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El martes pasado, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitó a la Asamblea Nacional una Ley Habilitante que le otorgue poderes para gobernar por decreto durante un año, con el fin de combatir la corrupción y la “guerra económica” que, a su criterio, libra la oposición venezolana.
Hace meses, Venezuela se ve afectada por un desabastecimiento de productos básicos que el presidente decidió negar y denominar en cambio “guerra económica”. Maduro declaró en reiteradas ocasiones que su gobierno es víctima de un complot organizado por la oposición y las grandes empresas, que buscarían así desestabilizar al gobierno. Incluso, llegó a utilizar la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) para acusar al canal Globovisión de realizar una propaganda política desestabilizadora, abriendo un procedimiento sancionatorio luego de que la televisora transmitiera un programa especial sobre el desabastecimiento y la situación económica del país. Globovisión podrá afrontar una multa de hasta un 10 por ciento de sus ingresos anuales por “causar zozobra pública”.
Es que Venezuela está cumpliendo una década de control de cambios, durante la cual la venta de dólares estuvo estrictamente controlada por la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi). Esta política, cuyo fin ha sido siempre evitar el desfinanciamiento del tesoro nacional, ha provocado que actualmente el dólar paralelo se cotice hasta siete veces más caro que el dólar oficial.
Luego de la asunción de Maduro, la situación se ha tornado insostenible dada la caída de los ingresos por las exportaciones de petróleo y el aumento de las importaciones, causadas a su vez por el estancamiento de la producción nacional. La demanda de dólares continúa en aumento y el empresariado local encuentra mucho menos costoso importar los productos antes que producirlos.
En el medio, surgieron otros problemas adicionales, como el denunciado por la oposición hace pocos días en la aduana venezolana. Según se señaló, la infraestructura que permite el ingreso de mercancías extranjeras al territorio venezolano no está preparada para soportar tantos bienes como los que se importan actualmente e, incluso en un período tan crítico en materia de alimentación como el actual, los trámites burocráticos aduaneros y las restricciones a la adquisición de dólares para el pago de las importaciones ocasionan el desperdicio de toneladas de alimentos en el puerto.
En los años previos, el gobierno había contraído deuda para solucionar la demanda de dólares, pero actualmente ya no dispone de financiamiento internacional, como se confirmó en la última visita de Maduro a China. Adicionalmente, Venezuela ha acumulado en lo que va del 2013 un 33% de inflación, según su Banco Central, por lo que los venezolanos que adquieren dólares buscando refugiarse de la depreciación del bolívar, causada por una expansión monetaria descontrolada, también alimentan el problema.
Maduro ha optado por negar esta situación. Su principal excusa para solicitar los poderes habilitantes, es combatir la corrupción en la que se vio envuelto su gobierno desde su asunción en abril pasado. Sobre todo, los que afectan a la CADIVI, la cual posee el poder de otorgar las autorizaciones para la compra de moneda extranjera en momentos críticos en los que el empresariado necesita dólares para importar los bienes faltantes.
Es decir que para el gobierno, el caos económico que afecta al país no es resultado del dirigismo que se implantó en Venezuela durante la era chavista, sino de la corrupción que no permite funcionar bien este sistema centralizado. Así, se enjuician funcionarios de segunda línea.
Pero a pesar de la negación del problema por parte del gobierno, los venezolanos deben soportar en muchos casos, largas esperas para poder conseguir productos básicos, como leche, harina, aceite y papel higiénico. La situación hasta causó dos muertes en el interior del país, en donde la población se ve más afectada por los faltantes.
La Ley Habilitante requiere la aprobación por parte de las tres quintas partes de la Asamblea Nacional. El oficialismo no llega a este número, pero se estima que no será difícil alcanzarlo: falta solo un legislador. De ser aprobada, la ley otorgará los poderes desde finales de este año; en las próximas semanas, Venezuela definirá si continuará profundizando el problema económico o – quizás – comenzar a plantear soluciones alternativas.
