Una fracción de diputados opositores en Venezuela denunciaron que el régimen de Nicolás Maduro mantiene la información pública en un estilo de “caja negra”, con la cual se desconoce por completo y de manera oficial cuál es la real situación económica del país suramericano.
Aunque los artículos 141 y el 331 de la Constitución establecen el principio de la transparencia en la gestión pública, los regímenes de Hugo Chávez y Nicolás Maduro decidieron obviar dicha obligación por lo que desde hace más de once años se ha venido incumpliendo con la normativa.
Son tres instituciones públicas las que han decidido censurar información tan valiosa: el Banco Central de Venezuela, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y el Ministerio de Finanzas.
En el caso del INE destaca su renuencia a publicar de forma periódica y con una metodología coherente las cifras de pobreza en sus diversas versiones.
Señala el documento que el Ministerio de Finanzas, ha obviado la publicación de un indicador clave: la gestión fiscal. Todo ello obedece a una política por parte del Gobierno Nacional para que no se conozca la realidad económica y social de Venezuela.
El indicador de la industria manufacturera tiene 11 años sin conocerse; las únicas variables actualizadas de la lista es la deuda interna y externa que tiene estimaciones hasta finales de 2016.
En Venezuela la situación económica se conoce por estimaciones de entes especializados que se han dado a la tarea de denunciar que el país suramericano tiene la mayor inflación del mundo, los sueldos más bajos de la Región y una elevada escasez de productos y alimentos básicos que supera el 80%.
En el análisis de los diputados se puede observar que los Indicadores Básicos de la Salud, que deberían ser publicados de forma anual tienen 4 años sin conocerse. Lo mismo sucede con las estadísticas fiscales del Sector Público Restringido.
Los indicadores del comercio, de producción manufacturera y de la pobreza por estado tienen tres años sin publicarse, por lo que oficialmente no hay modo de confirmar cuál es la situación actual en cada uno de esas variables.
El ínidice de escasez también tiene dos años sin conocerse cuando debería hacerse de manera mensual, sobretodo en un país en el que el desabastecimiento en los anaqueles es tan notable que pasó a ser parte de la cotidianidad, y por lo que desde hace años los venezolanos se han visto obligados a hacer filas en los comercios para poder adquirir alimentos.
Consecuencias
De acuerdo con los diputados opositores, como resultado de la falta de cifras oficiales, han proliferado un conjunto de estimaciones privadas que vienen a llenar el vacío generado por los entes del Estado encargados de recopilar y publicar las estadísticas económicas y sociales.
En el caso particular de la no publicación de los indicadores de inflación hay grandes secuelas que se derivan de que el país no tenga acceso a una medida confiable de la variación de los precios.
Se fomenta la utilización de mecanismos alternativos (como el portal web DolarToday) para la actualización de los precios de los bienes muebles e inmuebles.
Por ejemplo, este es el caso del mercado de la construcción que desde hace bastante tiempo rige sus precios por la cotización del dólar en el mercado negro.
Las personas no tienen ninguna forma de actualizar confiablemente deudas, alquileres, contratos laborales y otros contratos legales; efecto de esto, es que la población tiene que aproximar los cálculos según el dólar paralelo u otros indicadores.
Se dificulta aún más el proceso de producción nacional porque las empresas (públicas y privadas) no pueden estimar correctamente presupuestos e inversiones.