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Al menos diecisiete países presentaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, un proyecto de resolución sobre Venezuela en el cual piden la creación de una comisión que investigue las violaciones a derechos humanos en el país suramericano.
El proyecto solicita a la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, que dirige Michelle Bachelet, que se asegure de que la comisión investigadora empezará su trabajo rápidamente y que le proporcione los recursos necesarios para este fin.
Nueve países de Latinoamérica introdujeron un proyecto de resolución en el Consejo de #DDHH de la #ONU que crearía una comisión de investigación sobre violaciones a los DDHH en #Venezuela desde el año 2014. La resolución sería debatida la semana que viene.
— Mariano de Alba (@marianodealba) September 20, 2019
La resolución pide específicamente que las investigaciones se remonten a principios de 2014 cuando iniciaron las primeras grandes manifestaciones contra Nicolás Maduro, y que tras la represión policial hubo cientos de ciudadanos asesinados, torturados, perseguidos y detenidos.
De aprobarse el documento, la comisión deberá identificar a los responsables de las violaciones de los derechos humanos, y con ello formular recomendaciones para que paguen por sus actos.
El proyecto cuenta con el respaldo de 17 países; entre ellos Argentina, Australia, Brasil, Chile, Islandia y Perú; que son miembros del Consejo, y Albania, Canadá, Colombia, Georgia, Guatemala, Guyana, Honduras, Israel, Liechtenstein, Mónaco y Paraguay.
De acuerdo con el especialista en Derecho Internacional, Mariano De Alba, para que la resolución sea aprobada y la comisión de investigación sea creada, será necesario que se concrete una mayoría de los 47 votos en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU; es decir, 24 países tendrían que darle su visto bueno.
Comisión de investigación operaría incluso si el régimen de facto no autoriza su ingreso a #Venezuela. Sus conclusiones servirían para que la Corte Penal Internacional o los propios países avancen en sus esfuerzos de adoptar medidas para presionar por una resolución a la crisis.
— Mariano de Alba (@marianodealba) September 20, 2019
Explica el especialista que de ser aprobada, la comisión operaría incluso si el régimen de facto no autoriza su ingreso a Venezuela, y que sus conclusiones servirían para que la Corte Penal Internacional o los propios países avancen en sus esfuerzos de adoptar medidas para presionar por una resolución a la crisis.
La información que recabe la comisión podría ser pertinente para las autoridades que evalúen iniciar procedimientos penales, incluida la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, quién inició un examen preliminar sobre la situación en Venezuela en febrero de 2018 y aún no ha dado respuesta.
El documento conjunto fue preparado por las ONG Acción Solidaria, Amnistía Internacional, el Centro Derechos Humanos – Universidad Católica Andrés Bello, CEPAZ, Civilis Derechos Humanos, COFAVIC, Espacio Público, Global Centre for the Responsibility to Protect, Human Rights Watch, la Comisión Internacional de Juristas y PROVEA.
La naturaleza criminal de Maduro
En julio de 2019, la Alta Comisionada ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, reconoció por primera vez la naturaleza criminal del régimen de Nicolás Maduro con un informe histórico sobre la violación a derechos humanos en Venezuela.
El documento denuncia que en el último decenio, especialmente desde 2016, el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia «orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno». Además exigió que se eliminen las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), responsables de torturar y ejercer ejecuciones extrajudiciales.
Presión para la Corte Penal Internacional
Los resultados que pueda obtener la Comisión de Investigación, podrían impulsar mayor presión por parte de los países miembros del Consejo de Derechos Humanos para denunciar una vez más la naturaleza criminal del régimen de Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional.
En febrero de 2018 la Corte Penal Internacional anunció, tras varios años de demandas contra el régimen de Nicolás Maduro, la apertura de un examen preliminar por los crímenes de lesa humanidad solamente ocurridos durante las protestas de 2017 en Venezuela. Sin embargo, la dictadura sigue violando los derechos humanos y se desconocen los avances de dicho «examen preliminar».
Desde que inició su funcionamiento en 2002, la Corte Penal Internacional ha generado gastos superiores a mil quinientos millones de dólares, y en ese largo período solo ha procesado a cuatro criminales africanos y en América Latina, a ninguno.
Dicho tribunal internacional que debería investigar y procesar atrocidades cometidas a gran escala, tales como genocidios o crímenes contra la humanidad, depende además del consentimiento del Consejo de Seguridad de la ONU, al que pertenecen Rusia, China, Francia, Estados Unidos e Inglaterra.
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