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El régimen de Nicolás Maduro decidió denunciar al Gobierno de Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional (CPI) por supuestos «crímenes de lesa humanidad» a raíz de las sanciones económicas impuestas contra la tiranía.
El usurpador e ilegítimo canciller Jorge Arreaza llegó a La Haya para entregar un documento donde asegura que las sanciones del Gobierno estadounidense causan efectos en la población venezolana. “Esta denuncia está debidamente sustentada, con análisis de expertos externos y dividida en diferentes sectores donde afectan las medidas coercitivas unilaterales”, aseguró el representante del chavismo.
Canciller Arreaza: "Denunciamos esta modalidad de uso de la fuerza a través de la economía, esta modalidad de guerra que genera muerte y destrucción en Venezuela. En colectivo debemos detener la barbarie de la élite que gobierna en Estados Unidos".#JusticiaContraElBloqueo pic.twitter.com/hf22IvgXxI
— Cancillería Venezuela 🇻🇪 (@CancilleriaVE) February 13, 2020
Arreaza precisó que esperan que la CPI otorgue “carácter de urgencia” a la denuncia, para lograr un tratamiento que permita detener el impacto de las sanciones emitidas por el Gobierno de Donald Trump. Sin embargo, la CPI no tiene jurisdicción directa sobre estos casos, y pareciera que Arreaza viajó a La Haya con otras intenciones: averiguar cómo avanza el examen preliminar contra la tiranía de Maduro.
La paradójica denuncia en la que Maduro acusa a Trump de una «guerra económica» surge a pesar de que en reiteradas ocasiones ha demostrado que sigue invirtiendo en armas y negocios internacionales, y de que no existe cerco financiero que afecte a la población.
Mariano de Alba, especialista en derecho internacional, explicó que la CPI juzga a personas por unos crímenes muy específicos previstos en su Estatuto y aclaró que «no puede juzgar a Gobiernos por la imposición de sanciones».
De Alba calificó el viaje de Arreaza como un «espectáculo que revela una profunda ignorancia por parte del régimen de facto». El especialista asomó la posibilidad de que el funcionario del chavismo busque conocer detalles sobre las investigaciones contra el régimen.
Dudo que sea casualidad la visita de Arreaza a la Corte Penal Internacional para interponer una denuncia que claramente no procederá. Da la impresión que conoce que es probable que la Fiscalía avance pronto con su examen preliminar por crímenes de lesa humanidad en #Venezuela.
— Mariano de Alba (@marianodealba) February 13, 2020
En febrero de 2018 la CPI anunció, tras varios años de demandas contra el régimen de Maduro, la apertura de un examen preliminar por los crímenes de lesa humanidad solamente ocurridos durante las protestas de 2017 en Venezuela. Pasan los días, la tiranía sigue violando los derechos humanos y se desconocen los avances de ese «examen preliminar».
Desde que inició su funcionamiento en 2002, la CPI ha generado gastos superiores a mil quinientos millones de dólares, y en ese largo período solo ha procesado a cuatro criminales africanos y en América Latina, a ninguno.
En septiembre de 2019, el Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución con la que se crea un mecanismo independiente de investigación llamado misión de determinación de los hechos, para que investigue ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes que tuvieron lugar en Venezuela desde 2014 con el régimen chavista.
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