El régimen de Nicolás Maduro está desesperado por hallar candidatos supuestamente “opositores” que legitimen el fraude electoral por venir.
Un reportaje de Reuters reveló cómo partidos políticos usurpados por el chavismo, están ofreciendo a líderes sindicales de diferentes ciudades del país que se postulen como candidatos para las elecciones parlamentarias diseñadas por el régimen.
Oposición en la sombra de #Venezuela está tras dirigentes para postularlos a elecciones parlamentarias | Por @VivianSequera, @mayearmas, @mramirezcabello https://t.co/XUhfE4y4l2 pic.twitter.com/ePSAa7KIdK
— Reuters Venezuela (@ReutersVzla) July 28, 2020
Se trata de diputados que han vendido sus consciencias al régimen de Maduro y que estarían detrás de una campaña para reclutar a militantes de oposición y persuadirlos para que se postulen en las próximas elecciones parlamentarias.
“Ni con recursos participaría”, dijo Henry Arias, trabajador del estado Bolívar, al sur de Venezuela. “Eso es traicionar a la familia y a uno mismo (…) Eso es para terminar de quitar la Asamblea Nacional a la oposición”, aseveró a Infobae tras informar que intentaron persuadirlo para postularse como candidato.
Hay que recordar que una sentencia del chavista Tribunal Supremo de Justicia anuló a las directivas de Acción Democrática (AD), Primero Justicia (PJ) y Voluntad Popular (VP). Ahora estas nuevas autoridades podrán utilizar la tarjeta electoral, el logo, símbolos, emblemas y colores de dichos partidos.
El régimen que ahora tiene el control de las tarjetas de los principales partidos de oposición quiere encontrar a candidatos que usen los símbolos de dichos partidos para tratar de legitimar las elecciones con las que Maduro busca acabar con el liderazgo de la actual Asamblea Nacional de Venezuela, único poder legítimo reconocido por más de 60 países democráticos en el mundo.
El período de la Asamblea Nacional termina el 5 de enero de 2021, y una pérdida de control del Legislativo complicaría la situación de Guaidó, quien es presidente interino de Venezuela.
Detrás del reclutamiento de candidatos estarían diputados sancionados por el Gobierno de Estados Unidos tras “venderse” al chavismo.
La oposición venezolana, liderada por el presidente interino Juan Guaidó, mantiene la mayoría de diputados en la Asamblea, pero al efectuarse unas elecciones fraudulentas el régimen buscaría hacerse del único Poder Público legítimo que queda en el país.
Guaidó ha anunciado que en el país suramericano no hay condiciones por lo que ni él ni los partidos democráticos acudirán a los comicios organizados por el régimen. Ante los ojos del mundo, Guaidó será el mandatario interino y el presidente de la Asamblea Nacional, hasta que se puedan realizar elecciones creíbles.
Recientemente el TSJ chavista también designó una nueva directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) la cual ha sido cuestionada. Ya el Grupo de Lima y la Unión Europea aseguraron que la renovación del Consejo Electoral de Venezuela designado por el Tribunal chavista socava su credibilidad.
Maduro buscaba nuevas autoridades para que las futuras elecciones tengan reconocimiento internacional; sin embargo el organismo encargado de designar nuevos rectores es la legítima Asamblea Nacional y no el Tribunal Supremo chavista, por lo que de facto se convirtieron en funcionarios ilegítimos.
Los rectores del CNE son quienes deben velar por la transparencia en las elecciones y la dictadura de Maduro quiere asegurarse esos puestos de cara a futuros comicios.
Maduro secuestró partidos de oposición
Además de aumentar el número de diputados para beneficiarse aún más y nombrar autoridades chavistas para manejar el Consejo Nacional Electoral, el régimen también decidió anular a los partidos más grandes de oposición y designar a través del tribunal chavista nuevas juntas directivas creadas a su medida.
Una sentencia del chavista Tribunal Supremo de Justicia anuló a las directivas de Acción Democrática (AD), Voluntad Popular (VP) y Primero Justicia (PJ).
Cada vez que el país suramericano se acerca a efectuar supuestas elecciones, el régimen decide atentar contra partidos de oposición anulando desde sus tarjetas hasta sus candidatos; una manera de asegurarse la participación de partidos políticos en comicios fraudulentos.
Será fraude electoral
Mientras el régimen de Maduro mantenga el control de la mayoría de los poderes públicos y la Fuerza Armada junto a los grupos criminales que amparan a la Revolución Bolivariana, no están dadas las garantías electorales para que en el país se lleven a cabo comicios libres que demuestren la voluntad de la mayoría.
La tiranía controla el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ha logrado anular a la Asamblea Nacional de mayoría opositora. Por medio de sentencias dicho poder judicial se ha encargado de robar elecciones tal y como lo hizo en las últimas regionales, cuando le arrebató la gobernación del estado Bolívar y Zulia a la oposición.
El régimen también controla el Poder Ciudadano conformado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General de la República; todos ellos juegan hoy sus cartas a favor de la dictadura.
Lo mismo sucede con el Poder Electoral que no solo depende de los rectores, sino de un sistema viciado de manera electrónica, que ha logrado robarse comicios alterando las actas, las cifras y hasta permitiendo el ejercicio del voto por parte de personas con doble identidad o cedulación.
En los últimos años, con ayuda del CNE, Maduro ha logrado la victoria en comicios impidiendo el registro de nuevos electores, modificando el registro de votantes, reubicando a última hora los centros de votación, eliminando el uso de la tinta indeleble y el captahuellas, violando la ley al impedir la sustitución de candidatos en el tarjetón y permitiendo el ventajismo por parte del oficialismo. A esto se suma la desmotivación de los electores y la posterior manipulación de las cifras.
Para llevar a cabo unas elecciones libres en Venezuela es necesario pedir más que la salida de Maduro y la renovación de las autoridades del CNE. También es necesario que el chavismo abandone todas las esferas del poder; implementar una fuerza de choque contra los grupos armados que custodian a la dictadura; candidatos con una hoja de vida intachable y una veeduría internacional imparcial que garantice que todo el proceso electoral sea transparente.