Mientras Nicolás Maduro es testigo de la muerte de cientos de venezolanos que huyen de la crisis humanitaria liderada por él, se “apiada” de los migrantes centroamericanos y responsabiliza al capitalismo por “haber traído miseria a sus pueblos”.
Maduro asegura que la emigración de miles de hondureños es culpa de “la dependencia de los gobernantes centroamericanos del poder imperial gringo”; e ignora a los miles de venezolanos que huyen de una crisis sin precedentes y que pierden la vida en el intento.
La huída desesperada de venezolanos deja la muerte “silenciosa” de cientos de migrantes que huyen por tierra o por mar de la dictadura de Nicolás Maduro. Este fin de semana se conoció el fallecimiento de dos venezolanos después de naufragar intentando llegar a Aruba.
A pesar de que se conoció la muerte de dos venezolanos, aún hay 15 personas desaparecidas y es el tercer naufragio en lo que va de 2018.
De acuerdo con el alcalde venezolano en el exilio, David Smolansky, se trata del segundo fin de semana que sucede una situación de este tipo en las fronteras venezolanas, después de que el sábado 13 de octubre también desapareciera una persona cruzando el Río Táchira que separa a Colombia de Venezuela.
Funcionarios policiales de Aruba mostraron una grabación en la cual se expone cómo “pescan” a los indocumentados venezolanos que huyen desesperados de la dictadura.
De balseros cubanos a caminantes y balseros venezolanos. Legado Castrocomunista en #Venezuela. Lamentable muerte de 2 venezolanos después de naufragar intentando llegar a Aruba en embarcación precaria. Hay 15 personas desaparecidas y es el tercer naufragio en lo que va de 2018. pic.twitter.com/x8dqjfETVT
— Cristian Crespo F. (@cristiancrespoj) October 21, 2018
Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), se pronunció este domingo 21 de octubre para lamentar la muerte de los balseros venezolanos.
Expresamos nuestro más profundo dolor por estas vidas truncadas intentando escapar de la crisis humanitaria de su país #OEAconVzla https://t.co/yVeLg3G7Br
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) October 21, 2018
A través de su cuenta oficial de Twitter, Almagro comunicó: “Expresamos nuestro más profundo dolor por estas vidas truncadas intentando escapar de la crisis humanitaria de su país”.
Y es que las islas del Caribe como Trinidad y Tobago, Aruba o Curazao, mantienen una férrea política contra inmigrantes para evitar que lleguen a sus territorios, violando así los derechos humanos de los refugiados y las normas de protección internacionales.
A los venezolanos los pescan en las costas de Aruba y Curazao antes que toquen las costas. Otros son apresados mientras intentan burlar los controles migratorios y finalmente son deportados.
No es la primera vez que esto sucede, el pasado 11 de enero perecieron también diez balseros cuando pretendían arribar a tierras de Curazao. Los socorristas señalaron que se trató de la peor tragedia marítima que involucró a migrantes venezolanos.
En septiembre de 2018 también se conoció de acuerdo con Diario Las Américas, la muerte de al menos 17 migrantes venezolanos que intentaron cruzar el páramo colombiano a pie tras la falta de recursos económicos para poder acceder a pasajes por vía terrestre. La mayoría de ellos, intentaba llegar a Perú.
Con el paso del tiempo y la profundización del empobrecimiento, los venezolanos demuestran que están dispuestos a emigrar a costa de lo que sea; aún si corren el riesgo de perder sus vidas.
Y es que las condiciones para emigrar son cada vez peores, no solo por la imposibilidad de acceder a dólares tras el férreo control de cambio instaurado por el régimen, sino que además miles de venezolanos esperan hasta dos años para obtener sus pasaportes; una situación que los ha obligado a emigrar desesperadamente y de manera ilegal.
Mientras algunos gobiernos han aceptado la realidad y la complejidad de la llegada de decenas de miles de venezolanos y han adoptado, con la cooperación de organismos internacionales, políticas precisas para satisfacer las necesidades básicas y los derechos de los refugiados; en otros casos la actitud oficial ha sido el rechazo, como la adoptada por los gobiernos de Trinidad y Tobago y los de las islas holandesas en el Caribe, principalmente Aruba y Curazao, cuyas autoridades han procedido, sin mayor consideración ni respeto al derecho internacional, a la devolución arbitraria de muchos migrantes.
El caso de violaciones a derechos humanos es tal, que Human Rights Watch emitió una carta dirigida a las autoridades de Curazao y los Países Bajos para que respeten el derecho internacional.
En julio de 2017, el gobierno de Curazao anunció públicamente que había asumido la responsabilidad, anteriormente ejercida por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) en el país, de registrar a los solicitantes de asilo y emitir los correspondientes certificados. Sin embargo, según la información que obtuvo Human Rights Watch, el gobierno de Curazao no ha emitido ni un sólo certificado de asilo desde entonces, a pesar de que cientos de venezolanos han solicitado una entrevista para pedir asilo allí.
“Human Rights Watch ha recibido señalamientos creíbles de distintas fuentes (que pidieron que se preservara su anonimato) que indican que las autoridades gubernamentales en Curazao realizan asiduamente redadas inmigratorias en las que se llevan a solicitantes de asilo venezolanos, hostigan verbal y físicamente a ciudadanos venezolanos y los detienen por períodos indefinidos en condiciones inhumanas y sin acceso a abogados. También indican que las autoridades han deportado a venezolanos que intentan pedir asilo, incluidas personas cuyas pretensiones podrían cumplir los requisitos para recibir protección conforme al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), y han presionado a padres detenidos para que informaran a las autoridades dónde están sus hijos y poder así deportarlos juntos. Estas fuentes manifestaron asimismo que legalmente se permite a los niños venezolanos estudiar, pero que en la práctica enfrentan obstáculos para ser inscritos en las escuelas y algunos temen ir, ya que las autoridades han realizado redadas para llevarse a niños y niñas de estos establecimientos”, señala la misiva.
Así como las islas del Caribe le “cierran las puertas” a los venezolanos, otras naciones también asumen medidas para limitar la migración de quienes huyen de la dictadura de Nicolás Maduro.
Recientemente, el Poder Judicial peruano volvió a emitir una decisión crucial que afecta directamente a los migrantes y les exigió a los venezolanos que presenten el pasaporte para poder ingresar a suelo inca.
Conseguir un pasaporte en Venezuela puede costar unos 1.000 dólares en el mercado negro, en un país donde el salario no supera los US$ 2 mensuales.
En abril pasado, Chile anunció la creación de la “visa de responsabilidad democrática” destinada a aquellos venezolanos que quisieran trabajar y permanecer de forma temporal en el país. Un permiso que solo puede ser solicitado a través de los consulados de Chile en Venezuela.
Por su parte, en 2017, el gobierno de Panamá también comenzó a exigir una visa estampada para todos los venezolanos que quisieran visitar ese país por un periodo máximo de 30 días.