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Estados Unidos, el principal aliado de la lucha por la democracia en Venezuela, respondió indirectamente a las pretensiones de Henrique Capriles Radonski de legitimar el fraude electoral diseñado por el régimen de Maduro.
El secretario de Estado, Mike Pompeo aclaró que tanto el Gobierno de Donald Trump como los más de 60 países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, no validarán el fraude electoral pese a que Maduro haya liberado presos políticos para limpiar su imagen.
«Nosotros, nuestros socios democráticos en Venezuela y la comunidad internacional, no contribuiremos a legitimar otro fraude electoral. Los ciudadanos venezolanos merecen nuestra continua solidaridad en su lucha por restaurar la democracia en su país», dijo Pompeo la mañana de este jueves 3 de septiembre.
«En Venezuela no existen las condiciones necesarias para unas elecciones libres y justas, y la liberación de varios presos políticos no cambia eso», enfatizó el secretario de Estado, en relación con la negociación que tuvieron Capriles y Stalin González con Maduro para liberar presos políticos a cambio de participar en las fraudulentas elecciones.
El secretario de Estado recordó que la tiranía de Maduro ha implementado un método en el que cada vez que libera presos políticos, detiene otros con el fin de usarlos como fichas de chantaje.
«El régimen mantiene una puerta giratoria de encarcelamiento e intimidación para extorsionar la participación en la farsa electoral de Maduro del 6 de diciembre», resaltó Pompeo.
El secretario de Estado respondió indirectamente a Capriles, quien asegura que el régimen estaría dispuesto a ofrecer las mínimas garantías para unas elecciones.
«La libertad de prensa no existe. La libertad de expresión no existe. La libertad de reunión no existe. Estas condiciones mínimas para recibir una misión de observación electoral internacional creíble siguen ausentes», dijo.
«Urgimos a todos los actores democráticos, dentro y fuera de Venezuela, que continúen insistiendo en las necesarias condiciones para unas elecciones libres y justas», sentenció.
Será fraude electoral
Mientras el régimen de Maduro mantenga el control de la mayoría de los poderes públicos y la Fuerza Armada junto a los grupos criminales que amparan a la Revolución Bolivariana, no están dadas las garantías electorales para que en el país se lleven a cabo comicios libres que demuestren la voluntad de la mayoría.
La tiranía controla el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ha logrado anular a la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Por medio de sentencias dicho poder judicial se ha encargado de robar elecciones tal y como lo hizo en las últimas regionales, cuando le arrebató la gobernación del estado Bolívar y Zulia a la oposición.
El régimen también controla el Poder Ciudadano conformado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General de la República; todos ellos juegan hoy sus cartas a favor de la dictadura.
Lo mismo sucede con el Poder Electoral que no solo depende de los rectores, sino de un sistema viciado de manera electrónica, que ha logrado robarse comicios alterando las actas, las cifras y hasta permitiendo el ejercicio del voto por parte de personas con doble identidad o cedulación.
En los últimos años, con ayuda del CNE, Maduro ha logrado la victoria en comicios impidiendo el registro de nuevos electores, modificando el registro de votantes, reubicando a última hora los centros de votación, eliminando el uso de la tinta indeleble y el captahuellas, violando la ley al impedir la sustitución de candidatos en el tarjetón y permitiendo el ventajismo por parte del oficialismo. A esto se suma la desmotivación de los electores y la posterior manipulación de las cifras.
Para llevar a cabo unas elecciones libres en Venezuela es necesario pedir más que la salida de Maduro y la renovación de las autoridades del CNE. También es necesario que el chavismo abandone todas las esferas del poder; implementar una fuerza de choque contra los grupos armados que custodian a la dictadura; candidatos con una hoja de vida intachable y una veeduría internacional imparcial que garantice que todo el proceso electoral sea transparente.
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