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En Venezuela queda una opción constitucional para salir con anticipación del régimen de Nicolás Maduro; para ello inició una recolección de firmas que activaría una Constituyente originaria.
La magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ), Blanca Rosa Mármol de León, anunció el inicio de la recolección de tres millones de rúbricas correspondientes al 15 % del registro electoral pues la Constituyente originaria está contemplada en la Constitución.
Mármol asegura que con una Constituyente no tendrían que participar ni el Consejo Nacional Electoral (CNE) ni el TSJ.
Las condiciones actuales del país hacen dudar sobre el respeto del actual Gobierno al proceso de activación de una constituyente originaria, sin embargo, la magistrada confía en la voluntad de la nación.
«Ante la fuerza, el número. Con tres millones de firmas ya tenemos activada la convocatoria. Tocará a las Fuerzas Armadas decidir, tomar partido, a quién van a apoyar», señaló.
Con la convocatoria a la constituyente originaria, la magistrada está respaldando el procedimiento que lleva a cabo Enrique Colmenares Finol, exministro del Ambiente, junto a varias organizaciones políticas y de la sociedad civil, agrupados en lo que denominan la Alianza Nacional Constituyente, integrada por Copei, Somos Ciudadanos, Nueva Visión para el País (Nuvipa), Fundación Propuesta País, Líderes Libres, entre otros.
Mármol de León, y el abogado constitucionalista José Vicente Haro, ya habían insistido que el referendo revocatorio era una opción casi “imposible” pues depende de los lapsos y condiciones impuestos por el CNE, órgano electoral que se ha mostrado a favor del régimen chavista.
Una Asamblea Constituyente está dentro del marco constitucional y está amparada en la actual Carta Magna respaldada en los artículos 347, 348 y 349.
Artículo 347. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución.
La misma puede ser convocada por el 15 % de los electores inscritos en el registro civil y electoral; con esto, el TSJ no podría anular ninguna decisión tomada por el pueblo pues la solicitud se haría desde el poder popular y no desde el Parlamento.
El artículo 349 establece que el presidente de la República no podrá objetar la nueva Constitución, y los Poderes de Estado tampoco podrán impedir las nuevas decisiones.
“Una vez que tengamos recogidas esas firmas las autenticamos nacional e internacionalmente para que que dé constancia de que están debidamente recogidas, escogemos a los constituyentistas y en un lapso de cuatro a seis meses se busca reformar la Constitución”, explicó.
Aunque la reforma no sea inmediata propone luces para terminar con el mandato chavista antes que terminen su periodo en el 2019.
Las luces se darían porque con la Constituyente se reformaría el Estado y la Constitución, “Un cambio de todas las cabezas de los poderes públicos y hacer una refundación del Estado».
Especialistas recomiendan que en esa modificación de la Constitución, se redacten reformas que busquen acabar con la reeleción indefinida, restablecer el Senado como filtro y control de la AN, establecer la doble vuelta electoral y acortar el período presidencial.
Aseguran que es necesario que dentro de las primeras medidas se tome un Gobierno de transición, refundar el Estado y cambiarlo todo.
Fuente: Diario Las Américas
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