El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió nuevas sanciones contra personas y empresas venezolanas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro y al esquema de corrupción que lavó miles de millones de dólares de las arcas del Estado, generando más de USD$ 2.4 mil millones en ganancias corruptas.
Este miércoles 8 de enero el Gobierno estadounidense se refirió a siete personas, incluida la extesorera nacional de Venezuela, Claudia Patricia Díaz Guillén y Raúl Antonio Gorrín Belisario, dueño de la cadena televisiva Globovisión, quienes habrían sobornado a la Oficina Venezolana del Tesoro Nacional para realizar operaciones ilícitas de cambio de divisas en Venezuela.
De acuerdo con el Tesoro también fueron sancionadas y bloqueadas otras cinco personas, al menos 23 empresas registradas en Estados Unidos y un avión privado, por sus roles en el esquema de soborno.
“Los expertos del régimen venezolano han saqueado miles de millones de dólares de Venezuela mientras el pueblo venezolano sufre. El Tesoro está apuntando a esta red de cambio de divisas, que era otro esquema ilícito que el régimen venezolano había utilizado durante mucho tiempo para robarle a su gente”, dijo el Secretario del Tesoro Steven T. Mnuchin.
Además de Gorrín, dueño de Globovisión, también está involucrado en el mismo caso el extesorero venezolano Alejandro José Andrade, quien fue sentenciado a 10 años de prisión por aceptar más de USD$ 1 mil millones en sobornos por su papel en el mismo esquema.
Globovisión “hasta el cuello”
El pasado martes 7 de enero el Departamento del Tesoro, dio hasta el 21 de enero al canal televisivo Globovisión el plazo para finalizar sus contratos pendientes en el país norteamericano; pues a partir de esa fecha bloqueará todas las operaciones en Estados Unidos.
El Tesoro explicó que quedarán bloqueadas todas las transacciones, actividades u operaciones, incluida la importación de bienes, servicios o tecnología de suelo norteamericano.
A raíz del comunicado del Departamento del Tesoro, el representante diplomático de Juan Guaidó en EE.UU, Carlos Vecchio, celebró la noticia: “La Globovisión traidora que desinforma y sirve como herramienta de la dictadura, cuyos dueños corruptos están detrás del financiamiento sucio del asalto a la Asamblea de Venezuela, saldrá de la parrilla de DirecTV”, dijo.
La @globovision traidora que desinforma y sirve como herramienta de la dictadura, cuyos dueños corruptos están detrás del financiamiento sucio del asalto a la @AsambleaVE, saldrá de la parrilla de DirecTV.
Medida del Tesoro de #EEUU así lo obliga.https://t.co/kQpHoOPeHO pic.twitter.com/uuY66whhmK
— CARLOS VECCHIO (@carlosvecchio) January 7, 2020
Gorrín, de 50 años, se enfrenta en EE.UU. nueve cargos de lavado de dinero, uno de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y otro de conspiración para cometer lavado de dinero. Es considerado prófugo por la Justicia estadounidense y desde noviembre de 2019 forma parte de la lista de los más buscados por corrupción.
La red que saqueó el sistema
Puede calificarse que este escándalo es el caso de corrupción más grande en la historia de la región, y supera con creces al de Lava Jato, pues la constructora Odebrecht reconoció haber pagado sobornos por USD $788 millones, mientras que en el caso de Venezuela, uno de los implicados en el desfalco del Estado reconoció haber recibido más de USD $1 000 millones en pagos por realizar actividades ilegales. Esto evidenciaría que el desfalco al país suramericano podría representar un importante porcentaje del PIB venezolano.
Algunos de los empresarios venezolanos cómplices del desfalco de Venezuela, hacedores de la crisis humanitaria que enfrenta el país suramericano, están en manos de la justicia internacional.
Hombres que, de la noche a la mañana, se convirtieron en multimillonarios, con propiedades de lujo repartidas por diferentes ciudades, aviones, yates y “medio mundo” a sus pies, pasaron a ser reos y prófugos de la justicia, tras haber lavado miles de millones de dólares del Estado venezolano con la ayuda del chavismo.
El exguardaespaldas de Chávez y cómplice de Gorrín: En sus delaciones, Andrade mencionó a Raúl Gorrín, dueño del canal de noticias Globovisión, quien le habría pagado hasta USD $1 000 millones en comisiones, además de gastos relacionados con aviones privados, yates, casas, caballos, relojes y ropa de diseñador por hacer transacciones a una tasa de cambio favorable.
El banquero del chavismo: Otro involucrado en el caso, y que hoy se encuentra detenido, es Gabriel Arturo Jiménez Aray, banquero venezolano que también se declaró culpable ante fiscales federales en Estados Unidos.
Jiménez fue propietario del Banco Peravia, con sede en la República Dominicana, y habría sido cómplice de las transacciones ilícitas. Admitió que se asoció con Gorrín y otras personas para adquirir la entidad bancaria con el objetivo de lavar más fácilmente el dinero de los sobornos.
Jiménez fue vicepresidente del Banco Peravia, en República Dominicana hasta el año 2014, cuando sus directivos fueron acusados de fraude por la Fiscalía del Distrito Nacional de República Dominicana. El Banco Peravia fue intervenido por la Superintendencia de Bancos de ese país por presuntas estafas, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Jiménez huyó entonces de República Dominicana hacia Estados Unidos.
La exenfermera de Chávez: Otra involucrada en ayudar en el desfalco de Venezuela es Claudia Díaz, exenfermera del fallecido expresidente Hugo Chávez, y quien también estuvo al frente de la Oficina Nacional del Tesoro (ONT).
Díaz y su esposo, el capitán Adrián Velásquez Figueroa, recibieron unos USD $65 millones de la cuenta personal de Gorrín en el HSBC Private Bank (Suiza) y desde las cuentas de las empresas registradas en Panamá.
Según las investigaciones realizadas hasta ahora, Díaz acumuló una gigantesca fortuna durante su paso por la Tesorería Nacional de Venezuela y el Fondo de Desarrollo (Fonden), entre el 2011 y el 2013.
Se trata de miembros de la llamada “boliburguesía” venezolana, una élite que ha amasado fortunas durante la revolución bolivariana que inició Chávez y que están bajo intensa investigación de los fiscales estadounidenses.
Desde hace más de una década en Venezuela se aplican rígidos controles de cambio que han alentado la corrupción al permitir que unos pocos privilegiados le compren divisas al Gobierno al tipo de cambio oficial y las revendan en el mercado negro obteniendo de manera instantánea enormes beneficios.