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Un presunto escándalo de corrupción salpica a una diputada de oposición venezolana, quien como abogada habría dado el visto bueno a una serie de préstamos que se efectuaron para la estatal petrolera Pdvsa y con los cuales se habrían malversado unos 4500 millones de dólares.
Un reportaje publicado por el diario estadounidense Miami Herald señala a la diputada Tamara Adrián, quien presuntamente habría sido partícipe del “mayor caso de corrupción chavista visto hasta ahora”.
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The scheme involved having wealthy Venezuelans lend money in bolivars to state-owned PDVSA. The loans were then repaid in U.S. dollars at a highly favorable exchange rate. https://t.co/GsCDU4GkND
— Miami Herald (@MiamiHerald) February 10, 2020
Según el diario estadounidense, en 2012 Adrián emitió una opinión legal en donde se concluyó que los préstamos otorgados en bolívares a Pdvsa y cancelados posteriormente en dólares eran perfectamente legales y cumplían con las leyes y requisitos.
Según la opinión legal obtenida por el Miami Herald, las leyes venezolanas no aportan ningún tipo de objeción jurídica a ese tipo de transacciones, pero de acuerdo con las pesquisas en Estados Unidos, dichos fondos permitieron que banqueros venezolanos multiplicaran sus fortunas a costa del desfalco a la estatal petrolera.
“Somos de la opinión que Pdvsa debería estar en facultad de pagar deudas originalmente creadas en bolívares con monedas extranjeras”, se lee en el documento redactado por la diputada a nombre de la firma Adrián & Adrián con sede en Caracas. Sin embargo, según las autoridades estadounidenses, la operación hacía uso del régimen cambiario para crear y multiplicar millones de dólares de la nada.
“Pdvsa recibía un préstamo en bolívares para sus operaciones dentro de Venezuela y al cabo de pocas semanas pagaba los créditos en dólares haciendo uso del tipo de cambio oficial, el cual era entre cinco y diez veces más bajo que el tipo de cambio utilizado en el mercado libre”, explica el diario estadounidense: “Bajo el esquema, un individuo podía convertir 6 millones de bolívares en un millón de dólares, y luego convertir ese millón de dólares en 60 millones de bolívares, resalta otro de los documentos del Departamento de Justicia entregado a las autoridades suizas”.
El dinero que ganaban los involucrados en la red de corrupción era movilizado a través de compañías de maletín y eventualmente lavado, según las investigaciones.
La diputada respondió al diario estadounidense que “las operaciones analizadas por su firma eran totalmente legítimas: “Eso es falso. La ganancia [de las operaciones] no es la que usted dice. Por eso es que nunca, nunca ha sido investigado (…) Después si entiendo, se hicieron operaciones, que ya no seguían el patrón de la economía de mercado”, señaló.
Explica el Nuevo Herald que las declaraciones de la diputada Tamara Adrián no coinciden con las opiniones e investigaciones del Departamento de Justicia en Estados Unidos: “Personas familiarizadas con la operación dijeron que el informe de la firma Adrián & Adrián fue utilizado por los presuntos conspiradores para convencer a empresas venezolanas y transnacionales a participar en operaciones cambiarias a futuro (…) de esa manera, los potenciales clientes estaban siendo convencidos de que no obtendrían problemas legales en un futuro de participar en la transacción”.
Caso hermanos Oberto
Según lo publicado por el diario estadounidense, la opinión legal de la abogada Adrián en 2012 habría beneficiado a los banqueros venezolanos Luis Oberto e Ignacio Oberto, quienes con la asistencia del banquero suizo Charles Henry Beaumont presuntamente habrían multiplicado sus fortunas.
El portal América Periodista Digital explica que el Departamento de Estado investiga a los empresarios Oberto por haber participado en la trama de corrupción que le costó a Venezuela unos 4500 millones de dólares, y según El Nuevo Herlad, estarían presuntamente vinculados a los hijastros de Nicolás Maduro, pues habrían obtenido pagos por 600 millones de dólares de Pdvsa por un préstamo en bolívares de unos 42 millones de dólares. Los préstamos fueron enviados a nombre de empresas fantasmas en Suiza.
El presunto uso de esos fondos era no solo enriquecer a los hermanos, sino también para pagar sobornos a funcionarios gubernamentales que inicialmente aprobaron las operaciones, dijeron las fuentes.
