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La oposición venezolana continúa con las jornadas de protestas para lograr la destitución de los siete magistrados que perpetraron un autogolpe de Estado en ese país; para ello convocó a una marcha en la que se recolectarán firmas a favor de la remoción de los juristas.
Para remover a los magistrados la Asamblea Nacional necesitará del Poder Ciudadano; pero además existe la opción de destituirlos si una gran cantidad de venezolanos lo exige.
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Este jueves seis de abril se llevará a cabo una movilización llamada “Tranca contra el Golpe”; serán siete puntos de partida en la capital venezolana simbolizando cada uno a los magistrados golpistas.
Jueves #6Abril ¡Pa' las calles! Esta lucha no es solo por la AN, es por defensa de la democracia y la Constitución #TrancaContraElGolpe 🇻🇪 pic.twitter.com/KJvWjlzHmL
— Voluntad Popular (@VoluntadPopular) April 5, 2017
Con este acto, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) pretende crear un documento para que los ciudadanos puedan solicitar al Poder Moral Republicano que califique las faltas graves cometidas por los juristas en contra del Parlamento.
De acuerdo con las leyes venezolanas, cualquier persona, mediante el Poder Ciudadano puede, a través de una carta, solicitar al Poder Moral compuesto por la Fiscalía, la Contraloría y la Defensoría, que califique de tales faltas a los magistrados.
Para que esto proceda, se necesita que al menos dos de los tres organismos aprueben la moción de los venezolanos en la misiva.
Cabe destacar que la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, condenó como un acto inconstitucional las sentencias (155 y 156) del Tribunal Supremo que le arrebataron las funciones a la Asamblea y la inmunidad a los parlamentarios; por lo que podría ser una de las que apruebe la remoción de los magistrados.
Se puede remover a los juristas cuando faltan a la ética pública; cuando incurren en los supuesto de violación del Código de Ética del Juez Venezolano; cuando caen en error jurídico por ignorancia inexcusable de la Constitución y del Derecho; cuando lesionan los intereses de la nación; cuando menoscaban los principios fundamentales o cuando actúan por activismo político y parcialidad ante alguna esfera del poder.
También el Poder Público, de acuerdo al artículo 32 de la misma Ley, puede solicitar la calificación de falta grave.
Este es el proceso que inició el Parlamento, basándose —su mayoría opositora— en la experiencia en la que todas sus decisiones han sido anuladas, acudirán a la presión ciudadana para insistir en la destitución de los jueces del TSJ.
Fuente: El Estímulo
