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Al menos seis países de América se unirán en bloque para denunciar a Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, una acción judicial sin precedentes.
Fuentes diplomáticas de la Organización de Estados Americanos (OEA) informaron a la agencia de noticias AFP que al menos seis gobiernos del continente están dispuestos a acudir al tribunal internacional para denunciar al dictador de Venezuela.
Se trata de Argentina, Chile, Perú, Colombia, Canadá y Paraguay, los cuales están en conversaciones para emprender la denuncia contra Maduro y otros funcionarios del chavismo en Venezuela.
Sería la primera vez que se daría una denuncia de este tipo ante la Corte Penal Internacional, pues los gobiernos unidos presentarán pruebas sobre las denuncias de violaciones a derechos humanos pepetrados por Maduro. Se trata de crímenes que no prescriben.
“La idea es enviarlo en bloque. El hecho de que un país presente una denuncia así supone más beneficios procesales que si un tercero, como una organización, lo hace. Pero que lo presente un conjunto de países tiene aún más peso político”, indicó uno de los informantes.
La denuncia conjunta se basa en el informe de un panel internacional independiente convocado por la secretaría de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que a fines de mayo concluyó que hay “fundamento suficiente” de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
Con esta demanda ante la CPI, el organismo deberá actuar de manera expedita y automática para iniciar la investigación contra Maduro.
Gonzáles Posada: La CPI no sirve para nada
El excanciller peruano, Luis Gonzáles Posada, celebró la noticia y dijo a PanAm Post que con esta decisión de varios países de la región, la Corte Penal Internacional estaría obligada a actuar. “Llegó la hora de que los países actúen más fuertemente retirando a sus embajadores de Venezuela”, destacó
Para el ex canciller, la Corte Penal Internacional ha sido incapaz de iniciar una investigación, aún cuando tiene cerca de 600 expedientes que denuncian asesinatos y torturas en Venezuela.
“Yo siempre he dicho que hay complicidad de la corte, porque es un organismo que ha gastado 1.700 millones de dolares y no me explico cómo son incapaces de pasar del examen preliminar a la investigación contra los crímenes de Lesa humanidad en Venezuela. Si la Corte Penal Internacional no cumple con su trabajo, yo creo que deberíamos retirarnos de esa institución que no sirve para nada “, sentenció.
“Yo creo que es hora de que todas las democracias de la región retiren a sus embajadores de Venezuela, no tiene ningún sentido que ellos estén ahí porque de alguna manera están legitimando un régimen de esa naturaleza”, señaló.
Los crímenes
Fue en 2017 cuando el Consejo de Derechos Humanos de la ONU incluyó a Venezuela en la lista de países que arremeten contra defensores de los derechos humanos.
Un año después, la Organización de Estados Americanos (OEA) redactó un informe que desnuda las violaciones contra la oposición venezolana, en el cual se detallan torturas. El documento será entregado a la Corte Penal Internacional (CPI).
Recientemente, también la oficina del Alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos emitió un contundente informe donde se desnudan las atrocidades cometidas por el régimen de Maduro.
Entre los hallazgos reflejados en cada uno de los informes se revelan crímenes como violaciones a la libertad de reunión pacífica, impunidad, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y torturas, además de violación a una alimentación adecuada y a la salud de la población venezolana.
Según el Estatuto de Roma de la CPI, es un crimen de lesa humanidad y una violación de normas fundamentales del derecho internacional, todo acto tipificado como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación o traslado forzoso de población, encarcelación u otra privación grave de la libertad física.
Los crímenes de lesa humanidad no prescriben, lo que significa que en cualquier momento Maduro tendría que responder por los crímenes efectuados sobre los venezolanos, pues ha cometido varios de los delitos mencionados.
Es de conocimiento público el asesinato del capitán Óscar Pérez a manos de las fuerzas de Seguridad del Estado tras las órdenes emitidas por Maduro.
Asimismo, recientemente se conoció que Venezuela lidera la lista de los países de América con mayores niveles de esclavitud moderna. A esto se suma la deportación masiva que emprendió el Ejecutivo con miles de ciudadanos colombianos y el traslado forzoso al que se han visto obligados a sufrir millones de venezolanos para huir de la crisis socialista. Además, la dictadura mantiene bajo su poder a más de 250 presos políticos.
Todos estos casos han sido registrados por organismos internacionales y organizaciones defensoras de derechos humanos, que anhelan que algún día el régimen de Maduro sea condenado por la CPI.
Un listado de denuncias en La Haya
La CPI ha recibido múltiples denuncias contra el régimen de Maduro, sin embargo, podría calificarse que la más importante fue la emitida por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad al Hussein, quien pidió a la CPI que se implique en la investigación de gravísimos casos de violencia de las fuerzas de seguridad del Estado que se cometen con impunidad generalizada contra la población venezolana.
En septiembre de 2017 la Plataforma Democrática de Venezolanos en Madrid (PDVM) también introdujo contra Maduro una denuncia por “crímenes de lesa humanidad” ante la CPI.
Asimismo, en julio del mismo año, un centenar de congresistas de Chile y Colombia, entre ellos Iván Duque (presidente electo de este último), acudieron a La Haya con el mismo fin. Allí presentaron un documento que se basa en informes de organismos internacionales en los cuales se le acusa al mandatario de Venezuela de haber sido “partícipe de graves violaciones al derecho internacional”.
En noviembre de 2017 Luisa Ortega Díaz, quien otrora negara los delitos cometidos por Maduro, acudió a la CPI en La Haya para pedir una orden de captura contra el dictador de Venezuela.
Ortega entregó al organismo internacional todas las denuncias contra el Estado venezolano relacionadas con ejecuciones extrajudiciales y violaciones a los derechos humanos.
