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Bolivia desembolsa 25.000 bolivianos mensuales a seis expresidentes y dos exvicepresidentes como “reconocimiento pecuniario” (diez salarios mínimos nacionales actuales), según el SENASIR. En la lista figuran Carlos D. Mesa, Jaime Paz, Evo Morales, Jorge Tuto Quiroga, Enrique Rodríguez Veltzé, Guido Vildozo Calderón, Álvaro García Linera y Víctor Hugo Cárdenas; la única excluida es Jeanine Añez. Esto equivale a aproximadamente 2.4 millones de bolivianos al año que salen del bolsillo de toda la población para mantener un privilegio político.
Yo me pregunto, ¿en qué momento la oportunidad de “servir al país” devino en un “ingreso perpetuo”? La vocación de servicio debería medirse en resultados, no en cheques mensuales sin fin. Si estos exmandatarios asumieron el poder con la promesa de transparencia, ética y eficiencia, su reputación —cuando es sólida y coherente— les abriría puertas en la consultoría internacional, la academia o el sector privado. Grandes empresas, universidades y ONGs buscan expertos en gestión pública, entre otros temas de los cuales tendrían conocimiento y serían especialistas; es absurdo creer que un expresidente no podría sumarse al mercado laboral con un buen currículum y un historial limpio.
Comparado con otros países, donde las pensiones presidenciales suelen limitarse al tiempo en el cargo o al cumplimiento de ciertos requisitos de antigüedad, nuestro modelo resulta desproporcionado. En Chile, por ejemplo, los exjefes de Estado cobran una pensión moderada solo si cumplen con edad y años de servicio. ¿Por qué Bolivia insiste en mantener un estatus tan privilegiado? El debate va más allá de números, pone en juego principios de justicia fiscal y de igualdad ante la ley. Mientras una familia promedio lucha por llegar al salario mínimo teniendo ya más de un 30% de perdida adquisitiva por la inflación causada por el MAS, el Estado destina millones de bolivianos anuales a respaldar esta “jubilación de oro”.
La reputación de un líder verdaderamente ejemplar es su mejor aval. Un exmandatario con historial impecable, que rinda cuentas y genere confianza tendrá un reconocimiento público y profesional, esa es la verdadera recompensa. No un pago automático e indefinido. Y es que no se trata de castigar a nadie, sino de devolverle coherencia al sentido de ser un funcionario público.
Hago un llamado en esta etapa preelectoral a debatir para que el nuevo gobierno reforme la Ley Nº 376 y que la pensión vitalicia presidencial se anule (situación de la que ningún candidato a hablado hasta el momento). Ningún ciudadano debería recibir un ingreso estatal de por vida. El servicio público es una etapa más en la carrera de un profesional, no un salvavidas para siempre. Asimismo, esta medida colaboraría a disminuir el déficit fiscal en el país. Es urgente alinear estos incentivos: un presidente debe rendir cuentas por su legado, no vivir a costa del Estado toda su vida.
Queremos líderes motivados por el bien común y no por garantizarse un retiro “soñado”, es hora de exigir reformas.
