En una acción sin precedentes, seis países de la región aprovecharon la Asamblea General de la ONU para emitir una solicitud formal a la Corte Penal Internacional (CPI) para que investigue al régimen de Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad.
Aunque al principio la lista de naciones estaba conformada por cinco gobiernos, Canadá decidió unirse para firmar la solicitud en exigencia a la máxima Corte.
Es la primera vez que Canadá, en conjunto con otros países, intenta llevar ante la CPI a un régimen dictatorial como el de Maduro. Se trata de crímenes que no prescriben.
A Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, se ha sumado a última hora #Canadá. Funcionarios del gobierno canadiense dijeron que para tomar la decisión influyó los ataques que ha recibido recientemente la Corte Penal Internacional por parte del gobierno de #EEUU.
— Mariano de Alba (@marianodealba) September 26, 2018
La misiva de las cancilleres irá acompañada de dos informes elaborados por la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU y por un grupo de expertos designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. En dichos informes se documentan ejecuciones extrajudiciales, entre otras violaciones de derechos humanos.
Ya el presidente de Paraguay, Mario Abdo, firmó este miércoles la denuncia, se espera que Canadá, Argentina, Chile, Colombia y Perú se sumen a la firma de la denuncia.
Junto a Argentina, Canadá, Chile, Colombia y Perú, decidimos presentar denuncia ante la Fiscal de la Corte Penal Internacional para investigar sobre comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela por parte del régimen de Maduro. Estamos comprometidos con los derechos humanos
— Marito Abdo (@MaritoAbdo) September 26, 2018
“Esto es un paso sumamente importante porque permitirá que la Corte designe un fiscal que se movilice a Venezuela para entrevistar a torturados y familias de asesinados. Con esta denuncia, el procedimiento cobra una gran velocidad. Hay 600 casos registrados en la CPI de delitos de lesa humanidad. Es el hartazgo ante un hecho como un genocidio social y un mensaje al mundo de que hay una diplomacia latinoamericana que defiende principios y valores”, le dijo al PanAm Post Luis González Posada, excanciller peruano.
Por su parte, Mariano de Alba, especialista en derecho internacional, señaló que “el referimiento a la Corte Penal Internacional traerá como consecuencia que la Fiscalía deba examinar con mayor premura la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela y si quiere desechar la investigación, tiene que pedir primero autorización a la Corte”.
El especialista explicó que esta acción acelera el proceso y aumenta la presión sobre la Fiscalía para que investigue y decida si existen los elementos necesarios para solicitar que algunos de los altos funcionarios del régimen de Maduro sean acusados para eventualmente ser juzgados.
De Alba explicó, a través de su cuenta en Twitter, que la ejecución de una eventual orden de captura en contra de algún alto funcionario del régimen es complicada; señaló que “la Corte Penal Internacional depende de las autoridades de sus países miembros para ejecutar sus decisiones. El mundo se achicaría más para quienes sean acusados”.
Los crímenes
Fue en 2017 cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU incluyó a Venezuela en la lista de países que arremeten contra defensores de los derechos humanos.
Un año después, la OEA redactó un informe que desnuda las violaciones contra la oposición venezolana, en el cual se detallan torturas. El documento será entregado a la CPI.
Recientemente, la oficina del Alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos también emitió un contundente informe donde se desnudan las atrocidades cometidas por el régimen de Maduro.
Entre los hallazgos reflejados en cada uno de estos informes se revelan crímenes como violaciones a la libertad de reunión pacífica, impunidad, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas, además de violación a una alimentación adecuada y a la salud de la población venezolana.
Según el Estatuto de Roma de la CPI, es un crimen de lesa humanidad y una violación de normas fundamentales del derecho internacional, todo acto tipificado como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física.
Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, lo que significa que en cualquier momento Maduro tendría que responder, pues ha cometido contra los venezolanos varios de los delitos mencionados.
Un ejemplo de lo anterior es el asesinato del capitán Óscar Pérez a manos de las fuerzas de Seguridad del Estado tras las órdenes emitidas por Maduro.
Asimismo, recientemente se conoció que Venezuela lidera la lista de los países de América con mayores niveles de esclavitud moderna. A esto se suma la deportación masiva que emprendió el Ejecutivo con miles de ciudadanos colombianos y el traslado forzoso al que se han visto obligados a sufrir millones de venezolanos para huir de la crisis socialista. Además, la dictadura mantiene bajo su poder a más de 250 presos políticos.
Todos estos casos han sido registrados por organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos que anhelan que algún día el régimen de Maduro sea condenado por la CPI.