No, el Tribunal Supremo de Justicia no ha revertido el autogolpe de Estado en Venezuela. Aunque anuló dos sentencias en las que flagrantemente violaba la Constitución de ese país, aún quedan 54 fallos que atentan contra la Asamblea Nacional despojándola igual de sus funciones.
Para el máximo Tribunal de Venezuela, (que inconstitucionalmente cuenta con la mayoría de sus magistrados chavistas) la Asamblea Nacional se mantiene en supuesto “desacato”.
Antes de las sentencias 155 y 156 sobre la inmunidad y el despojo de las competencias, ya el TSJ había anulado 54 veces a la Asamblea Nacional.
El abogado constitucionalista José Vicente Haro, fue claro en informar que para que exista una restitución plena de las competencias del Parlamento, es necesario que el TSJ anule todas sus decisiones anteriores.
“Nada ha cambiado, si hubiera respeto a la inmunidad se liberaría a los diputados Gilber Caro y Renzo Prieto y se le devolvería el pasaporte a Luis Florido. Si en realidad no se hubiera anulado al Parlamento entonces este podría legislar, podría citar a ministros y destituirlos si cree que incurrieron en faltas, podría aprobar créditos adicionales, pero nada de eso lo puede hacer y por ello sigue la ruptura del orden constitucional”.
Con Chávez:Autoritarismo; con Maduro:Dictadura. Nicolás Maduro+TSJ: Tiranía (Golpe de Estado comenzó el 30-12-2015 con Decisión "Amazonas").
— JOSE VICENTE HARO (@JOSEVICENTEHARO) March 31, 2017
El profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Central de Venezuela, José Ignacio Hernández, coincide con Haro: “Hoy la AN no puede legislar, no puede controlar, no puede designar rectores del Consejo Nacional Electoral ni revisar las designaciones de los magistrados del TSJ, tampoco puede aprobar contratos públicos, es decir sigue siendo un cascarón vacío”; señaló.
Aunque el régimen de Nicolás Maduro quiera hacer ver que lo ocurrido la pasada semana fue solo una “controversia” o impase, la verdad es que el Poder Judicial desde enero de 2016 ha fallado en contra del Parlamento venezolano, todas las decisiones allí tomadas han sido anuladas.
Tal es el caso de la destitución del mismo Maduro, fue una decisión de la mayoría de la AN, y hoy en día sigue gobernando el país suramericano.
Para Hernández lo ocurrido en las últimas horas es una demostración de la falta de independencia y de separación de los poderes públicos.
“Todos vimos cómo el TSJ y la Sala Constitucional siguen instrucciones del Gobierno, pero ahora lo vimos en televisión. Vimos en vivo y directo cómo el presidente Nicolás Maduro, en el Consejo de Defensa de la Nación que nada tenía que ver en este asunto, le daba órdenes al TSJ para que corrigiera sus decisiones y en cuestión de horas publicaron dos aclaratorias. Un tribunal independiente no aceptaría eso”.
Recuento
La primera sentencia del TSJ que atentó contra el Parlamento, se dio el 30 de diciembre de 2015 cuando suspendió las proclamaciones de Diputados del Estado Amazonas violando su inmunidad parlamentaria. Las elecciones en ese estado fueron impugnadas y todavía dos años después no hay diputados que representen a dicha entidad.
El 20 de enero de 2016, a través de una sentencia, el Poder Judicial ordenó a todos los Poderes públicos a cumplir con una Emergencia Económica declarada por Nicolás Maduro; situación que debió primero haber sido discutida en el seno del Parlamento.
El 11 de febrero de 1026, la Sala Constitucional del TSJ puso en vigencia el Decreto de Emergencia Económica; esto a pesar de su no aprobación en la AN.
Otro fallo que anula las funciones del Parlamento se dio el primero de marzo de 2016 cuando el TSJ decidió suprimir a la AN en sus facultades de control político. Con ese falló decidió que el Parlamento no puede interpelar ni investigar a funcionario públicos.
Y así con estas y otras sentencias, el TSJ solo ha trabajado para beneficiar al Poder Ejecutivo con sentencias que anulan por completo las decisiones de la Asamblea Nacional escogida por el pueblo.
Perfil chavista de los magistados
El autogolpe de Estado perpetrado en Venezuela por el Tribunal Supremo de Justicia y el régimen de Nicolás Maduro se ha dado con la aprobación de siete magistrados.
La Constitución venezolana en su artículo 263, y en la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (LOTSJ) en su artículo 37 establecen los requisitos que deben cumplir los magistrados para formar parte del TSJ; sin embargo de los siete, cuatro no cumplen los requisitos, sobre dos de ellos hay dudas y apenas uno, Arcadio de Jesús Delgado Rosales, tiene el perfil establecido para ese rol.
Los Poderes Públicos en Venezuela deben ser independientes, pero el poder Judicial no lo es, todos los magistrados firmantes del Golpe de Estado tienen relación con el chavismo y hasta han sido militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Hay exministros, exdiputados, candidatos derrotados y militantes chavistas.
A esto se suma que el nuevo presidente del Poder Judicial es nada más y nada menos que un expresidiario.
Se trata de Maikel José Moreno Pérez quien ingresó a las páginas judiciales en 1989 cuando fue declarado culpable por la muerte de Rubén Gil Márquez, mientras cumplía labores como oficial de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip).
Moreno solo estuvo un año en prisión luego de haberle sido concedido un beneficio procesal en 1990. Luego de tres meses, ingresó al Poder Judicial con el cargo de secretario de un juzgado en Caracas, teniendo en su historial universitario solo el primer semestre de derecho en la Universidad Santa María, recinto académico en el que se graduó en 1995.
Según investigaciones, Moreno también ha sido señalado por “forjar actas y documentos procesales”, hecho desestimado por la Sala Penal del máximo tribunal de país.
Además aparece en las actas procesales del asesinato de Danilo Anderson, específicamente en las entrevistas realizadas a los amigos del fiscal fallecido, que aseguraron haberlo visto “la misma noche del asesinato repartiéndose el dinero de una caja fuerte que tenía Anderson”.