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La Justicia de Estados Unidos dejó en libertad a dos empresarios venezolanos acusados de lavar dinero junto con funcionarios del gobierno de Venezuela; esto, luego de haber pagado una fianza de 250.000 dólares ante el tribunal del Distrito Sur de la Florida.
El juez del caso, Jonathan Goodman aprobó el documento de fianza luego de que al menos 25.000 dólares se soportaran en propiedades que uno de los acusados posee en el estado de Florida.
Se trata de Luis Díaz y Luis Javier Díaz, acusados por el gobierno de los Estados Unidos de lavar 100 millones de dólares a funcionarios del gobierno de Venezuela.
La información la dio a conocer la periodista Maibort Petit quien se encuentra en Estados Unidos y ha hecho seguimiento a este y otros casos sobre corrupción y narcotráfico de venezolanos en ese país.
El juez Goodman informó que deberán comparecer ante el tribunal cada vez que le sea requerido, en los tiempos y lugares que se le ordenen, de acuerdo con el términos y las condiciones de la obligación que establece la fianza.
Luis Díaz y su hijo, Luis Javier Díaz, fueron acusados en una denuncia penal presentada en la corte federal del Distrito Sur de Nueva York por “conspirar para cometer lavado de dinero y operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia”.
De acuerdo con las investigaciones los dos sujetos construyeron un esquema de transferencias de dinero fraudulenta e ilegal que les permitió lavar unos 100 millones de dólares.
Según la acusación, la empresa de la familia Díaz, a partir de 2010, facilitó cientos de cientos de transferencias de fondos a los Estados Unidos en nombre de un gran consorcio, sin nombre, de empresas de construcción venezolanas.
Las empresas venezolanas transfirieron por lo menos 100 millones de dólares a la empresa familiar de los Díaz en ciudad Doral, que a su vez envió fondos a cuentas bancarias de todo el mundo en nombre de los empleados y asociados del consorcio venezolano.
A petición del consorcio, también transmitieron dinero a funcionarios del gobierno venezolano, entre ellos, uno que supervisó la adjudicación de ciertos contratos en los que las empresas venezolanas licitaron.
Fuente: Maibort Petit
