de estado de derecho que rige entre nuestros representantes, generalmente la necesidad de la redistribución de los recursos se basa en la idea de que hay provincias que no pueden valerse por sí mismas, que no son suficientemente productivas para sostener su gasto público.
Hace un tiempo asistí a la exposición de un paper titulado “¿Provincias fallidas? Desafíos de la correspondencia fiscal en Argentina” durante el V Congreso Latinoamericano de Ciencia Política. Los autores, Roberto Dania y Constanza Mazzina, planteban el problema de la correspondencia fiscal en el país y de la capacidad (o incapacidad) de las provincias de valerse por sí mismas en el caso de un rediseño del sistema tributario argentino sobre la base de este principio.
El trabajo muestra que efectivamente las provincias en esta situación fallida son ocho de veinticuatro. Pero, ¿no habrán influido las décadas de subvención negativamente sobre la capacidad productiva de estas provincias? Los gobiernos habituados a recibir dinero del gobierno nacional, ¿no carecen de incentivos para impulsar la productividad de las actividades en su territorio? Y sobre todo, como sostienen los autores del trabajo, si los gastos de las provincias se financian con ingresos fiscales provenientes del gobierno central, ¿no pierden los gobiernos provinciales el incentivo por mantener en un punto sostenible al gasto público? ¿No es este desincentivo a mantener la disciplina en el gasto público provincial una de las causas fundamentales del aumento sistemático de los impuestos que paga la ciudadanía?
Y es que el hecho de que actualmente existan provincias “fallidas” no implica que sean inviables, que no puedan mejorar su situación financiera con una revisión de sus cuenta o de sus políticas.
Como sostuvo Friedrich Hayek y otros prominentes economistas de tendencia liberal, la intervención del gobierno sólo desvirtúa la economía. ¿Cómo calculamos cuánto daño le ha causado a la economía la existencia de tributos en múltiples niveles de gobierno y la transferencia discrecional de recursos por parte del gobierno central?
Recordemos además que la discrecionalidad permite que la corrupción y el clientelismo proliferen: Cuanto más dinero en manos de los políticos, más oportunidades de manejo ilícito de los mismos.
El debate político argentino, como siempre, se desvía hacia cuestiones que en caso de resolverse, no traerían ningún beneficio tangible a los ciudadanos. Invertimos una enorme cantidad de tiempo y energía en tratar de optimizar la coparticipación, la distribución de los fondos entre el gobierno nacional y los provinciales. Pero, ¿por qué no nos preocupamos por la marañan de tributos que se le exigen a los ciudadanos y que es en gran parte alimentada por el desorden fiscal ocasionado en las provincias por el sistema de coparticipaciones en sí mismo? ¿Por qué no debatimos la urgente necesidad de una simplificación del sistema tributario? ¿No nos preocupa la incapacidad del emprendedor de realizar su actividad con un mínimo de seguridad jurídica en cuanto al tema fiscal?
Dejemos de debatir cómo el gobierno provincial o el nacional se reparten nuestro dinero. Pensemos mejor de qué forma reducir la capacidad del aparato de gobierno en general para gravar nuestra actividad económica, y de simplificar el sistema tributario de manera que lo que desvirtúe lo menos posible los incentivos para el crecimiento y el desarrollo.
