Con una sentencia el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) declaró la nulidad de todas las acciones y decisiones que ha tomado y tomará la Asamblea Nacional de mayoría opositora.
Aunque ya se ha vuelto costumbre que el TSJ anule cada una de las medidas asumidas por el Parlamento, en esta oportunidad decretó la completa omisión del Poder Legislativo, por lo que a partir de ahora el país suramericano quedaría “huérfano” de su Parlamento.
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En un comunicado el TSJ explica que por estar la Asamblea Nacional (AN) en desacato desde septiembre pasado y mantenerse así el pasado 5 de enero, cuando inició el período legislativo de 2017 y se juramentó a una nueva directiva, las actuaciones parlamentarias desde entonces “también son nulas”.
“En vista de la imposibilidad para realizar actos válidos, se configura la omisión inconstitucional de la Asamblea Nacional”, señala el Supremo y, en razón de ello, indica que el presidente, Nicolás Maduro, debe entregar su memoria y cuenta anual ante el TSJ y no ante el Parlamento, como lo establece la Constitución.
Además el Supremo declaró la nulidad de la sesión legislativa del 9 de enero, cuando la mayoría opositora declaró el abandono del cargo de Maduro y pidió elecciones presidenciales anticipadas en el país caribeño.
Para retomar el hilo constitucional, señala el comunicado, la Sala Constitucional ordenó a los diputados que conformaron la junta directiva anterior —Henry Ramos Allup, Enrique Márquez y Simón Calzadilla— cesar el desacato al Poder Judicial para que la nueva directiva sea legítima y los actos de la AN tengan validez.
Por su parte, la oposición venezolana representada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y sus diputados, respondió que con dicha sentencia el TSJ estaría desconociendo la voluntad y el voto de 14 millones de venezolanos.
Ante la sentencia emitida en la noche de este miércoles 11 de enero por el Tribunal Supremo de Justicia, en la que nuevamente ese organismo desconoce a la Soberanía Popular expresada en los 14 millones de votos que eligieron a los 167 diputados que integran al Parlamento venezolano, la Mesa de la Unidad Democrática reitera que ningún grupo de burócratas o funcionarios está por encima del pueblo ni por encima de la Constitución; que el dictamen popular emitido el 6 de diciembre de 2015 fue claro, amplio e inapelable; y que quien tiene que ponerse a derecho acatando la voz del pueblo es el régimen que dejó de ser mayoría y que hoy pretende usar a las instituciones como barricada para frenar el deseo de cambio del pueblo venezolano.
Esta alianza democrática respaldará clara y firmemente, en el Parlamento y en calle, las decisiones y acciones que frente a esta sentencia írrita sean adoptadas por el Parlamento venezolano.
Fuentes: Sumarium; Efecto Cocuyo