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Este martes fue condenado por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, en concurso homogéneo, utilización indebida de información privilegiada y tráfico de influencias, quien llegó a ser el hombre más poderoso de la Poder Judicial colombiano. El exmagistrado Francisco Ricaurte viene de familia política y tuvo un hermano, a quien le decían Naruto, que fue condenado por narcotráfico. Pasó por la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y por “la puerta giratoria” llegó al Consejo Superior de la Judicatura.
El juez 10 de conocimiento de Bogotá condenó al expresidente de la Corte Suprema Francisco Ricaurte por ser integrante del denominado ‘Cartel de la Toga’. Durante la audiencia, fueron expuestos los puntos más importantes del caso de la organización criminal que supuestamente Ricaurte habría conformado al interior del sistema judicial.
Lo delató uno de sus socios
Francisco Ricaurte fue salpicado por el exfiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno, quien era su amigo personal, abogado de varios congresistas investigados en la Corte Suprema de Justicia y el encargado de llevar los potenciales “clientes” del ‘Cartel de la Toga’, escándalo que en síntesis buscaba engavetar las investigaciones contra los aforados a cambio de millonarios sobornos.
Lo que el juez del caso (Guillermo Adame Suárez) estaba investigando era la acusación de la Fiscalía, entidad que señaló al exmagistrado Ricaurte de promover y dirigir una organización criminal entre 2013 y 2016. Y eso no lo hizo solo. También se ha señalado al exmagistrado Leonidas Bustos, al exfiscal anticorrupción Moreno, al abogado Leonardo Pinilla y el exmagistrado de la Sala Penal Gustavo Enrique Malo Fernández. Todos actuaban para direccionar procesos penales a cambio de dinero.
El contexto
Francisco Ricaurte fue capturado en 2017 por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias de particulares y utilización indebida de información oficial privilegiada en calidad de interviniente en procesos judiciales.
A lo que apuntaban las investigaciones era a que Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos conseguían los clientes del ‘cartel’, entre los que se encuentran Álvaro Ashton, Musa Besaile, Juan Carlos Abadía, Alejandro Lyons y Julio Manzur. Los servicios que prestaban desbordaban en varias estrategias, desde consecución de información privilegiada, instrumentalizar medios de comunicación para restar credibilidad a testigos, hasta alterar evidencias.
La posible pena que se le impondrá
La Fiscalía pidió que se le condene a 286 meses de prisión y que la pena se cumpla en centro carcelario. Igualmente, que se le imponga una multa de 562 salarios mínimos. Esto en atención a lo que la Fiscalía llamó la gravedad extrema de las conductas por las que fue procesado.
La fiscal del caso señaló que Ricaurte Gómez hizo parte de la Corte Suprema y el Consejo Superior de la Judicatura y tenía la obligación de proteger a la administración de justicia. Dijo que al conformar una organización criminal puso en riesgo la misma seguridad pública.
La pregunta
¿Si una lamentable situación como esta se da en una corte que gozaba de legitimidad por la manera cómo fue creada y su historia al servicio de la rama judicial, que podríamos esperar de una corte sesgada y conformada para la impunidad como la JEP?
