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El Gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra la fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, quien no solo objetó la investigación de soldados estadounidenses por presuntos crímenes de guerra en Afganistán, sino que además mantiene represada las investigaciones contra la tiranía de Nicolás Maduro.
El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, señaló que cualquier persona o entidad que colabore con la funcionaria que investiga posibles crímenes de guerra en Afganistán también estará sujeta a las medidas del Gobierno de EE. UU. La medida incluye restricción de visados y congelamiento de sus bienes en EE. UU.
«Cualquier persona o entidad que continúe asistiendo en forma material» a la fiscal en esas investigaciones «también estará sujeta a sanciones», dijo Pompeo
Ya en junio, el presidente Donald Trump había dado luz verde a medidas contra miembros del tribunal, con restricciones de viajes. En una orden ejecutiva, el mandatario advirtió que bloquearía los bienes y activos bajo jurisdicción estadounidense de cualquier miembro del tribunal con sede en La Haya involucrado en la investigación o enjuiciamiento de las tropas estadounidenses.
Desde que inició su funcionamiento en 2002, la Corte Penal Internacional ha generado gastos superiores a mil quinientos millones de dólares, y en ese largo período solo ha procesado a cuatro criminales africanos y en América Latina, a ninguno.
El exdiputado venezolano Walter Márquez ha reiterado que la fiscal jefe de la CPI, Fatou Bensouda, «está inhabilitada moralmente y debería ser inhabilitada jurídicamente» para investigar las denuncias que llegan al tribunal contra Maduro.
El exdiputado acusa a la fiscal de negligencia e incumplimiento grave de sus funciones por no abrir una investigación contra el régimen de Venezuela, a pesar de que «se han formalizado más de 110 denuncias», aseguró.
La segunda queja de Márquez contra la jurista se basa en testimonios recogidos por la Comisión de la Verdad de Gambia, pues dos de sus testigos la han señalado como supuesta responsable de violaciones de derechos humanos en su etapa como fiscal general y ministra de Justicia del país africano, entre 1998 y 2000.
¿Quién es Fatou Bensouda?
Fatou Bom Bensouda es una abogada de Gambia; se desempeñó como fiscal general y ministra de Justicia en la República de Gambia. Ha servido como fiscal adjunta a cargo de la División de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional desde 2004, y desde junio de 2012 es Fiscal de la Corte Penal Internacional, cargo que ocupará hasta junio de 2021.
Desde la actual presidenta de la CPI, Silvia Fernández de Gurmendi; el exfiscal Luis Moreno Ocampo y hasta la fiscal en el cargo, Fatou Bensouda, se ven salpicados por los tentáculos de la corrupción en la CPI.
Un reportaje publicado por ICN diario reveló que Fernández logró su cargo en el Tribunal Internacional gracias a la expresidente Cristina Kirchner, actualmente imputada por delitos en Argentina, y gran «amiga» del socialismo de Hugo Chávez y Maduro.
A esto sumamos la dudosa credibilidad de la fiscal Bensouda, quien fue la mano derecha del fiscal Luis Moreno Ocampo y obligatoriamente tuvo que estar enterada de todo lo que este hacía. A Moreno se le descubrió que estaba recibiendo dinero y que tenía cuentas secretas en paraísos fiscales.
Durante su paso por la Corte, el abogado argentino no podía estar involucrado en «ninguna actividad que pudiera interferir con su función de acusación o afectar a la confianza en su independencia», sin embargo, documentos revelados por el diario El Mundo de España sostienen que Moreno Ocampo actuó en contra de los intereses de la Corte al defender al magnate petrolífero libio, Hassan Tatanaki.
El abogado habría utilizado su red personal en la organización en beneficio de su cliente, y puso en riesgo la confidencialidad de las investigaciones del tribunal.
El caso de Venezuela en La Haya podría darse por perdido, pues la misma Corte ha permitido la presencia de Haifa El Aissami, hermana del vicepresidente de Venezuela Tarek El Aissami, quien a su vez está acusado de narcotráfico por Estados Unidos.
Haifa El Aissami es la embajadora de Maduro ante la CPI y quien hace “contribuciones especiales” al presupuesto del organismo internacional y se mantiene allí para presionar y lograr que no avancen las investigaciones contra el régimen de Venezuela. Es muy cercana a la fiscal sancionada.
Hay que recordar que en enero de 2018 una delegación del régimen de Maduro, encabezada por el presidente del Tribunal Supremo de Justicia chavista, Maikel Moreno, sostuvo en La Haya una reunión con Bensouda.
