Motta Domínguez es un militar y político venezolano que encabezó el Ministerio de Energía Eléctrica de Venezuela entre 2015 y 2019; años en los que se incrementaron los apagones en el país. (Twitter)
Luis Motta Domíguez, exministro de Energía Eléctrica de Nicolás Maduro, logró lucrarse con contratos y pagos de sobornos mientras destruía el sistema eléctrico del país.
Actualmente 91,2 % de los venezolanos se ven afectados por las constantes interrupciones y fallas eléctricas. Localidades del país pasan hasta 24 horas sin luz; mientras tanto el exfuncionario del régimen de Maduro llenó sus bolsillos a costa de las necesidades del país.
Durante los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, entre los años 2010 y 2013, se destinaron unos 120.000 millones de dólares para proyectos de electricidad; y sin embargo el país se mantiene con constantes apagones.
El sistema eléctrico nacional se encuentra prácticamente en ruinas; el régimen de Nicolás Maduro se ha dedicado a canibalizar los equipos y las subestaciones eléctricas que suministran el servicio a la mayoría de los estados del país. Uno de los principales responsables es el exministro Motta Domínguez, recientemente sancionado por Estados Unidos por el delito de lavado de dinero.
«Los antiguos ministros de Venezuela, Luis Alfredo Motta Domínguez y Eustiquio José Lugo Gómez usaron sus poderosas posiciones para enriquecerse a sí mismos en lugar del pueblo venezolano. Estoy designando a Motta y Lugo como no elegibles para ingresar a los EE. UU.», dijo el Secretario de Estado Mike Pompeo a través de sus redes sociales.
Motta Domínguez es un militar y político venezolano que encabezó el Ministerio de Energía Eléctrica de Venezuela entre 2015 y 2019; años en los que se incrementaron los apagones en el país.
“Los venezolanos han sufrido más de 23.860 interrupciones en el servicio eléctrico este año debido a la corrupción y mala administración del Nicolás Maduro y de las personas que le rodean. La corrupción [de Motta y Lugo] contribuyó directamente en el deterioro y colapso del sistema eléctrico de Venezuela”, dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado.
De acuerdo con las investigaciones, Motta Domínguez habría cometido delitos como lavado de dinero y conspiración para lavar dinero en suelo norteamericano.
El exministro fue acusado formalmente por la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida, luego que dos empresarios se declararan culpables de sobornar empleados públicos en el sector eléctrico venezolano.
Según la acusación, “Motta y Lugo otorgaron a tres compañías con sede en Florida más de USD$ 60 millones en contratos de adquisición con [la estatal eléctrica] Corpoelec a cambio de sobornos que les fueron pagados para su propio beneficio”.
Los empresarios que se declararon culpables son Jesús Ramón Veroes, de Venezuela, y Luis Alberto Chacín Haddad, de Miami, tras haber participado en una conspiración para violar varias previsiones de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA, por sus siglas en inglés).
Ambos empresarios admitieron que acordaron con otros co-conspiradores sobornar a funcionarios de Corpoelec a cambio de órdenes de compra para compañías con sede en Florida.
Motta Domínguez es uno de los tantos funcionarios del chavismo que durante su decadente gestión aseguró que los problemas eléctricos del país eran provocados por labores de sabotaje a instalaciones orquestados por dirigentes de la oposición.
«El deterioro del sistema eléctrico se ha profundizado principalmente porque su generación ha venido descendiendo a tal punto de que hoy genera en el país mucho menos de lo que se producía hace 20 años»; expresó a PanAm Post Miguel Lara, ingeniero electricista especialista en sistemas de potencia, quien durante 30 años trabajó en la OPSIS, oficina responsable, hasta 2004, de coordinar la operación y planificación del sistema eléctrico venezolano.
En 2018 Motta Domínguez, aseguraba que los apagones en Venezuela se debían a la «madre naturaleza» por los supuestos bajos niveles de agua en embalses del país. También dijo que «una vara de bambú se usó para sabotear la electricidad».
En 2019 aún cuando era usurpador ministro de Energía, se dio un apagón de más de 48 horas en la mayoría de los estados del país; en esa oportunidad Motta Domínguez volvió a afirmar que se trataba de un sabotaje.
«Ataque cibernético», «ataque electromagnético», «sabotaje eléctrico», «un camión hackeó todo el sistema eléctrico» y «ataque con papagayos», son algunas de las excusas del oficialismo para dar respuesta sobre los constantes apagones.
Más responsables de la crisis eléctrica
Más empresarios venezolanos, mejor conocidos como «bolichicos» estarían siendo investigados en Estados Unidos con un caso de lavado de dinero de aproximadamente USD$ 1.2 mil millones que involucra también al chavismo.
La expresión «bolichicos» fue creada en 2010 por el escritor y periodista venezolano Juan Carlos Zapata para referirse a “la nueva camada de ricos en los tiempos chavistas”. Es decir, empresarios jóvenes que hicieron sus fortunas siendo, principalmente, contratistas del gobierno en proyectos de electricidad.
Hasta ahora, nueve investigados han sido acusados en Miami, de los cuales dos se declararon culpables y uno está a la espera de juicio; sin embargo según el diario estadounidense se trataría de una docena de empresarios involucrados, donde presuntamente entre ellos estaría el venezolano Alejandro Betancourt.
Betancourt ha sido señalado por el portal de noticias El Confidencial de estar relacionado a la crisis eléctrica venezolana, pues es directivo de la empresa Derwick Associates Corp, la cual ha recibido millonarios contratos durante los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro para la construcción de plantas termoeléctricas, de las cuales algunas aún no han sido concluidas.
Explica El Confidencial que presuntamente el empresario habría «pagado sobornos para hacerse del negocio que, a la final resultó una gran estafa para el estado venezolano»; señala que «solo habría vendido chatarra o equipos reconstruidos con un gran sobreprecio».
Contratos sobrevalorados
Según un informe sobre el sector energético escrito por ONG Transparencia Venezuela, Derwick recibió 11 contratos de construcción por un valor de USD$ 2.9 mil millones, que habría sido sobrevalorado en un promedio de 162 %.
La empresa fue registrada en Panamá en 2003 y en Barbados en 2009, pero nunca antes había construido una planta como la requerida por la empresa estatal de energía eléctrica Corpoelec.
«Hubo al menos $ 800 millones en sobrefacturación», dijo José Aguilar a El Nuevo Herald , quien es un ingeniero encargado de investigar Derwick para el Wall Street Journal. Explicó que la compañía contrató a personal tercerizado de bajo costo para realizar gran parte de su trabajo.
Periodista del PanAm Post, locutora venezolana con base en Lima. Venezolana, egresada de la Universidad Arturo Michelena. Fuente: política y economía. Especialista en comunicaciones corporativas.
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