El martes 6 de abril se llevará a cabo la audiencia de preclusión que solicitó el fiscal Gabriel Jaimes en el caso contra Álvaro Uribe Vélez, donde deberá demostrar ante la juez 28 de conocimiento de Bogotá, que el expresidente de Colombia no incurrió en el delito de compra de testigos y fraude procesal.
Los principales protagonistas de este pleito judicial se verán las caras ante la juez 28 de conocimiento, Carmen Helena Ortiz. Estará el fiscal Jaimes argumentando la solicitud de preclusión del proceso contra Uribe, con base en lo recogido en estos seis meses que lleva el caso en sus manos.
En este tiempo, el fiscal Jaimes estudió las pruebas que recolectó la Corte Suprema que sí encontró a Uribe responsable de esos delitos, pero además, por su lado recolectó nueva evidencia como el computador portátil que decomisó el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) al testigo estrella del caso, Juan Guillermo Monsalve.
Jaimes, coordinador de los fiscales delegados ante la Corte Suprema, empezó a recaudar pruebas que no se habían tenido en cuenta, como la declaración del exparamilitar Juan Carlos ‘el Tuso’ Sierra. Este afirmó que los congresistas Iván Cepeda y Piedad Córdoba fueron hasta la cárcel, en Estados Unidos, para buscar testimonios contra el expresidente Uribe a cambio de darle asilo a su familia en Francia o Suiza.
Los antecedentes
La solicitud de preclusión es una batalla más de esta guerra política y judicial que enfrenta al senador Iván Cepeda y al expresidente Álvaro Uribe Vélez. El origen se dio en un debate de control político –citado por Cepeda– sobre el paramilitarismo en Colombia, el cual estaba direccionado contra Uribe. Ese día, el 17 de septiembre de 2014, el exmandatario abandonó el recinto del Congreso y fue ante la Corte Suprema de Justicia a denunciar a Cepeda por ofrecer beneficios a presos a cambio de enlodarlo.
Uribe pasó de denunciante a acusado cuando el magistrado José Luis Barceló consideró que no había mérito para investigar a Cepeda y, por el contrario, abrió un proceso contra Uribe.
Lo que encontró la Fiscalía
Entrevistas, declaraciones, pruebas técnicas y nuevos testigos forman parte del material probatorio recogido por la Fiscalía desde septiembre. No obstante, hay una serie de pruebas que ha sido clave en esta nueva etapa: los dispositivos electrónicos y de comunicaciones del condenado Monsalve.
Sobre Deyanira Gómez
Una pieza fundamental es el computador de Monsalve. Semana reveló en exclusiva un documento de 34 páginas con información detallada, con fecha del 25 de marzo y elaborado por agentes del CTI de la Fiscalía. En total, hay 87 archivos de Word, 66 en formato PDF, 517 gráficos, 4 archivos de Excel y 14 archivos de video. También encontraron palabras clave como: La Veranera, Cepeda, Deyanira, Uribe, Santiago, Lombana, Guacharacas y Caliche.
Uno de estos términos, o mejor, un nombre, es protagonista en este proceso. Se trata de la expareja de Monsalve, Deyanira Gómez, médico de profesión. Sobre ella, uno de los nuevos testimonios, el del abogado Héctor Romero –primer defensor de Monsalve y amigo personal de Deyanira– reveló que ella viajó al exterior como medida de protección gracias a las gestiones del magistrado José Luis Barceló, quien llevaba el caso contra Uribe en la Corte Suprema de Justicia. Y hay un dato sobre el cual tienen puestos los ojos las autoridades: ella habría tenido una relación con un exintegrante de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que fue procesado por homicidio y sería el padre de su hija mayor.
La exfiscal Hilda Niño como testigo
En esta etapa, desfilaron por los pasillos de la Fiscalía testigos que no fueron escuchados en la Corte Suprema, o si rindieron declaración, su testimonio no fue considerado. Es el caso de la exfiscal de Justicia y Paz, Hilda Niño, quien ha dicho que desde la Fiscalía, en la administración de Eduardo Montealegre, se fraguó un complot contra el expresidente Uribe y su hermano Santiago. La misión: demostrar que tenían vínculos con los paramilitares.
Las mafias involucradas
Los investigadores se llevaron, por ejemplo, la declaración que diera en junio de 2014 Carlos Enrique Areiza, un exparamilitar que primero denunció supuestos vínculos de Luis Alfredo Ramos, exgobernador de Antioquia, con jefes de los paramilitares y que luego salió a decir que había sido presionado por Iván Cepeda para declarar en contra de los hermanos Álvaro y Santiago Uribe Vélez, y José Obdulio Gaviria, entre otros personajes del partido Centro Democrático. Finalmente se retractó de lo que había dicho sobre Cepeda y fue condenado por falso testimonio. En 2018, Areiza fue asesinado.
Y entonces, ¿qué sigue?
Las persecuciones judiciales a los enemigos políticos no son nuevas. Las izquierdas lo han hecho muy bien en países como Argentina, donde deformaron la historia, construyeron números de víctimas y generaron un inmenso discurso de derechos humanos para perseguir, por ejemplo, a los militares.
Esto se está replicando a la letra de la mano del tribunal construido para la impunidad de las FARC: la JEP. Dicho organismo ya enterró sus colmillos en el comandante de la Operación Jaque, así como en varios otros militares.
Mientras no se ponga luz sobre el discurso usado hoy de los derechos humanos, y se señale su operatividad ideológica con contundencia, no solo a Álvaro Uribe Vélez, sino un larga lista de ciudadanos de la patria, podrían terminar en la cárcel, fruto de esta pérfida estrategia de la izquierda.
El próximo martes
La venganza de las FARC contra Uribe por la aplicación de la política de Seguridad Democrática se veía venir por algún lado, tras casi 5 décadas de apoyo desde sectores de la política nacional, que hasta el año 2002, hacían ver al secretariado como intocable.
Habrá que ver si con este caso se concreta esa iniciativa izquierdista o si sale a la luz lo que Cepeda –político pro FARC– ha pretendido hacer por años.