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El régimen de Maduro ha pisoteado la carta magna en reiteradas ocasiones. Además, ha tomado medidas económicas que atentan contra las finanzas de Venezuela. En esta oportunidad, la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente (ANC) aprobó una cuestionable normativa: la Ley Antibloqueo. La legislación le otorga al líder la posibilidad de pactar convenios económicos y petroleros fuera de la Constitución y le da luz verde para hacer lo que le plazca en materia económica, sobre todo en la petrolera.
Dicha ley se convierte en la excusa perfecta que le permite a Maduro «inaplicar» normas legales. El chavismo sostiene que la medida está destinada a contrarrestar las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos, pero en realidad se trata de una «carta blanca» para que, por ejemplo, activos expropiados por el régimen sean «objeto de alianzas con privados».
«El Ejecutivo Nacional podrá modificar los mecanismos de constitución, gestión, administración y funcionamiento de empresas del Estado, públicas o mixtas, tanto en el territorio nacional como en el exterior”, indica la nueva ley. El texto también declara como “secretos y reservados” todos los actos derivados de su aplicación, por lo que el régimen de Maduro no estaría obligado a someterse a control alguno. De hecho, la norma no fija mecanismos para rendición de cuentas previas ni auditorías, solo indica que la Contraloría chavista podrá tener acceso «posterior» a información si lo solicita.
¿Qué dicen los economistas?
Especialistas en materia económica aseguran que la ley aprobada servirá como excusa para entregar a Venezuela a poderes extranjeros. Con esta normativa la tiranía de Maduro podrá tomar decisiones sin que sean aprobadas por la legítima Asamblea Nacional de Venezuela. Por ende, países aliados de la tiranía podrían hacerse de los recursos y riquezas venezolanas.
«A discreción del Ejecutivo, podría entregársele el país entero y las empresas del Estado a países como China, Rusia, Cuba, Irán o Turquía, saltándose a la torera todo el ordenamiento legal venezolano», ha señalado el economista José Toro Hardy en su escrito publicado en Analítica. Comentó además que la inestabilidad económica, política y social que impera en Venezuela está a la vista. Por lo tanto, un régimen bajo esas condiciones, no es capaz de dar garantías. «Quien sea tan torpe de caer en la tentación, está advertido: perderá sus inversiones porque estas dependerían de un instrumento jurídico a todas luces inconstitucional y nulo de toda nulidad», subrayó.
En efecto, el documento muestra la disposición del Gobierno de entregar activos y ofrecer especies de privatización, así como cambios que les permitan seguir reteniendo el poder en un entorno internacional muy adverso con la «dinámica de las sanciones». Así lo afirmó el socio director de Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros.
En este sentido, agregó, “Además hace ley el tema de la opacidad. No nos vamos a enterar de las condiciones en cómo esos activos se entregaron, cómo se pagaron, cómo va a ser la composición accionaria. Eso nos va a pasar factura al futuro”, advirtió a Noticiero Digital.
No es la primera vez
Al hacer un breve repaso histórico, se evidencia que Maduro ya ha logrado obtener facultades extraordinarias bajo la excusa de siempre: «luchar contra el imperio», claro.
En 2013, el tirano solicitó poderes especiales a través de la Ley Habilitante. En 2015 hizo lo mismo al pedir facultades legislativas extraordinarias para aprobar «Leyes Antiimperialistas». En esa oportunidad la Asamblea Nacional, de mayoría chavista, lo autorizó para legislar y combatir las sanciones anunciadas por el entonces presidente de EE. UU., Barack Obama. Muchos de los legisladores que conformaban la Asamblea Nacional de ese entonces son los mismos que integran hoy la ilegítima ANC.
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