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Un juez de la Audiencia Nacional solicitó al Tribunal Supremo de España investigar a Pablo Iglesias por delitos en el “Caso Dina”, que involucrarían descubrimiento, revelación de secretos, daños informáticos y denuncia falsa.
El Caso Dina, que salpica a Iglesias, surgió luego de que en 2015 su entonces asesora denunciara el robo de su teléfono celular. Con el pasar de los años se descubrió que el supuesto hurto habría sido un montaje protagonizado por el ahora vicepresidente de España.
Se trata del juez Manuel García Castellón, quien entregó 63 folios al Supremo y también pide investigar a la actual vicepresidente tercera del Congreso y exjefa del equipo legal Gloria Elizo, y a los abogados del partido Podemos, Marta Flor y Raúl Carballedo, por los mismos delitos.
De acuerdo con el diario ABC de España, el magistrado relata que Iglesias actuó de manera consciente y planificada fingiendo ante la opinión pública y ante su electorado haber sido víctima de un hecho que sabía inexistente pocas semanas antes de unas elecciones generales.
El diario El Español explica bien el caso: «Dina Bousselham, ex asesora de Pablo Iglesias, denunció el robo de su móvil en noviembre de 2015. En julio de 2016, OKDiario publicó pantallazos de la tarjeta de memoria del teléfono de Dina y ella amplió la denuncia, pero no reveló que su jefe político, Pablo Iglesias, tenía en su poder la tarjeta desde enero de 2016, cuando se la dio el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio».
«Hay dos posibles delitos por los que el juez ya ha hallado indicios de criminalidad en Pablo Iglesias (…) uno es contra la intimidad, por guardarse la tarjeta de memoria procedente del móvil de su exasesora en el Parlamento Europeo, Dina Bousselham. Y otro es el de obstrucción a la Justicia, ya sea por denuncia falsa o por destrucción de material informático», señala el diario El Español.
El magistrado relata que bajo las instrucciones dadas por Iglesias, y con el beneplácito de la dirección de la asesoría jurídica de Podemos, presentaron la desaparición del teléfono de Dina «como un encargo realizado por el Gobierno del PP al ex comisario Villarejo, para publicar en el digital OK Diario, en el contexto de una campaña para perjudicar a Iglesias, y por ende a Podemos».
Según el juez, Iglesias recibió la microtarjeta de memoria en buen estado, se la llevó y durante un tiempo la tuvo en su poder. Posteriormente, la tarjeta se dañó y ahora está inservible. «La única explicación posible, a partir de los indicios recabados, para entender la inoperatividad de la tarjeta, es que los daños se causaran mientras estaba en poder del Sr. Iglesias, pues la micro tarjeta funcionaba en el momento en el que el sr. Asensio se la entrega, y ya no lo hace cuando el sr. Iglesias se la devuelve», dice el juez.
Pablo Iglesias y Podemos hundidos en escándalos
El pasado 30 de septiembre una exsenadora de Podemos denunció a este partido por el delito de blanqueo de capitales. Se trata de Celia Cánovas, una abogada que formó parte de la militancia morada entre 2015 y 2019.
Según Cánovas, «efectuó en el mes de enero de 2018 dos transferencias, por un monto total de 3 000 euros», sin embargo, en 2019 el tesorero de Podemos dijo que la exsenadora había aportado unos 5 000. «Hay una diferencia de 2 000 euros, entre lo donado al partido y lo que figura en la referida certificación», señala la denuncia.
La Justicia española también investiga si Podemos recibió dinero ilícito de Evo Morales luego de que se conociera que la empresa Neurona Consulting recibiera 1,3 millones de euros por 169 pequeños videos que hizo para el Gobierno boliviano.
De acuerdo con las investigaciones, Neurona Consulting cobró dicho dinero en diciembre de 2018 y tres meses después llegó a España para trabajar en las campañas del partido del vicepresidente de España. La empresa especialista en audiovisuales y propaganda está vinculada a Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos.
El Tribunal de Cuentas de España también halló grandes irregularidades en las finanzas del partido de Iglesias, específicamente en las facturas utilizadas en el marco de las pasadas elecciones generales. Dicho Tribunal es el órgano fiscalizador de las cuentas y de la gestión económica del Estado; también se encarga de hacer vigilancia a la contabilidad de los partidos políticos de España.
Un reportaje del diario El Mundo reveló que en las cuentas de Podemos hay facturas sin justificar, gastos irregulares, incluso pagos prohibidos por la ley de contabilidad electoral. El total de gastos irregulares detectados asciende a 425 037,41 euros (500 546 dólares aproximadamente).
OkDiario publicó una investigación que revela que con dinero del Estado el régimen de Venezuela le pagó a Iglesias 272 325 dólares en 2014.
De acuerdo con este medio, Iglesias recibió esa cifra en dólares en su cuenta bancaria en el paraíso fiscal de San Vicente y las Granadinas, bajo el concepto de pago por supuestas «asesorías para el desarrollo social» de Venezuela. La recepción de la elevada suma se efectuó dos meses después de la fundación de Podemos.
