Hasta este sábado la Fiscalía tiene plazo para decidir si acusa o solicita la preclusión del proceso que inició la Corte Suprema de Justicia contra el expresidente de Colombia Álvaro Uribe Vélez. El fiscal designado, Gabriel Jaimes, contaba con 120 días para emitir una decisión.
Este proceso “comenzó en febrero de 2012 cuando el exmandatario demandó por supuesta manipulación de testigos al senador Iván Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo (PDA), que en esa época preparaba una denuncia en el Congreso en su contra por presuntos vínculos con el paramilitarismo”, reporta la agencia EFE.
Curiosamente, las cosas se complicaron para Uribe cuando el magistrado José Luis Barceló, que fue quien recibió el caso en la Corte Suprema, no solo lo archivó sino que decidió abrir una investigación a Álvaro Uribe por la misma causa por la cual demandaba a Cepeda, al estilo ilegal de la práctica que aplicaba el exmagistrado Carlos Gaviria de la Corte Constitucional, “contra petita” (contra la petición).
Un ataque en bloque contra Uribe
Sin embargo, fue de público conocimiento que Cepeda recorrió el país hablando con presidiarios, a quienes les preguntaba de manera particular sobre Uribe Vélez, algunas de estas entrevistas fueron grabadas, publicadas y son de conocimiento de la ciudadanía en general.
En 2018, se conoció que más 21000 interceptaciones le fueron hechas al expresidente Uribe. Esta semana su partido denunció que “la Corte Suprema de Justicia interceptó ilegalmente comunicaciones al señor expresidente Uribe. No obstante que, desde el CTI de la Fiscalía General de la Nación, advirtieron de manera temprana al despacho que la persona a la cual escuchaban era Álvaro Uribe Vélez y no Nilton Córdoba Manyoma”.
Juan Guillermo Monsalve, testigo clave del caso ha reconocido públicamente en un video de una hora y 38 minutos que no dijo la verdad en sus declaraciones a la justicia.
¿Qué está pasando hoy con Cepeda?
Ante el paso de la causa de la Corte Suprema a la Fiscalía, la libertad que le fue concedida a Uribe el 10 de octubre pasado y un sin número de información que han circulado contra la posición que ha defendido Cepeda, han sido bastante curiosas las acciones del senador del Polo Democrático.
Esta semana Cepeda ha desplegado una dura campaña de difamación en sus redes contra el fiscal designado, Gabriel Jaimes.
Recordemos que “la Fiscalía asignó a principios de septiembre a Gabriel Jaimes Durán como fiscal especial del caso y será él quien decidirá si se acusa a Uribe o solicita la preclusión del proceso”, reseña EFE.
El senador izquierdista ha publicado decenas de trinos, unos más desesperados que otros, en los que afirma que, por ejemplo, “Gabriel Jaimes no es fiscal, es el defensor de Álvaro Uribe”, o incluso que si la decisión del fiscal Jaimes no está debidamente sustentada, quedará la percepción de que Uribe recibe un trato privilegiado.
Lo que sigue
Si bien es cierto que la rápida evolución de las nuevas izquierdas en el país ha desplegado fuerte oposición de sectores de derecha que no se sienten representados por Uribe en temas como ideología de género o aborto, donde sus posiciones han sido flojas, también es cierto que para la izquierda del marxismo clásico, representada por el binomio Cepeda-FARC, la Seguridad Democrática fue una política “abominable” que los ocupa en destruir a como dé lugar a quien la simboliza en el país: Álvaro Uribe Vélez.
Lo que pase este sábado es para alquilar balcón, por las implicaciones que tendrá para Colombia en uno u otro sentido de la decisión.