
Bajo la administración de uno de los alcaldes más corruptos de Colombia en toda su historia, Samuel Moreno del Polo Democrático (partido de izquierda), se llevó a cabo la operación de mafias en contratos más profunda y desvergonzada hasta esa fecha conocida en el país.
Titulares de prensa, libros, revistas y todo tipo de información circuló sobre el llamado Carrusel de la Contratación, que influyó en atascos de tráfico permanentes en la ciudad por cuenta del robo de los recursos para la construcción de la tercera fase del sistema de transporte Transmilenio en la capital.
Esto produjo un retraso en las obras de más de tres años y muchos robos más en proyectos por toda la ciudad. Recomiendo el libro El cartel de la contratación de Felipe Romero para conocer cómo operaron esos mafiosos.
Samuel Moreno, quien fue destituido y llevado a la cárcel, fue la muestra de lo que significa en la práctica una administración de la izquierda y lo que se avecinaba para la patria al haber abierto la democracia a una agrupación con tal enanismo político, como lo es el Polo Democrático.
Pero el desastre producido no paro ahí
Mientras el cartel de la contratación operaba a sus anchas comandado por alias ‘la doctora’, como se le conocía al exalcalde entre sus contertulios, desde su Secretaria de Salud se llevaba a cabo una de las persecuciones judiciales más feroces contra un hospital por defender su derecho a la objeción de conciencia, al evitar asesinar a un niño en el vientre, respetando el derecho supremo a la vida.
Esto redundó en una sentencia desde el Tribunal de Cundinamarca contra el hospital.
¿Qué está pasando con el Tribunal de Cundinamarca?
Desde hace varios años viene siendo contundente el populismo judicial y la dictadura de los jueces de ese tribunal que con doble racero falla en muchos casos con sabor ideológico.
Por ejemplo “en el caso de Odebrecht, el tribunal falló una acción popular presentada por el procurador Fernando Carrillo en enero de 2017 en contra del Consorcio Ruta del Sol II por violar la “moralidad pública”.
Pero no se viola en nada para ellos la “moralidad pública” al condenar a un hospital por no practicar el asesinato de un niño por nacer.
Es importante resaltar que la moralidad pública en la administración pública, está determinada por normas que fijan las funciones, obligaciones y prohibiciones de los servidores públicos.
Pero también y sobre todo son el conjunto de valores éticos vigentes en la sociedad.
En defensa de la vida
El hospital San Ignacio trató de defenderse jurídicamente, pero en segunda instancia el Consejo de Estado en su sala de lo contencioso administrativo sección primera, ratificó la sentencia.
El “crimen” del hospital fue porque “el personal médico optó por ordenar la práctica de varios exámenes y continuar haciendo seguimiento al caso, sin haber autorizado la IVE”.
Es un caso de pretendido aborto eugenésico, asesinar al niño que “no queremos”, cuando los médicos simplemente buscaron adelantar más estudios para verificar la gravedad de las patologías del bebé.
La Corte debería saber que a un hospital se supone que se va a salvar vidas, en fidelidad al juramento hipocrático, no a asesinarlas.
La guerra semántica
Para quienes no saben que es el IVE, en el argot del globalismo es la deformación lingüística del asesinato del niño en el vientre para que al ciudadano de a pie le suene aceptable y no como lo que es: un crimen, por esto lo titulan como “interrupción voluntaria del embarazo”.
Sin embargo, no es una interrupción porque el niño asesinado no lo pueden volver a reconectar al vientre de la madre después del procedimiento. Y la mayoría de las veces no es voluntaria, sino que estas pandillas ideológicas están encima de la mujer que confundida accede a las pretensiones de terceros, a asesinar a su propio hijo.
Lo que sigue
Entonces surge la siguiente pregunta: si el uso del termino IVE está en manos de los jueces y del gobierno, que es la legitimación del asesinato del más indefenso, y en nombre de esa ficción jurídica se apostata del derecho a la vida, que en otros sectores los mismos grupos dicen defender, como en el caso de los líderes sociales asesinados, ¿entonces en manos de quién estamos?
Si los jueces apostataron de la Constitución Nacional al darle la espalda al derecho supremo a la vida, es imperativo que el pueblo despierte y se levante ante estos abusos que ahora, son cada vez más atrevidos y constantes por parte de una rama secuestrada por las izquierdas. Que legitima a como dé lugar, asesinar a las nuevas generaciones.
Estamos matando nuestro propio futuro, la única esperanza que nos quedaba de tener un mejor país más adelante.
¿En manos de quién estamos?